Un artículo aprobado en la Ley de infraestructura que pasó en el Congreso, motivó al Contralor general, Edgardo Maya, a enviar una carta al presidente Juan Manuel Santos, para que solicite a los parlamentarios omitirla en la conciliación o, en su defecto, la objete a la hora de sancionar dicha ley.
Se trata de la medida que buscaba precisamente llenar un vacío jurídico que se detectó tras el destape del escándalo de Odebrecht, pues el país no tenía una regla que mostrara el camino a seguir, para continuar una obra en caso de anulación de un contrato por un ilícito cometido por el concesionario.
Según lo establecido por el contralor, el remedio sería peor que la enfermedad, pues dicho artículo resulta inconveniente, toda vez que dejaría abierta la puerta para hacer toda clase de reconocimientos al contratista, "aún en caso de nulidad por objeto ilícito", dice la carta.
De acuerdo con la alerta de la Contraloría, de no tumbarse esta medida, se prestaría para "el reconocimiento de coimas y pagos indebidos en contratos de Asociación Público Privada y de concesión de infraestructura de transporte celebrados antes de la vigencia de la Ley 1508 de 2012".
Según la Contraloría, con el inconveniente artículo el mismo Estado tendría que responder por ilícitos.
Por este motivo, y tras haber puesto en conocimiento del Congreso la situación, sin haber sido oído, el contralor acudió al Presidente, luego de lo cual, hace un llamado a los congresistas que harán la conciliación de la ley, para que corrijan la situación. Si no hay una respuesta positiva a la solicitud de excluir dicho artículo, el organismo "estudiará la posibilidad de interponer la acción de constitucionalidad ante la Corte Constitucional".
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