Tras la capitalización de Coltel (Colombia Telecomunicaciones) o antigua Telecom, que hoy es una sociedad con participación privada mayoritaria (67,5 %) por parte de Telefónica, y el restante porcentaje (32,5 %) en manos del Gobierno, un camino muy probable es la venta de las acciones estatales en la empresa, que recientemente pagó 1,2 billones de pesos por un fallo que también afectó al competidor Claro.
Incluso, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya tiene claro que el Gobierno venderá las 472.832.991 acciones que corresponde a su porcentaje en la sociedad, lo que vuelve clave el informe de auditoría financiera que la Contraloría general concluyó.
Aunque el organismo de control evaluó la situación de la compañía durante el 2016, previo a la capitalización, en cuyas conclusiones emite concepto desfavorable a la rentabilidad de la empresa, el 2017 no deja de preocupar a la Contraloría.
De hecho, para este martes está previsto un debate de control político en la comisión sexta del Senado, en el que seguramente se abordará el panorama financiero develado por la Contraloría.
Según la Contraloría, la compañía recurre constantemente a créditos en moneda nacional y extranjera para apalancar financieramente su operación. Es más, la empresa estaba en causal de disolución por su patrimonio negativo, pero cabe destacar que, el argumento de Telefónica es que, una vez efectuada la capitalización, este panorama mejore.
"El riesgo que plantea el informe de auditoría, desaparece con la capitalización, pero está sujeto a que haya resultados financieros muy superiores a los que ha tenido Coltel", indicó la Contraloría.
En el documento, el organismo de control destaca que la compañía se endeudaba con frecuencia (a diciembre registraba obligaciones por $ 3,9 billones), en especial para cubrir gastos no operacionales.
Pero la Contraloría argumenta que, si bien "el pasivo de Coltel tenía un amplio porcentaje del Parapat, también tenía que ver con el hecho de que sus costos y gastos terminaban siendo superiores a los ingresos". Es más, sobre la ejecución presupuestal realizada en el 2016, el ente de vigilancia emitió un concepto 'con salvedades', teniendo en cuenta que "ejecutaron gastos por valor mayor a lo presupuestado, como en el caso de los gastos de personal (102 %)".
Al respecto, la Contraloría recomienda que "la gerencia tiene que entrar a ser más eficiente y racional", de lo contrario, a pesar de contar con indicadores financieros operacionales positivos, incluso de los superiores del sector, los costos no operacionales podrían seguir absorbiendo las utilidades de la compañía.
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