Luego de la negativa este domingo de los habitantes de Cumaral (Meta), tras la consulta popular en la cual les preguntaban si estaban de acuerdo con las actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos en su territorio, varias son las zonas del país donde las empresas de estos sectores permanecen en vilo.
Hay 44 municipios del país, donde la continuidad de los proyectos se definiría a través de las urnas, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional sentenció que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería.
Así lo hizo Cumaral, donde 7.475 votantes dijeron no a la exploración, mientras que el sí solo tuvo 183 votos.
De los municipios que tienen intención de realizar consultas populares, 25 buscan avalar proyectos mineros; 16, proyectos petroleros, y tres, de generación de energía.
Las consultas populares que estarían más próximas serían las de Pijao (Quindío), El Paujil (Caquetá) y Marmato (Caldas). En estas tres poblaciones ya hay un proceso de recolección de firmas, lo que indica que la situación sería similar a la ocurrida en febrero pasado en el municipio de Cabrera (Cundinamarca), donde estaba en camino un proyecto para crear ocho minicentrales sobre 50 kilómetros del río Sumapaz, que pretendía adelantar Emgesa.
A esa negativa en Cundinamarca se sumó la de los habitantes de Cajamarca (Tolima), donde la población dijo no al proyecto minero de La Colosa.
El veto a la minería por parte de los entes territoriales es una medida que ha despertado una fuerte controversia.
El primer preocupado ha sido el Ministerio de Minas. Germán Arce, ministro de esa cartera, quien ha alegado que es la Nación y no las regiones el responsable del manejo de los recursos naturales del subsuelo. En consecuencia, una consulta no tendría la capacidad de cambiar la ley.
A su vez, la Procuraduría General, en el pasado, también había expresado su preocupación, sobre todo porque las consultas populares amenazan con generalizarse.
El alegato de los inversionistas en este tipo de proyectos, por la inestabilidad jurídica que reina en el país, llevó al Gobierno a comprometerse con una reglamentación de las consultas previas, para evitar que frenen los proyectos minero-energéticos.
Por lo tanto, está en camino un proyecto de ley que tramitará el Ministerio del Interior, cuyo paso por el Congreso no será fácil, toda vez que hay opiniones diversas.
Algunas aplauden la idea de que el pueblo tenga voz y voto en el tema, mientras que hay seguidores de la decisión de la Corte, puesto que la ven como una herramienta para la protección medioambiental. No obstante, el tema grueso, que requiere que la reglamentación jurídica sea rápida, es el efecto sobre los ingresos fiscales del país, que, de parte de este sector de la economía, han sido locomotora del desarrollo del país.
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