Lío en un conjunto residencial por el uso de los parqueaderos

Lío en un conjunto residencial por el uso de los parqueaderos

La administración debe respetar lo que dicta la Ley 675 y garantizar el uso de estos espacios.

Parqueaderos

La Ley 675 traza pautas sobre el uso de los estacionamientos en las copropiedades.

Foto:

IStock

Por: Nora Pabón Gómez - Especial para EL TIEMPO
01 de marzo 2019 , 08:25 p.m.

Los propietarios de un edificio plantean una situación que ha ocasionado conflictos en una unidad residencial.

Se trata de un parqueadero privado doble que fue dividido y transferido a personas diferentes. Una lo está usando y la otra no, al parecer, por fallecimiento o enfermedad. En una asamblea reciente, y por iniciativa del administrador, se decidió que el espacio libre se arrendaría por la administración a diferentes personas. Esto ha molestado al otro propietario, quien debe soportar no solo la servidumbre sino toda clase de atropellos, ya que se dejó para visitantes.

Se trata de un parqueadero doble y no de dos privados, o sea que habría una copropiedad

Respuesta. En la situación planteada, los órganos de administración se están extralimitando en sus funciones incumpliendo la ley y el reglamento, y violando los derechos de los afectados.

De hecho, es un precedente muy grave, pues la administración ni siquiera con la aprobación de la asamblea puede tomar decisiones sobre bienes privados, simplemente porque estén desocupados; las funciones de la asamblea están determinadas por la ley y el reglamento y se refiere a los bienes comunes.

Este caso debe ser analizado con más detenimiento, pues se trata de un parqueadero doble y no de dos privados, o sea que habría una copropiedad.

De tal manera que, considerando que la asamblea fue reciente, los propietarios aún están a tiempo para impugnar la decisión. Esto, sin perjuicio de que se pueda evaluar el caso para evitar problemas a la copropiedad como consecuencia de las acciones que puede tomar el afectado. La cuestión es que la asamblea no ordenó, sino que dejó la facultad al administrador de que arrendara el espacio privado, lo cual sería totalmente ilegal y arbitrario.

El afectado puede acudir a los mecanismos de solución de conflictos e instaurar una acción policiva por perturbación al uso y goce de su espacio.

NORA PABÓN
Abogada, asesora externa

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