Comienzan tareas para defender el Sisbén de las trampas

El Conpes que se aprobó para dar vía libre a una inversión millonaria de recursos públicos, con la meta de reducir las irregularidades que cometen los avivatos con el Sisbén, ya empieza a caminar.

Tras el hallazgo progresivo de colados en este sistema, cuyo objetivo es identificar personas con ingresos bajos que sean potenciales candidatas a recibir ayuda del Estado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) reforzó la tarea de avanzar en el cronograma, depurar el Sisbén y aplicar una metodología para que estén los que son.

La inversión para la recolección de información –que va del 2017 al 2019– suma 134.000 millones de pesos. Así, la construcción del Sisbén IV se hará a través de una nueva forma de elección de los beneficiarios, con el fin de corregir los vacíos del Sisbén III (vigente), en cuya base de datos, a septiembre pasado, había 35’800.785 personas registradas; sin embargo, está desactualizada y presenta inconsistencias.

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Por ejemplo, según el Conpes aprobado para rehacer este listado, “en la actualidad no se considera el ingreso del hogar. Se identifican potenciales beneficiarios de programas desde un solo enfoque, el de estándar de vida”.

Para que un ciudadano sea ingresado a la lista que lo identifica como pobre, debe obtener un puntaje de 0 a 100. No obstante, como el listado es abultado, a menor puntaje más posibilidad, lo que lleva a forzar circunstancias para bajarlo.

Es así como, según el Conpes aprobado, “el Sisbén exhibe un crecimiento del porcentaje de potenciales beneficiarios de programas sociales con puntajes entre 0 y 50. En el 2015 fue 78 por ciento del total”.

Hay que destacar que con este ya son seis los documentos Conpes (desde 1997) aprobados con la misma intención: focalizar el gasto público social y elegir con equidad a beneficiarios de los 20 principales programas que promueve el Estado, y que se llevan el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según explica un informe de Anif.

La destinación no estaría mal en un país en el que el 82 por ciento de los ciudadanos gana menos de dos salarios mínimos. Solo que –anota Anif– 2,5 por ciento de ese 10 por ciento que se destina al gasto público social “es para cubrir subsidios que llegan al quintil más rico de la población”.

De ahí la importancia del nuevo Sisbén, para el cual, según Luis Fernando Mejía, subdirector de Planeación, ya se adelantó un piloto en 24 municipios, que avaló la metodología para iniciar el levantamiento de la información a partir de un formulario electrónico.

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Así, se determinó que en municipios pequeños y medianos se trabajará con información censal, es decir, un barrido total, mientras que en ciudades grandes y distritos se contactará solo a personas de menos ingresos, partiendo de la base de datos de sus autoridades.

Además, para adelantar la nueva identificación de los beneficiarios, se estableció un primer cronograma. Según Mejía, “inicialmente vamos a 232 municipios, labor que se interrumpirá en el 2018 por las elecciones. Se retomará en agosto del mismo año con 358 municipios y cerramos en el 2019 con 512 municipios”. Paralelamente, hay una campaña explicativa.

Como el nuevo Sisbén incluye estrategias para reducir las trampas, también se están socializando las sanciones. Otra de las tareas que se adelantan, en la antesala de la recolección, es la sensibilización a la comunidad para que denuncie irregularidades.

Asimismo, hay acercamiento a las instituciones públicas que manejan base de datos de ciudadanos. La idea es ampliar el radio de cruces de información a 24 entidades, pues solo se contaba con las estadísticas de la Registraduría y de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP).

No obstante, solo con esos dos cruces se hallaron inconsistencias, ya conocidas por los colombianos: 62 anomalías que incluyen 384.000 colados, de los cuales 161.594 son fallecidos; 135.756 con ingresos suficientemente altos para no necesitar un subsidio; 62.529 beneficiarios que cambiaron su vivienda por una mejor y siguen apareciendo como vulnerables. En contraste, hay 3,7 millones de colombianos que sí requieren que les tiendan la mano y no logran ingresar al Sisbén.

“La información del Ministerio de Educación es una de las que hay que usar para cruzar datos de forma inmediata, ya que muchas de las personas que presentan inconsistencias, es porque desaparecen el nivel educativo para ocultar su capacidad de conseguir empleo, en comparación con los que no tienen escolaridad”, dijo Mejía.

El punto neurálgico del abultado gasto público social, estimado en 71 billones de pesos entre el 2010 y el 2015, es que el Sisbén no permite identificar con celeridad y de forma equitativa la población para programas sociales. Así, los colombianos siguen aportando impuestos a fin de destinar grandes sumas de dinero para reducir pobreza y desigualdad, pero esta última no baja (0,52 es el coeficiente de Gini).

Por eso, el Conpes sugiere que “se requiere un índice para identificar a la población que está tanto en pobreza monetaria (exclusión productiva) como en pobreza multidimensional (exclusión social) y que –a su vez– minimice posibles errores de inclusión y exclusión”.

Óscar Rodríguez, del grupo de investigación social del CID de la Universidad Nacional, estima que el sexto Conpes no corrige vacíos de la política de focalización en Colombia. “Solo genera un espacio para el empoderamiento de la tecnocracia. Deciden, desde un escritorio o en trabajo de campo, quién merece y quién no la política social”.

Y agrega que el Sisbén “es un sistema perverso y discriminatorio, que conduce a que el ciudadano se vuelva avivato para que pueda ser declarado ‘minusválido social’”. Las depuraciones funcionan los dos primeros años, mientras la gente conoce la encuesta y manipula su realidad.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios