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Presupuesto del 2022 fue aprobado en primer debate en el Congreso
Congreso de la República

Congreso de la República de Colombia.

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César Melgarejo / ELTIEMPO

Presupuesto del 2022 fue aprobado en primer debate en el Congreso

Congreso de la República de Colombia.

Comisiones económicas de Senado y Cámara dieron visto bueno a la distribución de recursos.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, por 350,4 billones de pesos, pasó su primer examen en el Congreso de la República, luego de que las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto.

Según lo aprobado hasta el momento, del valor total se destinarán 72,8 billones para atender el servicio de la deuda, mientras que los recursos de inversión que fueron avalados en este primer debate suman 68,2 billones de pesos, cifras que tiene un aumento representativo, para impulsar la recuperación y terminar de ayudar a la población más afectada por la pandemia, toda vez que hace un año el monto aprobado fue de 58 billones pesos para 2021.

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Entre tanto, los gastos de funcionamiento demandarán recursos del orden de 209,4 billones de pesos.

Además de la aprobación de las partidas para cada sector, de los cuales los mayores recursos irán para el sector de educación (49,4 billones de pesos) y para el de defensa, que tendrá apropiaciones por 41,9 billones de pesos, el Congreso dio vía libre a la propuesta que permite el traslado de unos 19.000 afiliados de los fondos privados a Colpensiones (régimen de prima media), siempre y cuando hayan cotizado en este esquema al menos 750 semanas.

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Esta medida aplicará para las personas que les falten 10 años o menos para alcanzar la edad de jubilación, es decir 52 años para los hombres y 47 para las mujeres.

También fue aprobado el polémico artículo que elimina un inciso de la Ley de Garantías, permitiéndoles a los departamentos, municipios y gerentes y directores de entidades descentralizadas, entre otros celebrar convenios interadministrativos con recursos públicos hasta cuatro meses antes de las elecciones, medida que el Gobierno justificó como necesaria para darle un impulso a la reactivación económica que requiere la mayoría de regiones.

Según lo aprobado, este ajuste no cambia la limitación para la contratación directa, la cual se mantiene como está en dicha Ley de Garantías. 

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