Con el compromiso claro del Gobierno y las bancadas afines al Ejecutivo que lo votaron, en el sentido de que el próximo año no podrá quedarse un peso sin ejecutar de los casi 314 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (PGN) de la vigencia 2021, ya que se trata del año de la reactivación (aún en medio de las incertidumbres por los posibles rebrotes de covid-19), el Congreso aprobó el proyecto de ley, que quedó para sanción del presidente Duque, debido a que no hubo conciliación de textos, según explicó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.
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En líneas generales, y pese a las decenas de peticiones no avaladas por el Gobierno, tanto en Senado como en Cámara (hubo 68 proposiciones en esta última), que buscaban cambiar las asignaciones específicas para diversos sectores, consignadas en el artículo segundo del proyecto, la gran mayoría de sectores tuvo aumentos importantes frente al presupuesto que se aprobó para el 2020, básicamente por el aumento de 31,7 por ciento que se dio en inversión, que llegará a 58,5 billones de pesos.
De hecho, frente al 2020 solo tres sectores tendrán menos asignación presupuestal: trabajo (los recursos del adulto mayor los va a ejecutar Prosperidad Social), presidencia de la república y el empleo público.
Esto fue posible, según el informe de la ponencia que fue votada el lunes, debido a que frente al proyecto inicial se dio una reducción de 3,3 billones en el servicio de la deuda que se contempló inicialmente, y que aportó al aumento de 5,6 billones que se dio en la inversión con respecto al proyecto original.
Durante el debate, varios parlamentarios señalaron que frente a diversos programas por ejecutar, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedó con un desfinanciamiento de 30.000 millones de pesos, pero finalmente el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue claro al señalar que no había un sesgo contra la entidad, sino que esta, al igual que muchos sectores que pedían más recursos, está regida por la estrechez fiscal, que no permite ampliar las asignaciones.
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De hecho, según el proyecto aprobado, la JEP recibió una asignación de 330.748 millones de pesos, un 4,4 por ciento más que en 2020, porcentaje al que descontándole la inflación al final de año daría un valor levemente superior al de este año.
Según explicó el ministro Alberto Carrasquilla a los ponentes, en los gastos de funcionamiento, por 184,9 billones, hay un grupo significativo de inflexibilidades y mandatos constitucionales que no se pueden eludir, bajo la forma de transferencias a las regiones y que deben incluirse cada año, lo cual reduce la discrecionalidad del Gobierno para gestionar el gasto.
En efecto, de esta suma, la mayor parte la ocupan transferencias de ley, que crecen un 13,1 por ciento y llegará a 137,2 billones en 2021, en las cuales la salud, educación, agua potable y otras de propósito general suman 47,7 billones; las pensiones, otros 42,4 billones, y el aseguramiento en salud, casi 22 billones de pesos.
Descontando el valor para el pago de deuda, que al llegar a 70,5 billones subirá 16,9 billones frente al destinado para el año en curso, los 10 sectores con las mayores asignaciones, incluyendo gastos de funcionamiento e inversión tendrán para ejecutar 213,6 billones de pesos. En estos 10 renglones se concentrarán 48,5 billones de pesos de los 58,6 billones de pesos para la inversión pública.
De acuerdo con los datos históricos mostrados ayer por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, los 58,5 billones de pesos de la inversión de 2021 implicarán un aumento anual del 35,7 por ciento, lo que no solo hace que sea el mayor monto histórico, sino que la variación anual será la más alta de los últimos 18 años.
Esos 10 sectores son educación, defensa y policía, salud, trabajo, hacienda, inclusión social y reconciliación, transporte, minas y energía, vivienda y la rama judicial, siendo hacienda el que más incrementará su partida anual (62,7 por ciento a 19,9 billones de pesos, de los cuales 4,69 billones se destinarán a inversión).
Según explicó el viceministro Londoño, el aumento en el sector hacienda corresponde a los recursos que destinará el Gobierno para apalancar los recursos para los sistemas de transporte masivo y para el metro de Bogotá.
La senadora María del Rosario Guerra, una de las coordinadoras ponentes, destacó que los recursos serán para continuar programas sociales existentes e impulsar nuevas iniciativas, como Ingreso Solidario, y aportar al programa de concluir obras.
En el presupuesto de inversión, $ 4,8 billones hacen parte del plan de reactivación tras el covid-19, en el cual en el cual se agregaron en la ponencia para segundo debate 226.000 millones de pesos para subsidios a la tasa de interés de vivienda no VIS, agua y saneamiento básico por 612.000 millones de pesos, obras para la prosperidad por 276.000 millones de pesos, recursos de contingencia para repartir entre sectores por 1 billón de pesos y 2,4 billones para el sector transporte.
“De estos últimos 1,1 billones son para el plan de concluir obras, 0,6 billones en vías para la legalidad y 0,7 billones para vías terciarias, Colombia fluvial y vías verdes”, agregó la parlamentaria.
Y, según datos del Gobierno, el gasto de inversión social, que toma en cuenta los componentes de educación, trabajo, inclusión social, salud y vivienda, llegará a 26,5 billones en 2021, siendo el más alto desde 2002, y con un aumento de 18 por ciento frente a 2020.
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