La baja en la calificación por Standard & Poor’s de BBB a BBB- se explica porque –aunque el país puede endeudarse más– está sujeto a condiciones económicas adversas expresadas en “crecimiento débil”; “bajo desempeño de la reforma tributaria”; “dependencia de ingresos extraordinarios para las metas fiscales” y subordinación de “los precios de las materias primas”.
Los instrumentos propios de la política económica vigente se agotaron: la tasa de cambio se ajustó; el margen para otra reforma tributaria similar es nulo y la baja en la tasas de interés paró en 4,75 por ciento. Ante la encrucijada se defienden los capitales de portafolio; se aboga por ‘fracking’ o minería a toda costa o por hallazgos milagrosos y los más ortodoxos demandan salario mínimo diferencial o reforma pensional suprimiendo el régimen de prima media.
Esa realidad tiene otra cara: el ingreso por habitante desde 2015 crece por debajo de 2 por ciento y el consumo de los hogares, que subió en el tercer trimestre del 2014 el 5,1 por ciento, en 2017 en igual periodo apenas alzó 1,8 por ciento. En las Cuentas Económicas Integradas, los salarios, como porción del ingreso disponible, son el 33 por ciento en tanto en la Ocde son el 51 por ciento.
Una mirada sobre ventas de artículos refuerza esos datos: luego de los combustibles, la cerveza es el bien más consumido; el índice de arroz por cabeza es de 28 kilos mientras el promedio mundial es 54 y cada consumidor compra anualmente nueve prendas a precios inferiores a 20.000 pesos cada una. ¿Es posible mayor precariedad? ¿Cómo romper el estancamiento?
¿Por qué no un plan de choque con programas de empleo público en condiciones dignas, acorde con tasas regionales de desocupación y en labores simples que alcancen parte de los dos millones de desocupados sin salida en el mercado laboral?
Se sabe que la reducción de la brecha salarial entre trabajo calificado y no calificado es factor de equidad como se sustenta en ‘La disminución de la desigualdad en América Latina’ (López-Calva et. al., 2011). Un modelo econométrico (Espitia, agosto 2017) demuestra que “un aumento de la participación de la remuneración salarial en el PIB –que podría darse por dicho programa– impacta positivamente el crecimiento de la economía”, en especial agro y manufactura.
¿Por qué no un plan de choque con programas de empleo público en condiciones dignas y en labores simples que alcancen parte de los dos millones de desocupados sin salida en el mercado laboral?
Si se pregunta de dónde salen los recursos, puede haber reformas progresivas para conseguirlos. Por ejemplo, Villabona y Quimbay (‘Innovar Journal’, julio 2017) concluyen, con base en información de la Dian, que la tasa efectiva de renta de los sectores económicos es del 17,3 por ciento, soportada en beneficios tributarios con un costo fiscal (2000-2015) de 122 billones de pesos, el 22 por ciento para la minería y el 33 por ciento para los sectores financiero y bancario. ¿Es hora de redistribuir para dinamizar el mercado interno incentivando la demanda efectiva? ¿Por qué no un New Deal ajustado?
También ayudan cálculos de Álvaro Moreno (septiembre de 2017), que estiman el costo de un programa estatal de empleador de último recurso para 400.000 personas el primer año en 0,38 por ciento del PIB y para más de un millón en tres años en 1 por ciento del PIB.
Los efectos multiplicadores serían iguales y la tasa de desempleo caería debajo del 5 por ciento. No es lo único por hacer, pero ¿Habrá un Roosevelt en el 2018 que se atreva?
AURELIO SUÁREZ MONTOYA
Economista
