Las autoridades colombianas iniciaron una ofensiva diplomática para tratar de tranquilizar a las empresas españolas que operan en el país y evitar una fuga de inversiones, tras la reciente intervención y orden de liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural.
Tanto en Colombia como en España, las máximas autoridades se han reunido o contactado con los máximos directivos de multinacionales españolas para convencerlos de que existe seguridad jurídica y de que la intervención de la eléctrica es una excepción y tiene causas justificadas, informaron fuentes diplomáticas.
El primer mensaje que se quiere trasladar desde el gobierno de Juan Manuel Santos es que la intervención de Electricaribe no es una “expropiación” y que el Gobierno colombiano “no está buscando ni está facultado” para quedarse con la empresa, “y siempre protegerá la inversión privada”. Más de 400 empresas españolas están presentes en Colombia, entre ellas Telefónica, Sacyr, Repsol, Mapfre o Aena.
La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia ordenó este martes la liquidación de la distribuidora y comercializadora Electricaribe, que en un 85,38 por ciento es de Gas Natural Fenosa. El 14,6 por ciento restante es del Estado. La orden llega luego de que la compañía permaneció intervenida por el Gobierno desde el pasado 15 de noviembre.
La empresa sufría un déficit de caja que le impedía invertir, provocado por el impago de 1.260 millones de euros (3,9 billones de pesos) en facturas y por un elevado volumen de fraude en el consumo, según la explicación de Gas Natural.
“El caso de Electricaribe no tiene nada que ver con otras intervenciones como la de YPF en Argentina. Hemos aplicado la ley de insolvencia económica para que diez millones de ciudadanos tengan un suministro de electricidad adecuado, y resolver el problema crónico de mal servicio que sufren con frecuentes cortes y mala calidad”, señalaron las fuentes diplomáticas.
Se ha programado una agenda de encuentros con los máximos directivos de las grandes firmas españolas con presencia en el país. El embajador de Colombia en España, Alberto Furmanski, telefoneó a Antonio Brufau, presidente de Repsol, dueño de un 20 por ciento de Gas Natural, y con fuertes inversiones en Colombia. El diplomático trató de explicarle la situación y que no hay ningún riesgo de inseguridad jurídica, como había señalado Brufau en declaraciones a la cadena Cope este jueves.
La explicación oficial que está dando el Gobierno colombiano de su decisión en estos encuentros es que el problema “ha sido la insuficiencia de las inversiones requeridas para contrarrestar el deterioro de la red eléctrica”, lo que suponía una pérdida del 20 por ciento del suministro.
Aunque reconoce que existe un problema de impagos, tanto de organismos públicos como de clientes particulares, los minimiza en comparación con las cifras que ofrece Gas Natural. Así, frente a los 355 millones de euros (1,1 billones de pesos) que reclama a las alcaldías y otros organismos oficiales, Colombia calcula en 50 millones de euros (157.000 millones de pesos) la deuda de las instituciones.
Colombia estima que la deuda total que arrastra Electricaribe asciende a 1.300 millones de euros (4 billones de pesos), de los que 550 millones (1,7 billones de pesos) serían deuda financiera. Si bien las autoridades colombianas confían en que se llegue a un acuerdo antes de que se complete el proceso de liquidación, de no ser posible, se vendería la empresa y se entregaría al mejor postor.
Las exigencias de inversión y esa elevada deuda hacen muy difícil que se presenten candidatos privados para hacerse cargo de la eléctrica. Con lo que se obtenga de la venta se liquidará la deuda, primero la de los proveedores y después, la financiera. Solo si sobra algo, cobraría Gas Natural.
Gas Natural presentará una demanda de arbitraje internacional contra el Estado de Colombia ante el Ciadi por la liquidación de Electricaribe, en la que reclamará entre 800 y 1.000 millones de euros (2,5 y 3,1 billones de pesos).
RAMÓN MUÑOZ
Ediciones EL PAÍS, SL 2017
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