La Superintendencia de Servicios salió al quite, ante información de prensa, según las cuales, el gobierno asumiría una deuda pretoma de la intervenida Electricaribe.
Según la entidad, "el Estado colombiano nunca ha considerado asumir estas deudas que ascienden a US$ 800 millones. Estas deudas serían atendidas con el producto de la enajenación de los activos de Electricaribe, en el marco de su proceso de liquidación y en el orden de pagos previstos por la ley", dijo la Súper en un comunicado.
La agencia de noticias expresó en su informe que "la administración del presidente Iván Duque ha renovado su oferta antes de una subasta de los activos de Electricaribe, una companía de distribución de energía propiedad de la española Naturgy Energy Group (hace un año Gas Natural Fenosa), asumida por el gobierno en 2016.
Y que "la nueva compañía no tendrá ninguna deuda acumulada, dijo en una entrevista en Bogotá, y añadió que lo que han percibido de los inversionistas nacionales e internacionales los hace sentirse optimistas.", señaló Bloomberg.
La nueva empresa de servicios requerirá una inversión masiva -al menos US$ 3.000 millones en cinco años-, para garantizar el servicio a 2,5 millones de clientes a lo largo de la costa, incluida la ciudad industrial de Barranquilla.
El valor empresarial de Electricaribe es de alrededor de US$ 1.600 millones, según un informe de Credicorp Capital. El gobierno asumió las operaciones de la compañía en 2016 en medio de cortes de energía y crecientes deudas con los generadores de energía y el Estado.
Naturgy y el gobierno están atrapados en una disputa de arbitraje internacional en la que la compañía demanda alrededor de US$ 1.600 millones por lo que llama una expropiación.
El gobierno colombiano tiene una contra reclamación por US$500 millones, argumentando que Naturgy dejó de invertir en Electricaribe.
Avendaño asegura que el caso no afectará la venta. El año pasado, Duque canceló el proceso luego de recibir una oferta, de Enel Group, que ya posee la compañía eléctrica colombiana Codensa SA.
La incorporación de los clientes de Electricaribe hubiera empujado a Enel por encima del máximo legal de 25 % del mercado, explica Avendaño.
El gobierno está aumentando ese limite a 35 % para evitar el problema esta vez, señala. Avendaño, quien ha celebrado reuniones sobre la venta en China, EE.UU. y Suramérica, afirma que los inversionistas institucionales extranjeros han expresado interés en asociarse con operadores de energía latinoamericanos en una posible oferta.
El gobierno espera adjudicar el contrato en octubre y cerrar el acuerdo para fin de año, dijo la Superintendente.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS y la información de Bloomberg
