Carta de Andrade sobre liquidación del contrato Ruta del Sol II

Carta de Andrade sobre liquidación del contrato Ruta del Sol II

Texto de la misiva que el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura le envió a EL TIEMPO.

Ruta sol 2

El sector 2 de la Ruta del Sol quedó en el ojo del huracán tras destaparse el escándalo por presuntos pagos de sobornos

Foto:

Cortesía ANI

Por: Política
22 de septiembre 2018 , 10:10 p.m.

A raíz de una entrevista realizada para EL TIEMPO por María Isabel Rueda a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez –presidente del Grupo Aval–, el pasado domingo 9 de septiembre, el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, le envió una carta a este diario en la que fija su punto de vista sobre uno de los puntos abordados en ese diálogo, en relación con el contrato de la Ruta del Sol sector II.

El siguiente es el texto de la comunicación que Andrade, actualmente detenido por las investigaciones por el caso Odebrecht, escribió respecto de sus decisiones en el tema de la liquidación del mencionado contrato:

Específicamente, la periodista le pregunta “Entonces, ¿Por qué (Luis F. Andrade) se opone al final?”, a lo que el señor Sarmiento responde:

Tengo que pensar, pero no me consta, que Andrade se opuso a honrar el contrato que había firmado porque tuvo un cambio de sentir cuando, probablemente, se vio muy comprometido con todo lo que estaba pasando y porque, seguramente, ya estaba presintiendo su salida.

En ese momento, Andrade propuso cambiar la fórmula contractual de liquidación, pero nos pareció irregular y por eso, obviamente, nos opusimos”. En este sentido, me gustaría hacer las siguientes aclaraciones:

1. La decisión de oponerse a la fórmula de liquidación del contrato original no fue, como lo dice el doctor Sarmiento, porque “se vio (Luis F. Andrade) muy comprometido... y presentía su salida”.

Fue una decisión estudiada y compartida por la Agencia de Defensa Jurídica, que acompaña el proceso arbitral, el Dr. Henry Sanabria, apoderado de la ANI, la interventoría del contrato y el comité de conciliación de la ANI. Como no era un capricho mío, la ANI ha mantenido la misma posición en el Tribunal de Arbitramento, a pesar de mi renuncia hace más de un año.

2. La ANI no estaba obligada a seguir la fórmula del contrato original porque el contrato fue obtenido a través de un soborno, como ya está claramente establecido por la justicia.

En este tipo de situaciones de corrupción, el contrato es considerado nulo y debe ser liquidado de acuerdo con la ley, no a las cláusulas del contrato. La Ley 80 de 1993 es muy clara en que solo se puede pagar por los beneficios recibidos por el Estado, sin reconocimiento de utilidades para el contratista.

3. La fórmula propuesta por la ANI ante el Tribunal de Arbitramento, en la audiencia del 22 de junio del 2017, eliminaba un grave error en la fórmula del contrato original, que obligaría a pagos por beneficios no recibidos por el Estado por más de $ 400.000 millones.

El error consiste en reconocer dos veces el efecto de la inflación.  Esa fórmula requería que se actualizaran por inflación las cifras históricas de inversiones y gastos, pero además que se reconocieran los pagos por intereses (que también incluyen el efecto de la inflación).

4. Como la ANI no cedió en el Tribunal de Arbitramento, las presiones fueron dirigidas al Congreso de la República. Tan solo unas semanas después de mi renuncia, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes lograron cambiar el texto del artículo 20 de la Ley de Infraestructura que estaba en trámite para incluir la fórmula de liquidación con el “error” de la doble contabilización de inflación e intereses.

Para colmo, se hizo retroactiva, con el objetivo de que aplicara en la liquidación de Ruta del Sol sector 2.

El contralor Edgardo Maya advirtió la existencia de ese mico en el artículo 20, pero la ley al final fue aprobada y sancionada.

5. De acuerdo con información publicada en los medios, hace unas semanas el contralor Maya procedió a demandar el articulo 20 de la Ley 1882 ante la Corte Constitucional y el senador Velasco anunció que estaría radicando un proyecto de ley para corregir las falencias del mico aprobado.

La triste realidad es que buscaron neutralizar mi fuerte defensa de lo público ante el Tribunal de Arbitramento con un mico retroactivo aprobado en el Congreso de la República. El artículo 20 de la Ley 1882 nos puede costar más de 400.000 millones de pesos a todos los colombianos.

REDACCIÓN POLÍTICA 
EL TIEMPO

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