Standard & Poor’s mantuvo la calificación a la deuda soberana de Colombia en BBB con perspectiva negativa, pero, además, dijo que se tomará otros 18 meses antes de adoptar una nueva decisión sobre un cambio o no de la nota.
Al parecer, a la firma ya no le preocupa tanto el cumplimiento de las metas tras la reforma tributaria. Ahora, la atención de la calificadora está más enfocada en las cuentas externas y la vulnerabilidad que estas representan, sobre todo por el lado de la deuda.
“La decisión de la calificadora se basa en argumentos encontrados, pues si bien se aprobó la reforma tributaria, necesaria para evitar una baja en la nota, identificó un deterioro en la situación del pago de intereses y en las cuentas externas”, dicen analistas del Banco de Bogotá.
La calificadora advierte que se requieren mejoras adicionales en el déficit de cuenta corriente. En cuanto al crecimiento económico del país, estima que puede estar alrededor del 2,5 por ciento este año.
Para los analistas del banco, solo si se reduce el déficit fiscal y la deuda pública no se eleva, Colombia podría volver a tener una perspectiva estable en la calificación de S&P.
Advierten que esta firma ha sido la más fuerte en su evaluación de Colombia y que “la próxima calificadora en pronunciarse podría ser Fitch, a finales de febrero, quizás con una evaluación positiva sobre la reforma, pero con preocupaciones sobre las cuentas externas”.
Precisamente, Fitch causó revuelo esta semana por sus comentarios sobre la salud de los bancos latinoamericanos.
No obstante, en lo referente a las entidades colombianas más allá de los 11 billones de pesos en ganancias que obtuvieron o los 14 billones alcanzados por el sistema financiero en su conjunto al cierre de noviembre del 2016, lo que muestra el balance del sector es que las instituciones cuentan con suficiente capacidad para responder frente a una crisis.
En noviembre, la solvencia de las entidades estuvo muy cerca del 16 por ciento en promedio, al tiempo que la solvencia básica se ubicó en 10,3 por ciento, superando los niveles mínimos exigidos de 9 y 4,5 por ciento, respectivamente.
La solvencia mide la capacidad que tiene una entidad para absorber eventuales pérdidas, con recursos propios.
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