Desde el 10 de enero, cuando finalizó el cese bilateral de hostilidades entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la operación del oleoducto Caño Limón-Coveñas se suspendió y no ha podido reactivarse, completa así, este sábado, 40 días de inactividad.
La situación entró de nuevo al radar de los observadores internacionales, ya que según la firma Valora Analitik, un reporte del Securing America’s Future Energy, emitido este viernes, volvió a incluir a Colombia en el mapa de riesgo petrolero.
El mapa, titulado ‘Barriles en riesgo’, indica que “las fallidas conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y los rebeldes de izquierda del Eln han llevado a nuevos ataques contra los oleoductos del país. En los últimos dos meses, las guerrillas han atacado el extenso oleoducto Caño Limón-Coveñas 12 veces, lo que causa la interrupción más grande de la línea en tres décadas”.
Hace casi un año, en el reporte del 12 de abril del 2017, Colombia no apareció, y solo se incluyó a Venezuela, en el caso América.
El atentado más reciente, según Ecopetrol, ocurrió en la noche del jueves en jurisdicción del municipio de Toledo, Norte de Santander, en el que hubo derrame de crudo, así se completan 12 acciones terroristas en lo que va corrido del año.
Adicionalmente, según la empresa, se han registrado 4 ataques contra el oleoducto Trasandino, que mueve los crudos producidos en el sur del país, para su exportación por el Pacífico.
Esta es una de las parálisis más extensas del oleoducto, pero según la empresa, la producción no se ha visto afectada, principalmente porque se está evacuando por otra línea de transporte, lo que sí implica mayores costos para movilizar el petróleo que se produce en Arauca, en el campo Caño Limón.
Pero, adicionalmente, se completaron ocho días desde que se iniciaron las acciones violentas contra las áreas de producción en los campos Castilla, Chichimene y en el bloque CPO-09, que inicialmente afectaron hace ocho días la extracción de 200.000 barriles diarios, equivalentes a cerca del 23 por ciento de toda la producción del país, situación que se ha venido normalizando progresivamente. De acuerdo con la petrolera, si bien de esta cifra ya se están bombeando 102.000 barriles diarios, quedan pendientes 98.000; también el jueves por la noche aumentaron las amenazas contra sus trabajadores y los ataques a algunas instalaciones de los campos Castilla y Chichimene, en el Meta.
Esto luego de que un grupo de aproximadamente 200 personas encapuchadas ingresara a la fuerza y atacara el centro de maniobras de Acacías, que hace parte del sistema eléctrico del campo Castilla.
Durante la asonada, los violentos rompieron vidrios, cortaron el cableado, generaron daños graves en equipos de control y acometidas eléctricas, y provocaron un incendio que afectó el restablecimiento de algunos pozos.
Adicionalmente, varios de los manifestantes cortaron árboles para bloquear las vías de acceso a los campos, sabotearon diferentes puntos, quemaron interruptores eléctricos y manipularon indebidamente algunas bridas, que son los rebordes circulares en el extremo de los tubos de metal, que sirven para ajustarlos unos con otros.
De acuerdo con Ecopetrol, de las 12 acciones terroristas contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas que van en este año, ocho se han dado en Norte de Santander, una en Boyacá y tres en Arauca.
Por su parte, las acciones contra el oleoducto Trasandino se han registrado en Tumaco (2) y en los municipios de Barbacoas y Mayama, cada uno con un evento registrado.
Sobre las afectaciones en el Meta, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, dijo que se ha recuperado progresivamente la producción y que a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos se siguen generando espacio de diálogo, “siempre en el marco del respeto y salvaguardando los intereses generales”.
No obstante, EL TIEMPO conoció que las acciones vandálicas en el Meta, a través de protestas, estarían motivadas por intereses de grupos determinados que quieren mantener el control de los procesos de contratación de mano de obra local, luego de que esta les fuera quitada a las juntas de acción comunal.
Pero el problema no solo es de Ecopetrol, ya que el pasado 5 de febrero la petrolera Frontera Energy decidió suspender las actividades en el bloque Cubiro, en Casanare, como resultado de la intimidación a la compañía, a sus funcionarios y contratistas a través de amenazas y actos violentos. La decisión afecta la producción de unos 3.600 barriles de petróleo por día y el trabajo de 163 habitantes de los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad.
Y a finales de enero varios trabajadores y contratistas de la canadiense Parex Resources suspendieron las actividades en el proyecto Capachos, en Tame, Arauca, luego de recibir un panfleto intimidatorio por parte del la guerrilla del Eln, según el sindicato Uten Hidrocarburos.
Entre el 2 y el 9 de febrero, supuestos hombres del Eln atentaron contra la infraestructura eléctrica. Ayer, la firma ISA InterColombia aseguró que trabaja en la reparación final de dos torres derribadas y dos más averiadas en hechos ocurridos en los últimos días en los departamentos de Cesar y Antioquia.
Agregó que, si las condiciones en las zonas lo permiten, la recuperación de las estructuras terminará en los próximos días, con lo cual se normalizaría el servicio este fin de semana entre la costa Caribe y el interior del país.
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