Tras la aprobación de la ley de financiamiento en el Congreso, que define los ajustes que tendrá el estatuto tributario desde el 2019, norma que si bien resultó muy diferente al proyecto inicial pero que al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo deja tranquilo y al Gobierno le gustó porque preserva los pilares de equidad por los que debe transitar de forma paulatina el país, desde ya los miles de contribuyentes deben tomar nota y alistarse para adoptar los cambios que se les apliquen.
Según el funcionario, la nueva ley preservó el objetivo central de reducir la tasa efectiva de renta de las empresas, en una apuesta a favor de la generación de empleo, y no habrá afectación de las clases más vulnerables ni de la clase media, toda vez que en materia de renta de personas naturales el enfoque fueron aquellos que tienen mayores ingresos.
De hecho, el presidente Iván Duque dijo que no se les está “cobrando ni un solo peso de más de impuesto de renta a quienes ya hoy lo pagaban por debajo de 40 millones de pesos de ingresos mensuales”.
El mandatario también destacó que no pagarán impuesto de renta en los primeros cinco años los emprendimientos con inversiones de más de 150 millones de pesos, aunque tendrán un tope de facturación anual, y por 10 años los emprendedores rurales que “generen un mínimo de empleos”.
Pese a que el próximo año el sector financiero aportará por la sobretasa de renta que definió el Congreso unos 480.000 millones de pesos adicionales, las proyecciones de recaudo se mantuvieron en 7,1 billones de pesos frente a una necesidad de 14 billones, lo que obligará al Gobierno a iniciar una fuerte política de ajuste del gasto de forma permanente para adecuarlo a los ingresos.
De acuerdo con Carrasquilla, el próximo año los recortes –dada la inflexibilidad del gasto– serían del orden de los 1,2 billones de pesos; y para lograr reducir los gastos a mediano plazo, el Gobierno anunció que será necesario trabajar en varios proyectos de ley para conseguir el objetivo de lograr ajustes de hasta 5 billones al año frente al valor actual. Entre esos proyectos de ley estará la reforma del régimen de subsidios.
En concepto del Gobierno, luego de varios años de reducción de la pobreza, hay personas que ya no necesitan el mismo nivel de ayudas para la salud, entre muchos de los rubros que subsidia.
A la par de una reducción progresiva en las tarifas de renta de las empresas, para llevarla del 33 por ciento en el 2019 al 30 por ciento en el 2022, la ley de financiamiento preservó las tarifas de renta planteadas en la ponencia para las plenarias de Senado y Cámara, y las tarifas suben en promedio para quienes tengan ingresos mensuales promedio superiores a los 40 millones de pesos.
En cuanto al impuesto al patrimonio, la tarifa del 1 por ciento la pagarán quienes tengan un patrimonio líquido mayor de 5.000 millones de pesos, pero, según el director de la Dian, Juan Andrés Romero, el gravamen solo se cobrará durante tres años y no durante cuatro vigencias.
Para los dividendos también se aplicará una tarifa del 15 por ciento cuando estos sean superiores a 300 unidades de valor tributario, que para el 2019 equivaldrán a 10’281.000 pesos.
Asimismo, la nueva ley creó el Simple, un esquema que simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas del país, incluyendo los tenderos.
En cuanto al IVA plurifásico a las cervezas y bebidas azucaradas, como las gaseosas, la norma estableció que se cobrará tanto en la cadena de producción como en el valor final del producto, lo que implica que aquellos que los vendan deberán cobrarlo y girarlo a la Dian. En este aspecto, según Romero, el Congreso introdujo una regla general para que, de la base del impuesto sobre las ventas, se pueda excluir el valor del impuesto al consumo pagado en la cadena, con el fin de evitar el pago de impuesto sobre impuesto.
Además, dentro del régimen Simple se creó una tabla especial para los tenderos, con el fin de que su declaración, además del impuesto de renta, industria y comercio, aportes parafiscales y pensiones, puedan incluir este IVA por estos productos. Esto será para quienes vendan hasta 2.800 millones de pesos al año.
La ley también establece una amnistía para declarar los activos no informados antes del primero de enero de 2019. El proceso aplica a los activos omitidos o pasivos inexistentes y se les cobrará una tarifa del 13 por ciento.
IVA plurifásico a cervezas y bebidas azucaradas se cobrará tanto en la cadena de producción como en el valor final del producto
El proyecto de ley de financiamiento, que en las plenarias de Senado y Cámara tuvo el análisis de unas 180 proposiciones, introdujo varios cambios, la mayoría con aval del Gobierno, aunque en otros el Ejecutivo resultó derrotado.
El nuevo impuesto más visible es el de la sobretasa de renta que deberá pagar el sector financiero a partir del 2019, la cual se irá bajando gradualmente cada año, para quedar en el 30 por ciento como en el resto de empresas.
Sobre la iniciativa del senador David Barguil, que no tenía aval del Gobierno, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que se debe al veredicto de la democracia del Congreso.
Además, de los 15 dólares de impuesto de timbre por los vuelos internacionales, al cual se le quitaron exclusiones, un dólar irá para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de fortalecer la lucha contra la trata de personas, en especial los niños.
La tarifa de renta diferencial del 9 por ciento para el sector del turismo no solo aplicará a la construcción de hoteles, sino también para infraestructura, como por ejemplo los parques temáticos.
Y para los inmuebles que se comercialicen y cuyo valor sea de más de 918 millones de pesos, el cambio consistió en que la tarifa del impoconsumo del 2 por ciento se aplicará a cualquier bien, y no solo a la vivienda.
La extensión del IVA a los productos de la canasta familiar, compensando a la población de menores ingresos, es, sin duda, la propuesta que de plano fue rechazada por el Congreso y por diferentes sectores sociales.
Tampoco pasó la idea de gravar las motos de cilindraje inferior a los 200 centímetros cúbicos ni la modificación de la base a partir de la cual los trabajadores independientes deben facturar el IVA, que sigue en 3.500 unidades de valor tributario.
Y también se eliminó la posibilidad de gravar el ahorro que millones de colombianos acumulan para su pensión.
El director de la Dian, José Andrés Romero, no solo destacó que el proyecto de ley de financiamiento llevará a una cultura de legalidad debido a la penalización del delito de evasión, sino que los recaudos irán mejorando de forma progresiva.
¿Qué sendas de recaudo prevén por lucha contra la evasión?
Hoy, además de normas antiabuso, incluimos el delito de evasión tributaria especializada en delitos fiscales y de contrabando. Creemos que habrá cambio en la cultura de los colombianos. Cuando la gente identifique que evadir es un delito, habrá un mensaje para tener una cultura de tributación más arraigada, que ayude a bajar niveles de evasión.
El proceso de transformación de la Dian requiere planeación, la consecución de los fondos, y en el 2019 no se verá mucho recaudo adicional.
La meta final luego de los cuatro años de transformación puede ser de tres puntos del PIB (27 billones para el 2018), que ha sido la experiencia mundial).
¿Cómo ayudará la facturación electrónica?
Con las metas de recaudo, derivadas de la adecuada implementación de la factura electrónica, y que lanzaremos en nuestra nueva plataforma en enero, vamos a lograr recaudos entre 0,5 y un punto del PIB (de 4,6 a 9,2 billones).
¿Se quedó por fuera algo relevante?
Si bien no es una ley que lleve a un cambio definitivo en la estructura tributaria, sí avanza en aspectos como la reactivación económica, bajar la carga para las empresas y establecer una carga mayor para los accionistas, de tal forma que se incentive la reinversión de las utilidades en el desarrollo económico, en la generación de empleos y en la renovación tecnológica de las empresas.
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