El proyecto de ley que busca modificar el impuesto al consumo de licores, vinos y otros similares, al igual que fijar el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, no fue votado este miércoles en su último debate en plenaria de Senado, como estaba previsto.
Los parlamentarios, por mayoría, votaron sí al aplazamiento de la decisión, en parte porque muchos quieren ahondar en el tema, que divide al Senado.
Más aún si entre los congresistas circuló un documento según el cual, el proyecto tendría inconsistencias que podrían conducir a un litigio internacional por contravenir las normas que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Dicho documento fue preparado por Wines of Chile, con asistencia de dos abogados, Gary Horlick y Hannes Schloemann, expertos en temas de OMC.
En dicho informe señalan que “el componente del impuesto ad valorem constituye una discriminación de hecho ilegal contra el vino importado”. Además, sería “incompatible con varias disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt)”.
Para ilustrar su argumento, los abogados comparan el vino con la cerveza, y le ponen una relación de 1 a 10 en el precio.
La similitud de estas dos bebidas estaría dada porque ambas “comparten un uso final similar, la relajación y socialización”, por lo que, un panel de la OMC declaró que “es posible que el vino y la cerveza compitan o se sustituyan por algunas o todas las bebidas alcohólicas destiladas”.
En ese sentido, el impuesto ad valorem, fijado en 25 por ciento del precio minorista, gravaría con 0,25 pesos a una cerveza de 750 mililitros, de producción local, con un precio hipotético de 1 peso. Mientras tanto, un vino importado, de 750 mililitros, con precio de 10 pesos, quedaría gravada con 2,50 pesos.
Si bien el documento expresa que es comprensible la protección de la producción local, también es cierto que las normas del Gatt “prohíben proteger la producción nacional mediante la aplicación de leyes, reglamentos internos que afecten, entre otros, la venta, la oferta para la venta, la compra o la distribución de productos”.
Al trato discriminatorio que genera el impuesto ad valorem se sumaría el hecho de que sea el Dane el que determine el precio minorista de bebidas alcohólicas. “El precio minorista constituye una referencia del monto del impuesto ad valorem que grava las bebidas alcohólicas, lo que podría provocar una carga tributaria más alta para los productores de bebidas alcohólicas importadas, porque la determinación del precio de su producto está fuera de sus manos y podría terminar siendo fijada a un nivel más alto que su precio de mercado”.
En consecuencia, según el documento de Wines of Chile, “la promulgación de la versión actual del proyecto significaría arriesgar acciones legales contra Colombia mediante el mecanismo de resolución de conflictos de OMC”. Dicho riesgo se podría evitar, “si el Senado considera la modificación de la versión actual del proyecto, asegurando un trato igual para las bebidas alcohólicas importadas, a través de la eliminación del componente ad valorem del impuesto a las bebidas alcohólicas”.
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