Una fuerte advertencia hizo este martes a la firma española Sacyr el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, para que cumpla con lo estipulado en el contrato para mejorar las condiciones de la carretera que va desde Caucasia a Sincelejo, Barranquilla y Cartagena.
“Ellos tienen la oportunidad de ponerse al día y cumplir. De no hacerlo, se procedería a (aplicar) las multas y al proceso de caducidad, que se abriría la semana entrante”, precisó el funcionario.
Las declaraciones se produjeron luego de que la firma española anunciara que le pondría freno a la obra de reforma y ampliación de la autopista Corredor 5, argumentando que detectó en un tramo la aparición de materiales arcillosos que demandarían una intervención profunda con lo que los costos de obra se elevarían.
“En este momento, Sacyr está obligada a cumplir con el contrato e iniciar obras. De no hacerlo, se expone a multas. Ya tenemos cinco en proceso por 11.000 millones de pesos y eventualmente (habría) una caducidad”, insistió Andrade.
La ANI señaló que la Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. generó una controversia jurídica solicitando la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad (ERR) relacionado con el estado de la estructura de la vía. La controversia jurídica fue atendida por la figura del ‘amigable componedor’, prevista en el contrato.
Pero el pasado 4 de mayo dicha instancia determinó no declarar el ERR solicitado por el concesionario, por lo que la concesionaria formuló una demanda ante el Tribunal de Arbitramento, en la que pretende la nulidad de dicha decisión.
Andrade dijo que “no hemos caducado el contrato. A los españoles se les olvidó decir que ese panel de amigable composición decidió en favor del Estado colombiano. Hemos dado todas las garantías y en este momento son ellos los que están incumpliendo”.
Sacyr ya había protagonizado un lío jurídico por incumplimiento de contrato en Colombia, cuando participó al frente del consorcio Commsa, en la fallida troncal del Magdalena Medio o Ruta del Sol, obra inconclusa por incumplimiento del contrato, lo que la obligó a reconocerle al Estado colombiano un pago de 120.000 millones de pesos.
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