Diez billones de pesos en el primer año, un punto porcentual de la producción de toda la economía colombiana. Eso le costaría al país la caída de la Ley de Financiamiento si la Corte Constitucional así lo decide, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
Solo en recaudo de impuestos, en 2020 se perderían 1,6 billones de pesos, aumentando la presión para acabar inversiones sociales, endeudarse más y perder el grado de inversión, advierte el gremio.
La magnitud de los números tiene comiéndose las uñas a líderes del sector privado. Y si esa posibilidad se vuelve realidad, el efecto, en resumen, es “menor inversión, menor crecimiento y menor empleo”, según un documento entregado por el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, al magistrado ponente, Alejandro Linares.
El directivo señala que envió sus análisis, pese a no haber sido invitado por la Corte, y lo hizo dentro del plazo otorgado por el tribunal para recibir pruebas, con la idea de “que sirvan al marco de reflexión probatoria”.
En el fondo, el gran temor es el empleo, en momentos en que la desocupación alcanza cuatro años creciendo, y 2,6 millones de personas no encuentran trabajo.
Si bien la producción del país viene acelerando y ya se registra una expansión de 3,1 por ciento, según el Indicador de Seguimiento de la Economía del Dane, “para que el empleo crezca se necesitan tasas de crecimiento de la producción de entre 3,5 y 4 por ciento”, asegura Mac Master.
Sin esos ritmos es muy difícil que se genere más empleo y tampoco se podría reducir la pobreza, dice el presidente de la Andi.
Según la Andi, solo en recaudo de impuestos, en 2020 se perderían 1,6 billones de pesos.
¿Y qué tiene que ver la Ley demandada con alcanzar esa dinámica económica? De acuerdo con Mac Master, si ya hay signos de que este año el PIB podría terminar con un crecimiento de 3,3 o 3,4 por ciento, es gracias a la Ley de Financiamiento.
Por ejemplo, ya el sector privado ha hecho inversiones estimulado por la posibilidad de que el IVA en la compra de equipos se pueda descontar del impuesto de renta, incentivo clave para la reconversión industrial, según se argumenta en el documento.
La Andi subraya que, según el Dane, en el primer semestre de este año la inversión ya ha crecido 4,3 por ciento, y específicamente aquella en maquinaria y equipo ha aumentado 15,1 por ciento. Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa ha subido 24,4 por ciento, destacándose el 26 por ciento de expansión en la inversión destinada a sectores distintos al petrolero.
La inversión, se explica en el documento entregado a los magistrados, está alcanzando niveles que no se veían desde el 2012, y el 51,6 por ciento de las empresas tiene previsto o está desarrollando este año proyectos de inversión productiva, de acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi en compañía con otros gremios.
Bruce Mac Master, economista y presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO
Dichos proyectos van, principalmente, a modernización tecnológica (58,3 por ciento), reponer equipos (35,7 por ciento), ampliar plantas (34,5 por ciento) e innovación (29,8 por ciento). Un fallo contra la Ley abortaría esos avances.
El memo también dice que una sentencia contra la Ley acabaría con el Régimen Simple, “el más exitoso esfuerzo de formalización que se haya adelantado en el país hasta hoy”, porque a la fecha de presentarse el documento se habían inscrito 8.050 contribuyentes.
El sector productivo también perdería los incentivos tributarios para nuevos emprendimientos y negocios tanto de la economía naranja como del campo.
Además, entre los efectos esperados en impuestos, de la caída del recaudo en 1,6 billones de pesos, 853.000 millones corresponderían al impuesto al patrimonio del que se salvarían los más ricos, y que pasaría a cero.
La otra cara del menor recaudo es la de los gastos que, sea como sea, se deben pagar: las pensiones, aseguramiento en salud, transferencias a regiones y pago de deuda. Esta última, además, sería más cara si el fallo lleva a que las agencias calificadoras le rebajen la nota a Colombia, que todavía está entre los países con grado de inversión.
Por lo tanto, se advierte en el documento de la Andi, es difícil creer que el efecto de un fallo adverso se pueda afrontar con una reducción drástica del gasto público. Las otras posibilidades son endeudarse más, incumpliendo la regla fiscal, u otra reforma tributaria que, de lograrse aprobar, solo traería frutos en el 2021. Una alternativa más es recurrir a las privatizaciones para pagar los costos de la posible sentencia.
Mac Master está convencido de que el trámite de la Ley de Financiamiento se hizo de manera correcta en el Congreso, teniendo en cuenta, además, que el proyecto tenía mensaje de urgencia.
Pero, aun así, considera que la Corte es razonable para modular una decisión, como ocurrió con la reforma del 2010, y también es razonable para que prevalezca el fondo y no la forma.
Piensa que en la Corte se impondría el sentimiento de que “no podemos poner a pagar a todo el país”, pues tumbar la Ley sería “inmensamente grave”.
MAURICIO GALINDO
Editor de Economía de EL TIEMPO
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