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Ante la prolongación del paro solo queda la opción del diálogo
Paro en Colombia- Plaza de Bolívar

Paro en Colombia- Plaza de Bolívar

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Ante la prolongación del paro solo queda la opción del diálogo

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Ricardo Ávila analiza salidas a la crisis generada por los bloqueos y su impacto en la economía. 

Han pasado ya tres semanas y media desde aquel 28 de abril cuando, por las calles de un buen número de poblaciones colombianas, desfilaron miles de manifestantes que respondieron a la convocatoria de un paro nacional promovido por las centrales obreras. La suma de una propuesta tributaria impopular y una situación social crítica llevaron a que el legítimo derecho de protestar diera paso a una realidad de pronóstico indefinido.

Desde entonces el país entró en uno de los períodos más complejos de su historia reciente, sin que a la fecha se vea la luz al final de túnel. Todo lo contrario, la mezcla de plantones pacíficos, bloqueos y actos de vandalismo amenaza con prolongarse.
Quienes buscan analogías con lo ocurrido en otras latitudes recuerdan que en Chile las perturbaciones que comenzaron en octubre de 2019 se extendieron durante meses. Ello para no hablar de los distintos desenlaces que tuvo la llamada Primavera Árabe, que en más de un lugar vio llegar un invierno de excesos.

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Semejante escenario resulta inquietante, a todas luces. El motivo es que, de ser así, las pérdidas de vidas, empleo, bienestar y esperanzas seguirán aumentando, con lo cual el balance final mostrará un país más empobrecido y polarizado que antes.

Una sociedad en estado de antagonismo permanente sería un desenlace indeseable. No menos graves son las secuelas de largo plazo sobre el ánimo de los inversionistas, quienes lo pensarán dos veces antes de emprender proyectos que pueden ser considerados inviables bajo las nuevas circunstancias. Y a lo anterior se le suma la percepción de riesgo político al alza, la cual fue determinante para la rebaja en la calificación que sufrieron los títulos de deuda, por parte de la firma Standard & Poor’s.

Cuentas preocupantes

La lista de daños irreparables crece todos los días y comienza con cerca de medio centenar de muertes como consecuencia de casos documentados de abuso policial o de violencia desatada por manos criminales. En un territorio en donde abundan las armas, aumenta el peligro de que el ruido de los disparos acalle a las voces de la razón.

También están los efectos colaterales que pocos ven. Varios epidemiólogos sostienen que las aglomeraciones son responsables de que el número de contagiados por covid-19 siga sin disminuir, con lo cual la tercera ola ha durado mucho más que las dos primeras.

Probar cuántos decesos adicionales ha ocasionado el abandono por parte de muchos de los métodos de prevención para evitar la transmisión del virus es imposible. Lo cierto es que la actual temporada es la más mortífera de todas, a pesar de que la cantidad de personas con esquemas de vacunación completa superó los tres millones.
Y esa cifra se afectó por los tropiezos en materia de movilidad. La Cámara de Comercio de Cali calcula que, en lo que atañe al Valle del Cauca, se dejaron de aplicar 117.838 dosis durante las dos primeras semanas de paro por la imposibilidad de distribuirlas.

Por otra parte, hay que contabilizar el costo de las alteraciones para la economía. El Ministerio de Hacienda habla de 10,3 billones de pesos a nivel nacional, lo cual oscurece las posibilidades de una reactivación fuerte tras la fuerte contracción de 2020 cuando el producto interno bruto se contrajo en 6,8 por ciento.

“Con base en dos encuestas hechas a más de 2.000 empresas, estimamos que el saldo en rojo que dejan las últimas tres semanas es de 3,5 billones de pesos tan solo en el Valle”, afirma Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali. “No solo será difícil recuperar esa producción, sino que queda la duda sobre la afectación sobre el tejido empresarial por causa de cierres de firmas de todos los tamaños”, agrega.

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El más reciente sondeo de la entidad mostró que, en esa parte del país, una de cada seis compañías contactadas reportó no estar funcionando, mientras que tres de cada cuatro dijeron que su operación era parcial y que la utilización de la capacidad instalada apenas llegaba al 37 por ciento. Como resultado, el 45 por ciento redujo su plantilla de trabajadores, con recortes promedio del 38 por ciento.

A su vez, un cuestionario de Confecámaras aplicado entre 9.424 empresas a escala nacional dio como resultado que un 93 por ciento de los interrogados manifestó que sus ventas han bajado y que, para más de la mitad, la caída supera el 50 por ciento. De continuar las manifestaciones, una tercera parte se vería obligada a cortar costos para sostenerse y un 35 por ciento optaría por el cierre parcial.

Con la temporada de elecciones
a la vuelta de la esquina,
sacar la carta de la polarización y el disenso equivale a jugar con fuego.

El bloqueo de facto del puerto de Buenaventura rompió los eslabones de la cadena de suministros de la cual dependen segmentos como la producción de concentrados para animales, alimentos y bienes de consumo. Al mismo tiempo, incontables compromisos de exportación se han incumplido por fuerza mayor, lo cual puede conducir a la pérdida de mercados externos.

En consecuencia, decenas de miles de empleos formales están en entredicho. Para una nación que experimentó un salto de siete puntos porcentuales en el índice de pobreza durante 2020 y que requiere que la ocupación de la fuerza laboral aumente, levantar bloqueos y retenes ilegales es un imperativo.
Lo anterior se suma al peligro real de una mayor degradación de la protesta en la que solo impere la ley del más fuerte. Entrar en una espiral de violencia debería servir para que los llamados a la sensatez sean tenidos en cuenta por aquellos que cuentan con la capacidad de convertir esta crisis en una oportunidad para beneficio de la mayoría.

Salidas posibles

Sin embargo, para que eso suceda es indispensable que se vean acuerdos entre las partes. Lamentablemente, en lo que corresponde a la administración Duque y el Comité del Paro los avances son mínimos y cada cual le pone presión al otro por fuera de la mesa de negociación.

Dentro de los caminos posibles, uno es el del desgaste. Las encuestas muestran que, si bien tres cuartas partes de los colombianos están de acuerdo con las manifestaciones, la mayoría preferiría que la suspensión de actividades termine.
Bajo esa lógica lo procedente sería prolongar la situación actual, con la idea de que el péndulo de la opinión se vaya en contra de los promotores de las protestas y estos se replieguen por la presión del público. El lío es que irse por dicho camino no garantiza el resultado, aparte de que implica golpear todavía más a la economía y ahondar las heridas que se han abierto.

Con la temporada de elecciones a la vuelta de la esquina, sacar la carta de la polarización y el disenso equivale a jugar con fuego. A fin de cuentas, lo responsable es crear las condiciones para que la sociedad colombiana pueda llegar a elaborar consensos sobre temas fundamentales que son del interés general. Pobreza, corrupción o ilegalidad son desafíos que solo podrán ser superados si hay un mínimo de concordia y madurez para debatir con quien piensa distinto.

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De otro lado, el Comité del Paro también se equivoca al querer subir la temperatura en la calle. El llamado no a una, sino a dos grandes manifestaciones la próxima semana, da la impresión de que no hay espacio aún para la distensión.

En el entretanto, la ciudadanía paga los platos rotos. Como señala la periodista Diana Calderón, “hablan de los ninis (en referencia a los jóvenes que ni estudian ni trabajan), pero hay otros ninis: ni con el Gobierno ni con el paro, porque empiezan a sentir que ambos están impidiendo su trabajo y esa falta de entendimiento entre ellos no nos permitirá a ninguno construir un mejor futuro”.

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Para romper el impase, lo que aconsejan los conocedores de estos temas es cambiar el modelo empleado hasta la fecha. Una alternativa es que el Gobierno use negociadores con experiencia y cierto grado de autonomía, algo que quizás no le funcione a la Casa de Nariño cuya prevención hacia aquellos que vengan de otras toldas es alta.

Otra opción es utilizar mediadores que acerquen posiciones, en lo cual tanto la iglesia como las universidades podrían participar. Un esquema de cónclave, en el cual se cierran las puertas hasta tanto no se logre avanzar en puntos concretos, permitiría soluciones en un lapso de días no de semanas.

También se habla de la comunidad internacional que a través de la ONU podría servir de garante o de facilitadora. Aquí el inconveniente es de tiempos, a menos que como muestra de buena voluntad haya un repliegue de unos y otros.

El poder de conversar

Sea como sea, propios y extraños coinciden en que la única salida viable es el diálogo, algo que pasa por moverse no solo en el ámbito nacional, sino en el regional, departamental y municipal. Conseguir que operen múltiples espacios de conversación de manera simultánea es todo un desafío y exige la participación de gobernadores y alcaldes, entre otros, aparte de la comunicación con el Gobierno en Bogotá.

Llegar a lo local resulta fundamental. Un ejemplo de ello se vio el viernes en la mañana, cuando una decena de muchachos detuvieron el tráfico en inmediaciones del casco urbano de La Calera, en las goteras del Distrito Capital. Más que seguir las directrices de un comando centralizado, las razones de su inconformidad eran el mal servicio de salud en el municipio, un tema que exige atención puntual y compromisos precisos.

Si bien el paso de los vehículos se acabó normalizando, el episodio deja lecciones que vale la pena entender. La duda es si las instituciones son capaces o no de tomar en serio quejas que pueden parecer menores, pero no lo son para quien considera que los dados están cargados en su contra.

Avanzar, así sea a pequeños pasos, es un elemento indispensable para construir confianza. El proceso puede sonar simple pero no es fácil porque lo usual es que aparezcan los desencuentros. Sin embargo, la buena voluntad logra resultados como se ha visto en diferentes lugares del país, en los que tanto gremios y empresarios, como gobernantes y comunidad, han conseguido ponerse de acuerdo.

Construir desde la base, incluye un reto inmenso: recuperar el ejercicio de la autoridad sin abuso. Imponer el orden, no está de más recordarlo, no nace de tener un arma en la mano o un fusil colgado del hombro, sino de la legitimidad que recibe quien porta un uniforme o ejerce un cargo público, concedida por la sociedad.

Hay quienes creen que el descabezamiento de algunos funcionarios se puede calificar como triunfo. No obstante, esas serán victorias pírricas en caso de que el estado actual de cosas se prolongue.

Tal requisito es definitivo para combatir a los criminales que han hecho de las suyas en medio del caos. No se trata tan solo de despejar las vías, sino de que la justicia opere mediante la captura y castigo de los protagonistas de destrucción y saqueos, algo en lo cual la labor de la Fiscalía deja mucho que desear.

Pero más que recriminaciones, lo que importa es buscar salidas a sabiendas de que aquí, en lugar de un gana-gana posible, hay un pierde-pierde certificado, cuya cuenta creciente la pagaremos entre todos de no encontrar una respuesta pronto.

Hay quienes creen que el descabezamiento de algunos funcionarios se puede calificar como triunfo. No obstante, esas serán victorias pírricas en caso de que el estado actual de cosas se prolongue y la polarización se profundice.

“Cuando los buenos se comportan como los malos, todo está perdido”, recuerda Diana Calderón. Ojalá ello no ocurra en esta Colombia que perdió el rumbo en lo que va de mayo. Aun así, sigue viva la esperanza que nace de haber podido superar otras encrucijadas complejas en el pasado.

De ahí que valga la pena mantener viva la fe y creer que eso volverá a suceder en la presente oportunidad.

Ricardo Ávila Pinto
Analista Sénior
En Twitter: @Ravilapinto

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