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De la crisis a la oportunidad / Análisis

La covid-19 indujo a una transformación del pensamiento y de métodos. En la foto, una empresa de marroquinería.

La covid-19 indujo a una transformación del pensamiento y de métodos. En la foto, una empresa de marroquinería.

Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Reporte más reciente del Minhacienda muestra que la situación fiscal es poco menos que desesperada.

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Para quienes le siguen la pista a la marcha de las finanzas públicas, se trata de una cita infaltable. El compromiso consiste en escuchar al ministro de Hacienda de turno, quien usualmente por esta época explica cómo la tesorería concluyó el ejercicio previo y entrega sus previsiones respecto a fuentes y usos de recursos para el año que arranca.
La radiografía es más que informativa. Por ejemplo, aquellos que invierten en papeles estatales saben en ese momento a cuánto ascenderán las emisiones de bonos en moneda local o las contrataciones de créditos en divisas, lo cual les sirve para definir estrategias que mueven billones de pesos.
Quizás por ello hay algo de ritual en el reporte. En lugar de optar por la virtualidad, Alberto Carrasquilla se hizo presente el jueves pasado en la tarde, junto con sus dos viceministros, el director de crédito público y su jefe de prensa, entre otros, en el auditorio Casas de Santa Bárbara, a pocos metros de su despacho.
Tal como es la norma en época de pandemia, el evento ocurrió respetando las normas del distanciamiento y sin público. En la transmisión hecha por canales virtuales, el mensaje subliminal fue que hay un equipo unido al frente de una situación compleja.
Que la realidad no es nada fácil, surgió como una de las conclusiones de la presentación hecha. La gran sorpresa consistió en saber que después de un saldo en rojo por cerca de 79 billones de pesos en 2020, ahora ese faltante será mayor y ascenderá en 2021 a la cifra sin precedentes de 94,6 billones, 64 por ciento más de lo que había dicho el marco fiscal de mediano plazo unos meses atrás.
El parte estuvo en contra de los pronósticos. Con base en lo dicho por el propio ministerio, los observadores entendieron en septiembre que el déficit sería muy grande el año pasado, pero que a continuación empezaría a descender. También interpretaron que la deuda pública, como proporción de la economía, dejaría de crecer, y ahora la previsión es que aumente un poco hasta representar el equivalente del 65 por ciento del producto interno bruto, 15 puntos porcentuales más que en 2019.

Entre la espada y la pared

Aunque las cifras pueden no decirle mucho a la ciudadanía, los especialistas saben que el diagnóstico es muy sombrío. Tal como le sucede a una persona a la que la plata no le alcanza para cubrir sus necesidades y debe acudir a más préstamos para cuadrarse, la práctica tiene un límite. En América Latina abundan los ejemplos de lo oneroso que sale dejar que las acreencias superen el nivel de lo razonable, y Colombia ya está muy cerca de ese punto.
De vuelta al Gobierno, la prudencia aconseja buscar más ingresos si el propósito es mantener la casa en orden. A pesar de que dentro del Ejecutivo hay quienes preferirían no tener que volver a meterse en una reforma tributaria por el desgaste que conlleva, quien lleva las cuentas está obligado a decir la verdad por antipática que suene: con el dinero que hay, no alcanza.
Este año, el agujero se podrá cerrar con la venta de las acciones de ISA a Ecopetrol, pero el próximo no quedarán más joyas para empeñar. Por eso, antes de que finalice el mes, los colombianos conocerán un borrador de texto que causará mucha controversia. El motivo es que todo apunta a la universalización del IVA como el plato fuerte del articulado.
La explicación principal del desbarajuste actual es la pandemia. Por cuenta de la emergencia en salud y las medidas adoptadas con el propósito de contener la propagación del virus se cayeron los recaudos y aumentaron los gastos.
En un momento dado se llegó a pensar que el gran esfuerzo tendría lugar en 2020, con la expansión de camas hospitalarias y unidades de cuidado intensivo, al igual que por los programas diseñados para preservar los empleos formales, apoyar a las empresas y hacerles transferencias a las familias más vulnerables. Sin embargo, ahora es evidente que las obligaciones, lejos de disminuir, son más, pues aparte de lo señalado hay que pagar las vacunas y toda la logística asociada a su aplicación.
A los planes de emergencia que apuntan a prolongarse en el tiempo se suma un ambicioso programa de inversiones orientado a estimular la economía. En la medida en que esos fondos se ejecuten y la reactivación de actividades siga su curso será posible que el desempleo baje. Pero aun los optimistas reconocen que salir del bache tomará tiempo, por lo cual solo en 2022 sería posible volver al nivel de 2019.
Cruzarse de brazos es la peor opción. Para Mauricio Santamaría, presidente de Anif, “sería como remplazar una crisis con otra crisis”. La certeza de que viene un desequilibrio fiscal mayor le implicaría al país perder el grado de inversión que tienen sus papeles de deuda. Esto, a su vez, se traduciría en un costo mayor a la hora de endeudarse tanto en el caso del Estado como de los particulares, además de que traería un alza en la tasa de cambio.
Tal circunstancia daría origen a un círculo vicioso, que a su vez afectaría las decisiones de emprender nuevos proyectos y la llegada de capitales del exterior. Aun si se logra evitar un cataclismo, perder la confianza en el buen manejo económico operaría como un lastre en el crecimiento que duraría años, lo cual exacerbaría los problemas sociales.
Hecha la advertencia, el camino de hacer reformas tampoco es fácil. A nadie le gusta pagar más impuestos y menos en una coyuntura compleja. Como si eso fuera poco, poner el tema sobre la mesa un año antes de las elecciones legislativas y con la primera vuelta de las presidenciales en catorce meses largos servirá para que muchos dirigentes traten de pescar en el río revuelto del descontento.

Propuestas varias

No obstante, hay quienes opinan que la crisis se puede convertir en una oportunidad. Ese es el caso de Fedesarrollo, que la semana pasada planteó la necesidad de una reforma integral que debería abordar cuatro grandes temas al mismo tiempo: la política social, laboral, pensional y tributaria. Como afirma Eduardo Lora, uno de los arquitectos de la propuesta, “por paradójico que suene, es más fácil hacer todas les reformas juntas que separadas”.
El argumento es que solo así será posible “eliminar las exclusiones sociales y productivas que continúan ubicando a Colombia entre los países más desiguales del mundo”. Las injusticias ya venían de antes, pero son mucho más notorias como consecuencia de la pandemia, que habría dejado a 3 millones de personas adicionales en condición de pobreza.
La iniciativa habla de universalizar el programa de Colombia Mayor para darles a todos los mayores de 65 años un monto de 412.000 pesos mensuales, además de crear una renta mínima de 138.000 pesos mensuales destinada a los hogares en condición de pobreza. También propone cambios a los aportes parafiscales y de seguridad social que hacen los individuos y las empresas, con el fin de combatir la informalidad.
Para financiar ese esfuerzo habría que eliminar una serie de exenciones y descuentos a las sociedades, mientras que en lo que atañe a los individuos los contribuyentes al impuesto de renta pasarían de 900.000 a 1,5 millones de personas. También aumentaría la tarifa que pagan los dividendos y se ampliaría el impuesto al patrimonio.
Por su parte, el IVA cubriría los bienes y servicios actualmente exentos con una tarifa que subiría gradualmente hasta ser del 8 por ciento en 2024. Como compensación, los hogares pertenecientes al 40 por ciento que está en la parte baja de la pirámide de ingresos recibirían 63.000 pesos mensuales.
El resultado, según sus promotores, reduciría sustancialmente la desigualdad del ingreso y sacará a 4,5 millones de personas de la pobreza. Además, incentivaría la creación de al menos 815.000 empleos formales y traería un alza de medio punto porcentual anual en la tasa de crecimiento.
Anif, a su vez, señala que ahora sí llegó el momento de una verdadera reforma fiscal. Para comenzar, porque la situación es poco menos que desesperada y no existe luz al final del túnel para las finanzas públicas, que se caracterizan por bajo recaudo, necesidades crecientes, falta de progresividad y una gran complejidad del sistema impositivo.
Las comparaciones internacionales nos dejan mal parados pues no solo recaudamos menos que el promedio, sino que las cargas están mal repartidas y el propio método de pago de impuestos es difícil. Al respecto, la entidad también hace planteamientos específicos, que merecen un examen detallado.
Existen, entonces, dos aproximaciones. La primera es comprensiva y abarca varias áreas, mientras la segunda es secuencial y arranca por el lado tributario. Ambas, en todo caso, le apuntan al mismo objetivo: equidad y crecimiento.
Al respecto, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señala que “cuando se trata de resolver las enormes exclusiones sociales y productivas y pensar en el bienestar de millones de colombianos no podemos ser tímidos y gradualistas, debemos ser ambiciosos”. Y agrega: “Lo fácil y cómodo sería no hacer nada”.

Más de un obstáculo

Dicha afirmación se estrella con otras realidades. Sacar adelante reformas que tocan múltiples intereses creados es algo muy difícil en Colombia, incluso en tiempos normales. Para comenzar, resulta indispensable contar con una buena dosis de liderazgo para poder construir consensos básicos alrededor de asuntos claves.
Eso que suena tan fácil en teoría es muy difícil en la práctica. Aparte de que Iván Duque tiene el sol a la espalda, sus índices de popularidad son bajos. Ello hace que cuente con un capital político menguado, a lo cual se suma la llegada de la temporada electoral en la cual los aspirantes al Congreso y a la Presidencia buscarán ganarse el favor de una opinión fragmentada y polarizada.
Como si lo anterior fuera poco, el populismo está a la orden del día. Agobiados por el desempleo y la falta de oportunidades, millones de colombianos pueden sentirse tentados por propuestas que suenan fáciles y prometen recompensas sin sacrificio. Sacar gente a la calle será fácil, pues razones para protestar hay muchas.
Debido a ello, la discusión necesita más participantes. En ese sentido, valdría la pena que el sector privado se involucre, a sabiendas de que el mejor negocio que puede hacer es contribuir a que la economía sea más vigorosa y el país más justo.
Lamentablemente, lo que se ha visto hasta ahora por parte de algunos gremios es la insistencia para preservar los privilegios conseguidos, con lo cual, si nadie cede, avanzar se vuelve imposible. En el peor de los casos eso llevará al naufragio de cualquier iniciativa o a leyes que acaban siendo una verdadera colcha de retazos, con lo cual aumenta la desconfianza de los ciudadanos ante sus dirigentes.
Y el peligro de ese escenario es claro. Es posible imaginar lo que puede pasar dentro de doce meses si la economía todavía sigue en el bache causado por la pandemia y la pobreza no disminuye. “Por eso no basta con pedir más sacrificios, sino que es indispensable hacer avances en lo social”, señala Mauricio Reina. “Dejar que el debate se presente como el objetivo de quedar bien con las calificadoras de riesgo y no con los colombianos sería un terrible error”, agrega.
De ahí que es clave que la administración Duque juegue bien sus cartas. El borrador de reforma que el ministro de Hacienda planea radicar en el Capitolio antes de que acabe el mes deberá venir acompañado de un esfuerzo de comunicaciones indispensable para convencer a una opinión escéptica, aparte de las bancadas afines a la Casa de Nariño.
Y los diálogos que comiencen a partir de ahí requerirán mezclar objetivos claros, con la indispensable necesidad de mostrar humildad para aceptar ideas ajenas. Incorporar al análisis lo dicho por Anif y Fedesarrollo sería un buen comienzo, pero habrá que abrir más el compás a ver si el establecimiento es capaz de enderezar el rumbo a punta de buena voluntad.
Lo que está en juego no es de orden menor. Ahora que la emergencia derivada del coronavirus apunta a quedar atrás, el remedio no tiene que ser peor que la enfermedad.
Si toma las decisiones correctas, Colombia podrá convertir la peor crisis sanitaria y económica de su historia reciente en una verdadera oportunidad de desarrollo. Si no, quedará como esos enfermos crónicos: con pronóstico reservado.
Ricardo Ávila
Analista Sénior de EL TIEMPO
@Ravilapinto
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