Los 3,2 billones de pesos que, según el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo, costaron las 51 leyes aprobadas en el 2016, son pocos, frente a la demanda financiera que viene en camino, proveniente de las iniciativas de los congresistas, lo que puso en alerta al Ministerio de Hacienda.
Una verdadera avalancha de proyectos de ley está llegando al Congreso y, pese a demandar altos montos, en plena desaceleración económica, podrían pasar sin mucho tropiezo, teniendo en cuenta que están ya en un nivel de avance casi irreversible o, por norma, no requieren ni siquiera el famoso aval del Gobierno.
El impacto económico de la mayoría de estas ‘preleyes’ es a largo plazo, y no se trata de pocos recursos. Por ejemplo, cinco iniciativas en materia económica, de las cuales, algunas ya tienen cita para el cuarto y último debate, tendrían un impacto financiero de 6,5 billones de pesos, es decir, el doble de lo que costaron todas las leyes aprobadas el año pasado.
Otras tantas, dentro de las que se destacan tres, aún están pendientes de la ponencia con la cual se sustentará el desbordado gasto en la bolsa pública que, por demás, se llena principalmente con el aporte tributario de todos los colombianos o con endeudamiento del país.
Hay que destacar que estos recursos corresponden apenas a los proyectos que más tajada del presupuesto general requerirían, porque desde el 20 de julio del 2017, tras la instalación de las sesiones del Legislativo, ya van 300 propuestas radicadas, entre proyectos de ley y actos legislativos de toda índole.
Aparte de la demanda financiera que agregan los proyectos parlamentarios, están también las cifras, no contabilizadas en este conteo, que requerirá el país, en el próximo año, por implementación de programas relacionados con el proceso de paz, lo que llevaría, según expertos, a triplicar la necesidad de dinero para cubrir el costo de las leyes.
El proyecto más avanzado, dentro de los de alto impacto económico hasta ahora, está dirigido a la protección del adulto mayor. Sin desconocer que se trata de una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad en el país, no se controló la variable financiera.
La propuesta, proveniente de un grupo de parlamentarios del Centro Democrático, busca garantizar que todo valor de subsidio que se les otorgue a los ancianos, debe estar por encima de la cifra que inscribe a las personas en la línea de pobreza. Esto implica que, si en la actualidad el Estado les da una ayuda de 75.000 pesos, tras la aprobación del proyecto el apoyo debería ser de 241.673 pesos.
Para el fisco, según cálculos del Ministerio de Hacienda, representaría un impacto fiscal de 3,3 billones de pesos, toda vez que en la actualidad hay 1’500.938 personas en el programa de adultos mayores y hay una posible ampliación de 100 nuevos beneficiarios de este subsidio (se recuerda que hay 600.000 en lista de espera).
Un segundo proyecto, dentro de este paquete que muestra al Congreso desbordado en leyes costosas, en un país que ha tenido unos años difíciles en materia financiera, también tiene un objetivo social. Su búsqueda es que el sistema de salud garantice la realización del tamizaje neonatal de manera progresiva, obligatoria y gratuita para todo recién nacido en Colombia. Esto, enfocado a detectar en forma temprana los problemas de ceguera o sordera congénitas.
Según cálculos del Minhacienda, el tamizaje ampliado que se propone tendría un costo de 301.000 millones de pesos anuales, contando con que, en los últimos siete años, el promedio de nacimientos es de 661.000 niños.
Dentro de la lista de proyectos de alto impacto que se tramitan en el Congreso también se destaca el de ajuste anual de pensiones, con el cual se pretende que las pensiones inferiores a tres salarios mínimos, en cualquiera de los regímenes de aseguramiento para la vejez, se ajusten anualmente, según el incremento del salario mínimo.
Para ello, según lo estimado por Minhacienda, se necesitarían 160.000 millones de pesos en el 2017, llegando a 3,6 billones en el 2030.
En alto costo de leyes tampoco se queda atrás la propuesta del senador Luis Fernando Duque, para que se le dé gratuidad en los programas de educación superior de pregrado a los estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisbén, cuyo costo ha sido estimado en un rango de 473.286 y 946.573 millones anuales.
Por último y no de menor impacto, está el proyecto que busca que los niños y adolescentes disfruten de la práctica del juego, la recreación, el deporte y el cine durante las vacaciones, lo que costaría entre 315.000 millones y 1,8 billones de pesos, incluyendo refrigerios y almuerzos que propone la iniciativa.
Ante ello, el llamado del Gobierno es para que el Congreso estudie la fuente financiera de los proyectos antes de tramitarlos.
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