La presencia de grupos ilegales en una guerra sin cuartel por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal se ha convertido en la principal amenaza para los campesinos, indígenas, afrodescendientes, propietarios de predios y empresarios del norte del Cauca que, a su vez, enfrentan disputas por tierras desde inicios del siglo XX.
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El conflicto sigue más presente que nunca. Son constantes los incendios de cultivos, en su mayoría de caña de azúcar, los daños de las infraestructuras de riego, las amenazas y hasta la destrucción de las viviendas de los trabajadores, lo que a su vez impide la actividad productiva e implica una pérdida de puestos de trabajo en uno de los departamentos más golpeados por la violencia de Colombia.
La mayor parte de la población de esta zona vive en el campo y deriva su sustento de las actividades agropecuarias. Además de la caña, en la subregión del norte de este departamento hay panela, cacao, café, plátano, fríjol o papa, y también producción ganadera. Sin embargo, en medio de las amenazas, despojo de tierras, desplazamiento, reclutamiento forzado y cultivos ilícitos, entre otros, la economía está estancada.
Esta solo representa el 1,8 por ciento del producto nacional y los niveles de pobreza llegan al 55,6 por ciento de la población, según los últimos datos del 2020.
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A ello se suma la ocupación de tierras por parte de los indígenas. Desde diciembre del 2014, la comunidad nasa retomó lo que llaman el proceso denominado ‘liberación de la Madre Tierra’.
Estos continúan exigiendo la reparación por la masacre del Nilo-Caloto llevada a cabo en 1991, en donde 21 comuneros indígenas nasas fueron ejecutados, por lo cual se responsabilizó y condenó al Estado a pagar una serie de indemnizaciones a los familiares y a la restitución de 16.663 hectáreas de tierra.
Reclaman el incumplimiento de acuerdos sobre tierras, el no uso excesivo de la Fuerza Pública o la elaboración de planes de vida para poner a producir la tierra.
Escalada de violenciaEste combo explosivo no ha hecho más que agravarse en los últimos meses. Los hechos de violencia no cesan y la invasión de tierras y amenazas es una constante.
De las 200 hectáreas que estaban ocupadas hace siete años se ha pasado a unas 5.276 hectáreas afectadas en la actualidad. Además, los gremios económicos alertan de que hay 2.845 hectáreas invadidas en las cuales no se puede adelantar ninguna actividad productiva.
“Entran por la noche a los predios y fumigan con glifosato el pasto, los árboles, queman todo lo que encuentran a su paso
Esta situación se está viviendo principalmente en predios privados ubicados en municipios como Corinto, Caloto, Guachené, Padilla, Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Miranda.
En estos, las comunidades se enfrentan a continuos incendios, robos, destrucción de viviendas e ingreso de ganado, entre otros, lo que está obligando a las comunidades a desplazarse de manera forzosa.
También hay amenazas y ataques a los trabajadores (mayordomos, trabajadores de campo, maquinistas o ingenieros, entre otros) que impiden su ejercicio laboral, su libre movilidad en el territorio e incluso se han presentado secuestros y asesinatos.
Incluso, Hernán Garcés Sandoval, gerente del Comité de Ganaderos del Cauca, denuncia que la invasión de propiedades privadas no solo se está dando en predios medianos y grandes, sino que también está afectando a los pequeños y que la problemática se extiende por todo el departamento.
“Entran por la noche a los predios y fumigan con glifosato el pasto, los árboles, queman todo lo que encuentran a su paso. Y los animales, en nuestro caso las vacas, se quedan sin comida y sin agua, porque también pican las tuberías y dañan la infraestructura, se roban los alambres, mandan panfletos con amenazas. Comienzan a generar un proceso para aburrir al propietario y que este tenga la obligación de vender”, alerta Garcés.
Además, también se han presentado afectaciones al medioambiente, ocasionadas por la contaminación de las fuentes hídricas, quema y tala indiscriminada de árboles que, entre otras cosas, es una práctica que impide el paso de la Fuerza Pública y es usada también para controlar el acceso a las propiedades.
Toda esta situación tiene en alerta máxima al empresariado de la zona. Estos se sienten desamparados, a su suerte, y reclaman la presencia inmediata de la Fiscalía para que no se sigan cometiendo todos estos actos de violencia y que todo quede impune.
De hecho, los gremios del sector agroindustrial del Valle del Cauca y Cauca, Procaña, SAG Cauca, SAG Valle y Asocaña, hicieron hace unos días un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, al Gobierno Nacional, a los gobernadores de estos departamentos y a los alcaldes de los municipios afectados, para que propongan acciones inmediatas, tendientes a solucionar de manera definitiva el problema de violencia que está afectando a esta zona del país.
“Los propietarios de predios, cultivadores y el sector productivo no cuentan con garantías para el ejercicio del derecho al desarrollo de empresa y a la propiedad privada, la cual ha sido históricamente legítima. Ni los empresarios ni los trabajadores ni los habitantes de la región cuentan actualmente con garantías para la protección de su vida y su integridad personal. Las continuas agresiones intimidan a todos los trabajadores del campo y está siendo imposible ejercer el derecho al trabajo en la zona. Indiscutiblemente no existen las condiciones para llevar a cabo alguna actividad productiva legal en esta región”, resaltan desde Asocaña.
Hay que destacar que la agroindustria de la caña tiene una significativa incidencia en la actividad económica del Cauca.
Según el gremio que reúne a los ingenios azucareros más importantes del país, esta representa el 22,2 por ciento del PIB industrial, 19,7 por ciento del PIB agrícola y cerca del 10 por ciento del PIB Total.
Además, genera 48.000 empleos directos e indirectos, es decir, el 10 por ciento del personal ocupado del departamento.
El sector agroindustrial de la caña reitera su voluntad para hacer parte de las apuestas conjuntas que generen mejores condiciones de vida para las poblaciones y resalta el papel que tienen los líderes sociales con quienes colectivamente se construyen soluciones que propenden hacia una región sostenible y que son pieza clave en el desarrollo de estos procesos.
En ese sentido, por ejemplo, en Jambaló se está trabajando con las autoridades indígenas en un plan para la erradicación manual y voluntaria de coca y marihuana, entre otros, en algunos territorios y para que estas comunidades tengan alternativas económicas.
Pero las consecuencias de esta problemática llevan años afectando al sector productivo y ahuyentando a los empresarios no solo del norte, sino de todo el departamento.
La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz Otoya, dice que esta situación envía un mensaje sumamente preocupante para la inversión. “No hay estabilidad jurídica, los empresarios no saben en qué momento van a ser susceptibles de invasiones. A veces pienso que somos un departamento inviable”, sostiene.
Y recalca que en los últimos años grandes empresas han preferido dejar estas tierras por otras sin tanta violencia, en las que no les cierren las vías o les ocupen sus tierras.
Cuenta que hace años se fue Alpina, que transformaba la leche de sus unidades productivas en la meseta de Popayán o, más recientemente, Avícola San Marino, entre otras.
“Los grandes empresarios no piensan en invertir en el departamento y muchos se van. Cada vez que hay un bloqueo en la vía Panamericana, el Gobierno viene y se compromete a ciertas cosas, entre ellas, la entrega de tierras. No ocurre y después llegan las invasiones y las empresas se van”, explica.
Un ejemplo importante de la afectación que ha padecido el empresariado de la zona es el de Smurfit Kappa. En total, durante el 2021, 18 fincas de la empresa fueron invadidas en el departamento: 13 de ellas en Cajibío, cuatro en Suárez y una en Popayán.
Y aunque actualmente ninguno de estos predios está siendo ocupado por invasores, la compañía hace un llamado a todos los actores involucrados para que, a través del diálogo participativo, se establezcan puntos de encuentro y confianza que propicien la convivencia pacífica, el respeto a los derechos legales y faciliten el desarrollo del territorio.
“Sin duda, se necesitará que el Gobierno Nacional, a través de distintas entidades como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente, llegue a los territorios para liderar procesos de diálogo que permitan identificar las causas estructurales del conflicto de tierras e implementar soluciones en pro del desarrollo de la región”, le dicen a EL TIEMPO.
Y cuentan que la ocupación de tierras y los daños a estas varían dependiendo la zona.
Por ejemplo, dicen que, en el caso del municipio de Cajibío, fueron invadidas a partir del 27 de julio de 2021 por parte de algunos integrantes de la etnia indígena misak, bajo el argumento de recuperar las tierras que, señalan, fueron usurpadas desde la llegada de los conquistadores en 1492.
Entre las afectaciones registradas por esta invasión se contabilizaban: 205 hectáreas quemadas, más de 42.000 metros cúbicos de madera tumbada, 200 hectáreas de plantaciones forestales de menos de cinco años de edad destruidas, 200 hectáreas de plantaciones forestales de menos de cinco años de edad quemadas, dos cursos de agua desviados y contaminación del río Negro, río Cajibío y la quebrada Carrizales.
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