Con un presupuesto de más de 5.000 millones de pesos para el 2017, la gestión con el fondo parafiscal de las gasolineras, conocido como Soldicom, no tiene contentos a todos los aportantes, quienes se quejan de que no ven los resultados.
Dicho fondo fue creado hace 27 años por una ley que le encomendó recaudar recursos para actividades a favor de los minoristas de combustibles, a los que les retienen el 0,5 por ciento del margen de rentabilidad por cada galón de gasolina, a cambio de recibir bienestar social.
Para el cobro del porcentaje que nutre al fondo se utiliza la estructura del precio de la gasolina, según la cual al pequeño distribuidor le quedan 706 pesos con 34 centavos por galón (margen de utilidad), y, aunque haya estaciones de servicio vendiendo por debajo de dicho precio, la retención es la misma.
“Si estas estaciones compran por ejemplo 1.000 galones de gasolina para venderlo al público; el mayorista que provee el combustible retiene los recursos y los consigna en una fiducia. Nosotros no recibimos el dinero”, dice Henry Ruiz, director de Fendipetróleo, la agremiación que recoge a la mayor parte de distribuidores minoristas, por lo cual le adjudican cada dos años la administración del fondo, situación con la que no todos los asociados están conformes.
La ley dice que para conducir los destinos del fondo, el gremio elegido ha de tener el 30 por ciento de los minoristas asociados. Desde esa perspectiva, dice el Ministerio de Minas, ningún otro gremio cumple con el requisito, aunque algunos de los aportantes a Soldicom, como Fedispetrol, gremio con el 4 por ciento de los minoristas, reclaman que Fendipetróleo es una confederación.
Inclusive hay en curso una demanda en la cual alegan que “el administrador de Soldicom es una confederación y que, además, no puede seguir administrando el fondo, pues tiene sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, con montos superiores a su patrimonio”, dice la acción jurídica.
En medio de estos conflictos, las tareas que debe adelantar el administrador de Soldicom con sus millonarios recursos, señaladas por la misma ley del 89, no las están viendo muchos de los aportantes.
“Velar por su seguridad física y social; realizar estudios técnicos sobre el mercado, administración y rentabilidad de la distribución de los derivados del petróleo; realizar programas sobre aseguramiento y prevención de riesgos de su actividad; prestarles asistencia financiera, educativa, técnica y administrativa en sus establecimientos de distribución de petróleo y sus derivados, y darles apoyo para la dotación y adecuación de sus establecimientos, a fin de que cumplan con el servicio público de manera eficiente” son los puntos que señala la norma.
No obstante, aportantes como Alfonso López, gerente de la minorista Servitrans, expresa que escasamente han recibido una póliza de seguros contra derrames de hidrocarburo, y las capacitaciones se ofrecen muy ocasionalmente, “cada vez que hay un escándalo”, indicó.
De acuerdo con el presupuesto de la presente vigencia, el rubro destinado a los proyectos de formación es uno de los más abultados (1.692 millones de pesos), después de los gastos operacionales, que ascienden a 2.193 millones de pesos.
Precisamente, este último es uno de los aspectos que incomoda a los reclamantes de la gestión de Soldicom, puesto que representa el 40,4 por ciento del recaudo total.
A la Corte Constitucional han llegado varias acciones jurídicas pidiendo la nulidad de la ley, con argumentos como el de una demanda del 2011: “Correspondía al legislador, y no al Ejecutivo, fijar dentro de las reglas de reparto, la cuota máxima que se debía pagar por la administración de este recurso parafiscal. Esta omisión del legislador ha permitido que mediante contratos de carácter privado se fijen cuotas de administración cercanas al 50 por ciento de los recaudos, con lo cual se termina beneficiando a un particular”.
Con acciones jurídicas que van y vienen, Soldicom estuvo congelado durante un año y medio, pero dos años después retornó a Fendipetróleo, por lo cual se generaron suspicacias porque, al decir de algunas fuentes, estaría siendo auspiciado para que obtenga reiterativamente el contrato de administración.
Sin embargo, una fuente del Ministerio de Minas indicó que la historia se repite cada dos años, cuando está próxima la fecha de terminación del contrato de administración. “Hace dos años, cuando le fue adjudicado el contrato a Fendipetróleo, este gremio tenía el 49 por ciento de las estaciones de servicio. No hay otro que cumpla el requisito exigido por la ley”.
Henry Ruiz, quien solo lleva tres meses al frente de Fendipetróleo, señala que “las 5.000 estaciones de gasolina que hay en Colombia están regadas en el territorio nacional. Así como hay en Leticia, hay en La Guajira, Cumaribo y Puerto Carreño”.
En consecuencia, “en el presupuesto vigente se autorizó que haya asesores ambientales, uno de los temas álgidos para estos centros de servicio. Esto se hace en convenio con las federaciones de Fendipetróleo, pues sería imposible que un fondo de cinco personas en Bogotá llegara con capacitación a todos esos lugares”.
El directivo argumentó que “en todas las regiones tenemos gente prestando esos servicios; por eso se sube el rubro de gastos operacionales”.
Además, agregó, el presupuesto es presentado con antelación a las juntas directivas, tanto de Soldicom como de Fendipetróleo, luego de lo cual es revisado por el Ministerio de Minas y mensualmente se informa qué es lo que se hace, se trabaja con las corporaciones autónomas; la Contraloría hace sus auditorías. En fin, el gremio de los combustibles es el más controlado a nivel nacional”, indicó.
Según el presidente de Fendipetróleo, los dineros están en una fiducia que maneja Bancolombia y tiene alrededor de 13.500 millones de pesos.
“Son tantos los filtros que muchas de las propuestas que se hacen, a sabiendas de que se necesitan, terminan con un no. Aún así, hemos ejecutado. Mensualmente ingresan 450 millones de pesos que van directo al fondo, el cual se administra bajo directrices de la junta, enmarcados en la ley y la supervisión de Minminas”.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios