La ponencia del acto legislativo de regalías, que fue radicada este martes en el Congreso, para el segundo de cuatro debates (por la vía fast track), convenció a los parlamentarios de la Cámara que aprobaron en segundo debate la iniciativa, a través de la cual, se plantea un revolcón al sistema de regalías, para orientar parte de estos recursos hacia la paz.
Este es el el segundo presupuesto más importante del país– y busca apalancar el rango de maniobra para hacer inversiones en la paz.
No obstante, la iniciativa, que fue votada por 105 congresistas a favor y 10 en contra, generó controversia.
En la nueva ponencia se incluyó un parágrafo que permitirá, durante 20 años, que los recursos de regalías sean invertidos de manera más rápida, es decir, sin pasar por un Ocad. Esto, cuando la destinación para un municipio, durante los dos años que incluye el presupuesto de regalías, sea inferior a 3.000 millones de pesos (4.000 salarios mínimos).
Otra condición para que los proyectos puedan ser aprobados directamente en las regiones es que “contribuyan a la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, dice la ponencia.
Esto atañe a prácticamente todos los municipios de Colombia (896 de 1.100), lo que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, catalogó como un beneficio para los municipios de categorías 4, 5 y 6, que son los más pequeños y necesitados de recursos para invertir.
Pero un experto en asuntos contractuales, que pidió reserva de su nombre, dijo que esta medida implica “convertir estos dineros en una caja menor para aceitar maquinarias regionales, con alto riesgo de corrupción y pérdida de los recursos”.
Hay que recordar que la idea original del acto legislativo que modificó la forma de distribución de las regalías era precisamente poner filtros para evitar el mal uso de esta plata que reciben las regiones por la explotación del subsuelo.
Ese filtro eran los Ocad (órganos colegiados de administración y decisión), en los que hay una instancia nacional, una departamental y otra local. “Los demás proyectos (los que no tienen que ver con el posconflicto) seguirán siendo definidos por el Ocad respectivo”, dice la ponencia, cuyos cambios, según indicó Cárdenas, se le deben a los parlamentarios que figuran como ponentes.
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