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Superindustria emite orden para poner en cintura a acaparadores

Foto:Archivo particular

Ante más de 1.400 denuncias ciudadanas, principalmente por aumento en precios.

Martha Morales
Más de 1.400 denuncias ciudadanas que ha recibido el superintendente de industria y comercio, Andrés Barreto, llevaron a esa entidad a emitir una orden administrativa, en la que pone en el foco la necesidad de cumplir con el estatuto del consumidor, so pena de incurrir en onerosas sanciones.
La orden administrativa va dirigida a expendedores de productos claves en la pandemia, como alimentos y artículos de aseo y para la salud, alrededor de los cuales se han presentado quejas de los compradores, en relación con acaparamiento y especulación.
Según indicó Barreto, el 92 por ciento de las quejas ciudadanas tienen que ver con aumento de precios, un 6 por ciento hacen alusión a alcoholes, geles y tapabocas, y el restante 2 por ciento a otros reclamos.
El llamado de Barreto es a "no acaparar, retirar la publicidad engañosa que habla de curas inexistente, tomar las medidas necesarias para la bioseguridad de los compradores y de los trabajadores de los sitios de expendio".
En la orden administrativa expedida a tenderos, droguistas y demás expendedores, se recuerda el derecho que tiene el consumidor a recibir productos de calidad; recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado.
Se refiere al derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo.
La Superintendencia recordó que las sanciones establecidas van desde multas hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Pero también se contemplan otras más drásticas, cuando hay desacato reiterado de las indicaciones, como el cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días, o cierre definitivo, según la gravedad de la falta.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Martha Morales
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