El debate al proyecto de presupuesto 2019 que se realizó este miércoles en las comisiones económicas del Congreso generó preocupación, tras la exposición de las cifras que hizo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, según las cuales, en la carta financiera para el próximo año hay un faltante de 25 billones de pesos (casi 4 veces lo que recibió el Estado por la venta de Isagán: $ 6,4 billones). Dichos recursos son necesarios para cumplir con los programas prometidos por el Gobierno del Presidente Duque durante su campaña. “No se trata de ver si los programas desfinanciados son o no son de este o del anterior gobierno. Son políticas de Estado”, indicó el Ministro.
Es así como, en el largo listado expuesto por Carrasquilla figuran necesidades de casi todos los sectores que hacen parte de la torta presupuestal, pero muchas son de honda sensibilidad social, como es el caso del faltante económico para “completar 2 ciclos del 2018 y 6 ciclos del 2019 de 2,5 millones de beneficiarios del programa familias en acción (faltan $ 1,9 billones); la construcción y mantenimiento de centros de reclusión ($ 43 mil millones); o los subsidios eléctricos y de gas ($ 1,2 billones), y la plata que aún se requiere para igualar la UPC del régimen contributivo y subsidiado ($ 1,9 billones)”, para mencionar solo algunos.
Al decir de Carrasquilla, varias de estas tareas están explícitas en el presupuesto en términos genéricos, pero sin plata o con una financiación incompleta.
A ello se le agrega que “el 95 por ciento de los gastos del presupuesto en discusión son rígidos. “No se puede cambiar el diseño presupuestal de un minuto a otro, solo reconstruirlo”.
Tres de los rubros inflexibles se llevan cerca del 80 por ciento del Presupuesto 2019
En esas rigideces entran temas como el pago de los intereses de la deuda del país, que vale 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de 30 billones. “No se puede cambiar el pago de intereses pactados para honrar una deuda”.
Tampoco es posible transformar las cifras destinadas a financiar el Sistema General de Participaciones, cuya demanda de recursos es de 34 billones de pesos; y mucho menos las mesadas pensionales, que sobrepasan los 40 billones en el presupuesto del próximo año.
“Esos 3 rubros suman cerca del 80 por ciento del Presupuesto 2019”, dijo Carrasquilla, y agregó, “el tamaño del problema que tenemos por resolver es grande”.
Por ello, propuso al Congreso, para la discusión que se dará desde la semana entrante, en el marco de las mesas de trabajo con los ponentes de la iniciativa, que se estudie una ley de financiamiento que incluya fuentes tributarias y no tributarias.
Algunas alternativas de financiación que he propuesto yo, no el Gobierno, son impopulares. Acepto la crítica
“Algunas alternativas de financiación que he propuesto yo, no el Gobierno, son impopulares. Acepto la crítica. Pero tenemos un problema que resolver, un faltante de 25 billones de pesos. Hay que iniciar un diálogo constructivo”.
Hay que recordar que la carta presupuestal que propicia los debates en el Congreso va por un monto total de 259 billones de pesos que, según el proyecto presentado por el anterior gobierno, tendrá fuentes de recursos de la Nación en su mayoría ($ 243 billones) y 16 billones de pesos serán aportados por los recursos propios de las entidades del Gobierno.
No obstante, las cuentas ya han sido objeto de crítica por parte de los parlamentarios, toda vez que, gran parte de los recursos de la Nación se obtienen vía impuestos, lo que, para cumplirse, requiere una mayor eficiencia de la economía o una reforma tributaria que cobre más tributos e incluya a más gente en la base de contribuyentes, lo que hasta ahora ha sido tildado de impopular y en contra vía de lo propuesto por el Gobierno en campaña.
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