En Europa hay dos cosas que funcionan: la Corte Europea de Justicia, en Luxemburgo, y el Banco Central Europeo (BCE), en Fráncfort. Los jueces de Luxemburgo han obligado a los bancos españoles, por ejemplo, a indemnizar a los afectados por las cláusulas abusivas. Y los mandarines del BCE han salvado al euro en varias ocasiones; la más legendaria quizá sea aquel “haré lo que sea necesario” de Mario Draghi en lo peor de la crisis, o la operación política que permitió al BCE anunciar las compras de activos a pesar de las reticencias de Alemania.
El BCE, sin embargo, lleva meses siendo objeto de críticas por todos lados. Transparencia Internacional puso ayer el dedo en la llaga: criticó con dureza el déficit democrático del eurobanco. Cree que pudo haberse excedido en su mandato y que eso casa mal con su proverbial falta de transparencia. Y arremete contra el “escaso escrutinio público”.
Transparencia sugiere que el BCE se ha extralimitado en los últimos años, y se suma así a las críticas del nuevo partido del exministro griego Yanis Varoufakis, quien ha recogido 25.000 firmas para obtener más información acerca de las decisiones del eurobanco que obligaron a Atenas a establecer el control de capitales, un corralito que impedía a los clientes de los bancos sacar más de 60 euros al día de su cuenta corriente.
La defensora del pueblo europeo, Mary O’Reilly, investiga también a Draghi por su pertenencia al centro de estudios G-30, con sede en Washington, que se fundó en 1978 con aportes de la Fundación Rockefeller, y que integra a personajes destacados sobre todo del sector financiero. O’Reilly ha acusado a Draghi y los suyos de dar información privilegiada a algunos actores del sector financiero: lo mismo hace Transparencia, que además reclama que el BCE salga de la troika.
La ONG critica al BCE como supervisor, lo que puede provocar serios conflictos de interés.
“El papel del BCE es más indispensable que nunca”, señala el informe de Transparencia: “Ha sido la institución más activa, pero su activismo ha ido más allá del papel que le otorgaba la arquitectura institucional de la zona euro”. Transparencia apunta que su presidente y los consejeros “están sujetos ya al control del Parlamento Europeo”. La ONG critica el papel del BCE como supervisor financiero, que puede acabar provocando serios conflictos de interés.
Draghi ha agradecido esas críticas, pero se ha dedicado a echar balones fuera, algo en lo que es especialista: “El deber de las instituciones europeas es legitimarse reforzando la rendición de cuentas democrática, pero también mostrando que se consiguen los objetivos para los que fueron creadas”. Traducción bíblica: Draghi concede que la transparencia podría mejorar, pero que al cabo el eurobanco ha logrado buenos resultados.
El informe es demoledor con varios de los capítulos más polémicos en los que ha participado el BCE. En Grecia, el eurobanco dejó de aceptar deuda griega como garantía y eso obligó a los bancos helenos a depender de las Líneas de Liquidez de Emergencia del BCE. Al final, Atenas se vio obligada a establecer los citados controles de capital. Fráncfort ejerció así “una presión muy significativa sobre el Gobierno griego en sus negociaciones con la troika”, de la que también forma parte del BCE.
Transparencia reclama que el eurobanco lleve un registro de transparencia para evitar lo que ocurrió en el verano del 2015: Benoit Coeuré, consejero ejecutivo del BCE, informó a puerta cerrada en una reunión con gestores de fondos, en Londres, de una modificación en la arquitectura de la compra de activos antes de que esa información fuese pública. Alguno de los presentes se llenó los bolsillos con ese soplo.
Finalmente, Transparencia carga contra las puertas giratorias: miembros destacados del BCE han pasado con rapidez al sector financiero al dejar el banco, como José Manuel González Páramo (BBVA), Axel Weber (UBS), Otmar Issing (Goldman Sachs) o Jorg Asmussen (Lazard).
CLAUDI PÉREZ
Ediciones EL PAÍS, SL 2017
Comentar