Si hay una actividad en Colombia de la que muy poco se sabe, pero de la que se comenta mucho en voz baja esa es el ‘gota a gota’, un negocio que, según estimaciones de analistas, maneja una cartera de más de cinco billones de pesos en el país y que, por cuenta de la actual pandemia que tiene en apuros financieros a cientos de familias, puede dispararse con facilidad.
De quienes mueven los hilos de este lucrativo negocio ilegal poco se sabe, como tampoco del origen de los millonarios recursos que se multiplican por miles en cuestión de días, aunque se dice que provienen del narcotráfico, el contrabando, el secuestro, la guerrilla y de toda suerte de actividades al margen de la ley.
El dato de cuántos colombianos financian sus negocios y gastos con el ‘gota a gota o pagadiario’, igual se desconoce. Y cuando se trata de indagar sobre el monto de las deudas atrasadas de las personas con este oscuro negocio y cómo es el cobro a los morosos, el silencio es absoluto.
Golpizas, desplazamiento forzado, extorsiones, amenazas de muerte, violaciones y hasta asesinatos, se vinculan con esos métodos de cobro a los deudores morosos por parte de quienes prestan plata a tasas que superan el 10 y 20 por ciento diario, según reportes de la propia Fiscalía General de la Nación.
Y si bien la gente niega haber tenido que acudir a estos prestamistas, como último recurso, basta comentar en una reunión de amigos o familiares que se necesita algo de dinero para salir de un apuro para que de inmediato alguien diga que ‘tiene un amigo, que a su vez conoce a un fulano que presta plata, pero un poquito caro’.
Aunque el sector financiero es de lejos el mayor financiador en el país –8 de cada 10 créditos son otorgados por este– en Colombia un buen número de personas (6,3 millones, según cálculos oficiale) y empresas no acceden a préstamos formales por factores tales como: no tener historia crediticia, no contar con garantías reales, tener bajos ingresos o estar reportado en centrales de riesgo, por mencionar solo algunos.
Un estudio elaborado por el programa Banca de las Oportunidades, con apoyo de la Superintendencia Financiera y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) da cuenta de la cantidad de personas que acude al ‘gota a gota’ en el país.
El ‘Estudio de demanda de inclusión financiera’, que en su momento (2016) consultó la opinión de 1.432 personas de distintas zonas urbanas y rurales del país, arrojó que el 8,2 por ciento tenía como opción el crédito informal, entre el que se cuenta el ‘gota a gota’, para financiar sus actividades.
Dos años después, ese porcentaje era de 9,1 por ciento, según el estudio ‘Demanda del Seguro 2018’, elaborado por esas mismas entidades, aunque para este análisis se consultó la opinión de 6.520 personas en todo el país.
José Alejandro Guerrero, presidente del Banco W, estima que más del 50 por ciento de los hogares colombianos, en el algún momento, ha acudido al ‘gota a gota’. Y advierte que el uso de este mecanismo de financiación informal “es más fuerte en microempresarios y trabajadores independientes, sin desconocer que muchos trabajadores asalariados también lo utilizan”.
Entre los expertos existe consenso en que Colombia cuenta con un segmento importante de su población no solo en manos de los agiotistas sino que en hay un porcentaje alto en riesgo permanente de caer en sus garras.
María Clara Hoyos, presidente de Asomicrofinanzas, gremio que representa a las microfinancieras del país, dice que la población más expuesta a ese peligro es la agropecuaria. “No hay cifras porque a la población le da susto y pena decir que está en el ‘gota a gota’ y porque creen que por estar allí no tienen derecho a un crédito formal”, dice.
Con ese panorama y el creciente desafío que impone esta actividad ilícita, que según las autoridades comienza a exportarse a otros países (México, Chile, Argentina, Brasil y Rusia) Gobierno y sector privado están aunando esfuerzos para frenar su escalada.
“Hoy enfrentamos un gran reto y compromiso: llegar a siete millones de microempresarios e independientes que aún no acceden al sector financiero”, dijo en reciente oportunidad Miguel Charria, presidente de la junta directiva de Asomicrofinanzas.
La meta del Gobierno no es muy distinta, pues se dispone a bancarizar a 6,5 millones de colombianos adultos, buena parte de estos, situados en zonas rurales y rurales dispersos.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) la meta es llevar el indicador de inclusión financiera al 85 por ciento al 2022. Esto implica que al menos 3 millones de adultos ingresen al sistema en los próximos tres años, de los cuales 600.000 serán población rural.
Por: Economía y Negocios
