Los próximos 30 días serán claves para las empresas y los trabajadores colombianos. En este periodo definirán el salario mínimo para el 2018, cuyas reuniones inician protocolariamente este lunes.
Recientemente, el presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, indicó que una cifra tentativa inicial sería una alza de 10 por ciento, es decir, 3 por ciento más de lo decretado el año pasado.
En plata blanca, serían 73.771 pesos más, con lo cual llegaría el salario mínimo subiría hasta 811.488 pesos. Sin embargo, el dato de crecimiento de la economía que reveló esta semana el Dane llevó a que dicha organización revisara a la baja el dato inicial.
“Nuestra propuesta es cinco puntos por encima de la inflación, es decir, si esta cierra en 4,2 por ciento o 4,5 por ciento, el reajuste sería de entre 9,2 por ciento y 9,5 por ciento”, explicó una fuente cercana a la CGT. Así, el salario mínimo quedaría entre 805.586 pesos y 807.800 pesos.
Mirando los escenariosNo obstante, las demás centrales obreras aún no dan una iniciativa y están a la espera de analizar el resultado del Dane, que indicó que la inflación llegó a 4,05 por ciento a octubre. Según Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), “la próxima semana convocaremos a la comisión económica asesora para empezar nuevos estudios, en los que tomaremos en cuenta y analizaremos el comportamiento del Producto Interno Bruto. Estamos consolidando las cifras para dar una propuesta concreta, pues lo demás sería especulación”.
No obstante esto, en varias reuniones los analistas de esta central manifestaron que una propuesta inicial podría ser de 6,5 puntos por encima de la inflación, lo que llevaría a que fuera de 10,5 por ciento (previendo que el IPC cierre el año en 4 por ciento).Teniendo como base este panorama, empresarios y gremios alistan una recepción de las que serían las propuestas oficiales, pero desde ya prevén una negociación difícil.
A su turno, Mauricio Reina, investigador y analista de Fedesarrollo, indicó que viviremos nuevamente el escenario de que, con una economía muy desacelerada y una inflación medianamente baja, se presente un alza no tan alta”.
Además, explicó que “el palo no está para cucharas’’ y si se sube más de la inflación más productividad laboral, habría riesgos en dos frentes: mayores presiones inflacionarias y menor creación de empleo, pues las empresas rebajarían la creación de puestos, y “lo que aparentemente se ve como favorable para los trabajadores, los termina afectando, a mediano plazo”.
Estamos consolidando las cifras para dar una propuesta concreta, pues lo demás sería especulación, dice la CUT
Sumado a lo anterior, hay otro punto a tener presente con el inicio de la mesa y es allí donde entra el Consejo de Estado como jugador de la contienda.
Esto, si se tiene en cuenta que dicho tribunal tumbó en marzo el decreto con el cual el Gobierno fijó el alza de 7 por ciento para el 2017, por no considerar criterios para el cálculo que llevó a que el salario mínimo llegara a los 737.717 pesos.
En ese entonces, la sentencia mencionó que: “se deben tener en cuenta la inflación causada en el año que termina, según el IPC, y la proyectada para el siguiente año por parte del Banco de la República; el índice de salarios pagados por el Estado, el factor de productividad, y la participación de los salarios en el ingreso nacional”.
Esto llevará a que se dé “un proceso de concertación duro, porque el tribunal indicó que se deben considerar asuntos reales, entre las que hay algunas consideraciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y los elementos incluidos en la canasta familiar”, explicó Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
En su concepto, este año volverá a ser decretado, “aun cuando el Gobierno no podrá ignorar el llamado del Consejo de Estado, que hasta ahora, ha dejado de lado dichos criterios”, concluyó el investigador.
Entre tanto, los equipos económicos del Ministerio de Trabajo, las centrales obreras y los gremios se alistan para comenzar las negociaciones el próximo 5 de diciembre. De este modo, para antes de finalizar el año se deberá tener un acuerdo o una decisión unilateral del Gobierno, el cual en los 20 últimos años solo ha logrado conciliar con las centrales en cinco ocasiones.
