“Las negociaciones para fijar el salario mínimo siempre han sido complejas. Eso es apenas natural, teniendo en cuenta que ese aumento es importante para muchísimos colombianos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos, durante una alocución en la cual reveló que se llegó a una concertación en 781.242 pesos. Algo que se logra por tercera vez (2011, 2013 y 2017).
Luego de casi cinco horas de diálogo en el Palacio de Nariño con directivos de varias centrales de trabajadores y representantes de los pensionados, el Primer Mandatario agregó que el talante del Gobierno siempre ha sido el de buscar acuerdos.
“Nuestro objetivo es encontrar una solución justa —y responsable— en el tema del salario mínimo”, anotó Santos, quien explicó que lo acordado representa un aumento de 5,9 por ciento. En el caso del subsidio de transporte, el incremento fue de 6,1 por ciento: pasó de 83.140 a 88.211 pesos.
A la cita llegaron la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y los presidentesd de varias confederaciones: Julio Roberto Gómez, de la General de Trabajadores; Miguel Morantes, de la de Trabajadores de Colombia, y Jhon Jairo Díaz, en representación de los pensionados. Estuvo ausente Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien no fue citado a la reunión.
Aun así, el Presidente destacó que en el proceso fue clave la consulta permanente con los gremios y reiteró que “siempre es mejor la concertación que la confrontación, además, porque es un gran esfuerzo orientado a mantener el ingreso de los trabajadores, pero también a evitar un efecto negativo sobre el empleo de casi 2,5 millones de trabajadores y pensionados que devengan el mínimo”.
De paso, el Presidente destacó que “este ajuste será clave para estimular la recuperación de la economía que, de hecho, hemos observado en los últimos meses de este año. Por eso, esperamos que el incremento que concertamos mejore el consumo de los hogares”, enfatizó. Tal como lo expresó Santos en su anuncio, la negociación no fue fácil y estuvo precedida, como suele suceder, de opiniones encontradas. Incluso, antes del quiebre definitivo, el jueves pasado, estuvo a punto de romperse tres veces.
De hecho, antes de que el Primer Mandatario citara a la reunión definitiva de este sábado, los empresarios, las centrales obreras y los sindicatos llegaron con posiciones divididas. Los primeros ofrecieron un ajuste de 5,1 por ciento; uno de los sindicatos, el 7 y otro, más del 9.
La reunión del jueves pasado, que precedió la de Palacio, estuvo marcada por sindicatos divididos, empresarios quietos en su cifra y ministerios sin propuestas. “Una vez comenzó la reunión en la sede de Compensar de la avenida 68, de Bogotá, sentíamos que no íbamos a llegar a ninguna parte”, indicó un asesor de la Confederación General de Trabajadores (CGT), quien aseguró que la poca intervención gubernamental desencadenó indirectamente que no se llegara a un acuerdo.
De hecho, este fue el primer quiebre en el debate, que solo una hora y media después de iniciado tuvo su primer momento de tensión, pues se habló de que estaban más cerca del rompimiento que del consenso. Así, una vez los empresarios vieron que el Ejecutivo mantuvo su iniciativa de solo mediar, aseguraron que no se moverían del 5,1 por ciento que proponían mientras no se flexibilizaran los trabajadores.
Con ese limbo, las partes intentaban hallar una forma de conciliar, para lo cual la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) publicaron una nueva carta para indicar que si los sindicatos se bajaban a un 6 por ciento, se podría discutir una cifra intermedia, lo que no fue aceptado por las centrales, que señalaron que dicho dato era “un insulto”.
No obstante, EL TIEMPO conoció que dicha propuesta fue analizada y casi aceptada por la CGT, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) solo aceptó bajarse al 8 por ciento, siempre y cuando los patronos se subieran al 6. ¿La respuesta de estos últimos? Un no rotundo.
Para ese entonces habían pasado casi dos horas y media desde que empezaron las negociaciones, momento en el que el Gobierno lanzó su única carta. En principio, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, propuso un receso para que las partes se tomaran un tinto y analizaran la viabilidad de continuar discutiendo.
En ese punto, asesores del Mintrabajo y del Viceministerio de Hacienda se acercaron a los otros dos jugadores y les dijeron que era posible salvar la negociación si el ajuste se hacía en un rango de entre 5,1 y 5,9 por ciento, con lo cual –según un asesor de la cartera laboral–, “si le aplica la lógica de negociación, se pretendía un acuerdo por la mitad, es decir, de 5,5 por ciento, con un techo de 5,9”.
Esta iniciativa no fue bien recibida ni por las centrales ni por los empresarios, que instantáneamente rompieron los diálogos presenciales, con el compromiso de un contacto vía telefónica y por WhatsApp. Al salir de la reunión, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, dijo que era impensable un aumento de más de 6 por ciento, “sumado a que el Gobierno solo actuó de árbitro y no dio un referente para subir o bajar las propuesta”.
No obstante la buena voluntad de la ministra Restrepo de continuar la discusión hasta último momento, Botero agregó: “Era difícil un acuerdo, pues los empresarios no podíamos llegar ni siquiera al 6 por ciento de incremento”. Asimismo, Pedraza indicó que “era imposible lograr algo en un día, cuando no se había hecho en casi un mes de reuniones”. Culminado este proceso se desintegró la mesa, pero el presidente Santos sorprendió con la reunión en Palacio, en la cual se definió el alza de 5,9 por ciento.
Los inconvenientes que casi siempre se presentan a la hora de negociar el salario mínimo también abrieron la puerta para hacer un análisis sobre un eventual ajuste por regiones o sectores. El último que señaló esta posibilidad fue el Banco de la República, que en un informe reciente había sugerido que la decisión serviría para reducir la informalidad laboral, al tiempo que se cerrarían las brechas en materia de remuneración.
Asimismo, los investigadores del Emisor resaltaron que la idea sería hacer los ajustes “dependiendo de los datos de informalidad y productividad laboral de cada ciudad”. Sobre esto, Stefano Farné, analista del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado, indicó que “tiene sentido en la teoría, pero en la práctica es muy complicado porque, en realidad, esta idea va en contravía de la presunción de igualdad; por ejemplo, no es posible pensar que la remuneración en Sincelejo sea inferior a la de Bogotá”.
En esto coincidió Jaramillo, para quien estas propuestas lo que buscan es “devaluar el salario de los trabajadores, además de que se seguiría jalonando hacia abajo el ingreso y aumentando la informalidad en el país”.
A lo largo de los diálogos, los representantes de los trabajadores propusieron que la mesa de concertación se reúna en marzo o en abril, no en diciembre. La sugerencia apunta a que se pueda trabajar con cifras exactas y no con proyecciones del PIB, la inflación y la productividad. Incluso, dijeron que “la posición dominante del Gobierno debería limitarse”.
Sobre este tema coincidió Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien agregó que “el Ejecutivo no debería ajustar el alza por debajo de lo presentado por las partes que forman parte de la mesa”. En contraste, Stefano Farné, analista del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia, señaló: “Si se hace en diciembre, el incremento toma en consideración el del próximo año y evita dilemas por los ajustes relacionados con la retroactividad. Algo que sí se debería analizar es de qué manera se calcula la productividad y qué tanto suma a la inflación”. Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, desestimó la idea de que la negociación del mínimo deba hacerse en épocas diferentes a las actuales. De la misma forma que Farné, el directivo anotó que “el problema con cambiar la fecha está relacionado con la retroactividad; hay empresas que tienen muchos trabajadores y el salario mínimo es un referente importante, con lo cual ajustar las alzas sería complejo”.
El salario mínimo también define el alza de varios trámites y servicios.
Por ejemplo, está el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat), la cuota moderadora en las EPS, los servicios notariales y los aportes a pensión. Servicios como las grúas y los patios, y las matrículas y pensiones en los colegios también aumentan. Igualmente, el valor de los comparendos de tránsito.
Sebastián Londoño Vélez
Redacción economía y negocios
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