Se inicia era del amparo a los desprotegidos de la seguridad social

Se inicia era del amparo a los desprotegidos de la seguridad social

Plantean aporte del 15 % adicional al pago de un trabajador que devenga menos de un salario mínimo.

Productividad den Colombia

A los trabajadores que contratan por tiempo parcial y ya no tienen forma de ahorrar para una pensión les favorece el piso de protección.

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Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Martha Morales Manchego
24 de agosto 2019 , 07:14 p.m.

Los 9 millones de personas que tienen una vinculación laboral o un contrato de prestación de servicio en el que ganan menos de un salario mínimo y, por consiguiente, no tienen ningún tipo de beneficio en materia de seguridad social son los elegibles para ser parte del llamado piso de protección social, según se desprende del proyecto de decreto que el Ministerio del Trabajo abrió para comentarios (hasta el 29 de agosto), en el cual se reglamenta el artículo 193 del Plan de Desarrollo.

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En esa ley se creó esta estrategia que busca darles una alternativa de seguridad social a los que ganan menos de 828.116 pesos (salario mínimo en 2019), según indicó Rafael Puyana, subdirector de Planeación Nacional.

El piso mínimo es una salida a la cota que existe actualmente, según la cual no se puede cotizar a pensiones por menos de un salario mínimo, mientras que la realidad del país es que más de la mitad de la fuerza laboral está en la informalidad y el 44 por ciento de los ocupados tienen un ingreso por debajo de ese sueldo básico.

Por consiguiente, se quedan por fuera de la protección social, pues, al no contar con un ingreso regular, no logran cotizar a pensión, ni tienen seguro de salud ni mucho menos están protegidos ante un riesgo laboral.

Elementos del esquema

El piso de protección social contempla que el trabajador deberá ser parte del régimen subsidiado, aseguramiento que garantizará el Estado. Será beneficiario de un aporte del 15 por ciento que hará el empleador (el 14 por ciento se acreditará en la cuenta de ahorro individual del vinculado y el 1 por ciento se usará para el pago del seguro inclusivo).

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De esta manera, el trabajador podrá ser parte del esquema de beneficios económicos
periódicos (Beps), con lo cual tendrá un colchón para su vejez, toda vez que por cada 5 pesos que ahorre, el Estado le pondrá 1 peso, de forma que en el momento del retiro laboral no quede desamparado.

Además, contará con un microseguro (financiado con el 1 por ciento de ese 15 por ciento aportado por el empleador), el cual se depositará en un fondo de riesgos laborales.

El proyecto de decreto menciona un tope de ahorro, teniendo en cuenta que el beneficio es para los colombianos de menores ingresos. Así, el aporte máximo será de 1’200.000 pesos, correspondientes a un ingreso anual de no más de 8 millones de pesos.

Otro hecho clave es que, con el proyecto de decreto, Colpensiones se convierte en el único recaudador del piso de protección.

Como se trata de un subsidio, para efectos de evitar irregularidades con el beneficio del piso de protección, la UGPP (Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales) será encargada de fiscalizar.

Esto implica, según expresa Puyana, “que la UGPP no va a permitir que un empleador le desmejore la condición salarial al trabajador para aprovechar el esquema del piso de protección”.

En caso de que un trabajador beneficiario del piso de protección social cambie su condición laboral y empiece a ganar por encima del salario mínimo, deberá migrar al régimen contributivo. Por el momento, esta versión del beneficio proteccionista no define la inclusión de extranjeros, pero la idea es que pueda contemplarse en un futuro.

Generó controversia

Hay que recordar que, antes de ser aprobado a través del Plan de Desarrollo, el piso de protección social hizo parte de un proyecto de ley que finalmente fue hundido en el Congreso. Algunos críticos señalaron que era un instrumento para ‘repartir pobreza’.

Inclusive, motivó una ponencia negativa que argumentó la inconstitucionalidad de la propuesta. “No es un proyecto de formalización laboral ni de generación de empleo, pero sí impactaría el código laboral mediante la creación del jornal diario integral, cuya figura no existe en la legislación laboral colombiana, y traería riesgo de legalizar formas laborales precarias que van en contravía del proyecto y del constitucional”.

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Entre tanto, el argumento del Gobierno parte de la idea de que hay casos en los que el trabajador necesita estar en el mercado laboral, pero con una dedicación parcial o desempeñando un oficio.

El sector agro es uno de los que más ha solicitado que los pagos salariales se puedan hacer por jornales. Ahora, este piso de protección no aumenta costos a los empleadores

“El sector agro es uno de los que más ha solicitado que los pagos salariales se puedan hacer por jornales. Ahora, este piso de protección no aumenta costos a los empleadores. Es una flexibilidad que les sirve a todos. Por ejemplo, jóvenes que estudian y trabajan por horas”, sostuvo Puyana.

En el mismo sentido, Alejandro Matos, director de la firma Cuso International en Colombia, dijo que “toda medida tendiente a aumentar la protección social debe ser bienvenida”.

Matos recordó que “la desprotección social es un problema que está en los inicios de la vida laboral de estratos 1 y 2, y que con el paso del tiempo se agrava”.

El experto también puso sobre el tapete el hecho de que la población trabajadora mayor de 61 años se mantiene en la informalidad (92 %), con tal de buscar cualquier fuente de ingresos y así sobrevivir y enfrentar los riesgos asociados a la vejez, ante la desprotección a la que quedan expuestos.

Costo-beneficio

Desde esa perspectiva, el piso de protección, si bien tendrá un efecto económico para el Estado, toda vez que de la bolsa pública saldrá el 20 por ciento del subsidio o incentivo periódico de los Beps, se trata de un gana gana.

El país debe ser consciente de que los adultos mayores trabajan hasta que sus fuerzas no les dan para más porque no tienen ninguna protección social, ya que jamás la sociedad les dio la oportunidad de tener un empleo digno y decente”, anotó Matos.

Con el proyecto de decreto –que quedaría en firme en un par de semanas– se crea la facultad jurídica para cumplir y quizás pasar la meta del Plan de Desarrollo de llegar a 1,2 millones de ahorradores Beps.

MARTHA MORALES MANCHEGO
En Twitter: @marthamoralesm
marmor@eltiempo.com

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