A menos de que surja alguna salida jurídica de última hora y en medio del ‘no’ rotundo del Ministerio de Transporte -ratificado jueves- a expedir decretos, resoluciones o alguna medida para una empresa en particular, y de una fuerte campaña de Uber por redes y otros canales advirtiendo por el impacto económico en sus socios conductores por el cierre de operaciones, hoy esta plataforma de movilidad apaga sus servicios, en cumplimiento de un fallo de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como juez en un proceso entre privados.
A raíz de la apelación que Uber radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá (segunda instancia tras la decisión de la SIC) se conoció que los operadores de telefonía móvil enviaron después de un requerimiento de la SIC, una carta en la cual explicaban si tenían la capacidad técnica para bloquear el servicio de Uber desde sus redes y negaron poder hacerlo.
Pero en esta corporación no se han convocado audiencias públicas para que las partes presenten sus alegatos, un proceso que, según conocedores del tema, podría tardar al menos un año.
Ante esta situación y frente a planteamientos como la declaratoria de una emergencia económica, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, reiteró que la posibilidad jurídica de la prestación del servicio público de transporte en vehículos particulares requiere una modificación de tipo legal, ya sea a través de ayudas tecnológicas o no.
“En esa medida la salida jurídica al tema es una Ley expedida por el Congreso de la República que haga posible el tema”, indicó la funcionaria, quien hace unas semanas indicó el camino inmediato para que Uber pueda seguir operando es hacerlo solo mediante vehículos de transporte especial vinculados a una empresa, mientras se realizan los cambios a las normas que rigen esta actividad.
Sin embargo, la app se ha negado a hacerlo al señalar que no es una empresa de transporte sino una aplicación que conecta conductores y usuarios.
La salida jurídica al tema es una Ley expedida por el Congreso de la República que haga posible el tema
Entre tanto, luego de que Uber anunciara que apagará desde este sábado su operación, el 23 de enero el Ministerio de Transporte habilitó un sitio en su página de web, en la que todos los ciudadanos interesados puedan presentar sus propuestas para la construcción conjunta de la normatividad de la prestación del servicio público de transporte a través de modelos de economía colaborativa.
A la fecha, solo tres documentos han sido subidos a este sitio, uno de los cuales plantea incluir, en el decreto único que reglamenta el transporte, un nuevo tipo de contrato individual.
Pero la ministra Orozco recalca que en cualquiera de las modalidades los vehículos deben estar previamente homologados y matriculados o registrados para el servicio público. “En este sentido, cualquier modificación que implique la prestación del servicio público en vehículos particulares deberá ser el resultado de un cambio legislativo”, insistió.
Por ello, ante este panorama la salida inmediata para los usuarios es migrar de aplicación, donde los rivales de Uber afirman estar listos, con estrategias bien claras para prestarles a los usuarios las mejores soluciones en transporte. Mauricio López, gerente general de Beat, dice que ellos están enfocados en construir tecnología para mejorar la movilidad en las ciudades. “Queremos ser parte del día a día de las personas y hacer que la movilidad en sea más asequible”, agrega.
Por su parte, Cabify quiere centrarse en promover el uso del taxi para que el usuario vuelva a confiar en él, mejorando el servicio y dándole más garantías a sus conductores.
En este contexto y ante la inminente salida de Uber, la plataforma envió desde el miércoles un mensaje a sus 88.000 socios conductores, en el que les pide estar muy atentos a la hora cero, porque tendrán una sorpresa.
Fernán Ocampo, cofundador de la plataforma Mi Águila, avalada por la empresa Mi Águila Group SAS, planteó adoptar un esquema de transición para el cambio del servicio particular a público, a través de la inclusión del tipo de contrato individual en el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, de tal manera que los conductores puedan vincularse a empresas para prestar el servicio especial individual, cambiando las placas de sus carros de amarillas a blancas.
Según el directivo, este cambio solo aplicaría para prestar el servicio exclusivamente por aplicaciones y sin pago en efectivo (para facilitar el pago de IVA y otros impuestos) efectos y debe incluir el cumplimiento, por parte de los conductores, de las obligaciones que hoy se exigen para las empresas de transporte especial, como lo son una licencia de categoría de servicio público, los seguros contractuales y extracontractuales, tener carros con sistema GPS, air bags frontales, ser camionetas, camperos o automóviles tipo sedán y un motor mayor a 1.400 centímetros cúbicos, entre otros.
Y agrega que el recaudo de IVA debe ir a mejorar la malla vial y que en los ajustes se deben subir hasta 100.000 salarios mínimos las multas de la Superintendencia de Transporte, para atajar la evasión.
Mauricio Toro, representante a la Cámara, radicó un proyecto de ley que busca regular las plataformas de transporte privado.
Son cinco las propuestas; la primera es que las plataformas tengan las mismas obligaciones que los taxis en temas de seguros; la segunda es la exigencia de una licencia especial de transporte público para sus conductores; la tercera, la implementación de una tarifa dinámica para los taxis; la cuarta, un impuesto del 1 por ciento para un fondo que promueva el desmonte del sistema de cupos y, la quinta, la implementación de impuestos de renta en las aplicaciones sobre la tarifa completa en Colombia.
Paula Bernal, directora de Asuntos Gubernamentales de DiDi en Colombia, propone que se revise el sistema de aseguramiento y pólizas. Igualmente, plantea debatir sobre la seguridad de los vehículos y la verificación de la identidad de los conductores.
Asimismo, indicó que la flexibilización de los precios, conocida como tarifa dinámica, es una opción que puede suplir las necesidades de ambos perfiles, tanto de los carros particulares como el de los taxis amarillos.
“Hay países en los que la tecnología permite que un taxista en hora valle pueda decidir si acepta viajes por un menor precio y aunque la tarifa baje, se aumenta la cantidad de viajes. Esa realidad puede transformar el ámbito regulatorio actual”, añadió.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS – TECNÓSFERA
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