No es una decisión vinculante ni definitiva, pero el abogado general de la Unión Europea concluyó que Uber es una empresa de transporte, y como tal sus conductores pueden ser obligados por los gobiernos de los 28 miembros a disponer de las mismas licencias y autorizaciones para ejercer su actividad que se les exigen los taxistas.
“La prestación de transporte constituye el elemento principal desde un punto de vista económico, mientras que el servicio de poner en contacto a pasajeros con conductores mediante la aplicación para teléfonos inteligentes es un elemento secundario”, afirma el abogado general.
Su criterio suele coincidir, en una amplia mayoría de los casos, con la sentencia final de los tribunales comunitarios, que se estima puede conocerse antes de final de año, por lo que Uber podría enfrentarse a cambios en su funcionamiento para adaptarse a los reglamentos de cada país de la UE.
La gran pregunta que el Tribunal de Luxemburgo debe responder en los próximos meses es si Uber es una empresa de transporte o una plataforma intermediaria cuya labor se limita únicamente a poner en contacto a conductores y clientes.
El abogado polaco Maciej Szpunar da la razón a los taxistas al decantarse por la primera opción, la más negativa para la compañía estadounidense. “Uber no puede ser considerado un mero intermediario entre conductores y pasajeros”, dice el texto hecho público.
Uber ha reaccionado con un comunicado en el que llama a esperar la sentencia definitiva y no muestra inquietud por un cambio en su definición legal.
“Ser considerados una empresa de transporte no cambiaría la operativa que actualmente tenemos en la mayoría de países de la Unión Europea”, afirmó una portavoz de la empresa.
De hecho, la compañía ya opera en España como una empresa de transporte y todos sus conductores disponen de licencia VTC (alquiler de vehículos con conductor, el permiso con el que trabajan estas plataformas), según fuentes de Uber. Es decir, en caso de que la resolución sea en este sentido, solo afectaría a UberPop, según la plataforma, que fue el servicio que originó la denuncia en Barcelona y que en Europa solo se mantiene en Zúrich.
“Las implicaciones jurídicas serán brutales”, opina en cambio Montse Balaguer, abogada del bufete SBC, que representa a la Asociación Profesional Élite Taxi en el proceso que llevó a Uber a los tribunales. “Deberá cumplir toda la legislación en materia de transporte, tanto a nivel nacional como comunitario”, dijo Balaguer, y añadió que “siempre hemos defendido que la intermediación que realiza Uber es para prestar un servicio de transporte y el abogado general lo comparte de forma tajante. No es un mero intermediador”.
Asimismo, con respecto a que ahora no incumple la normativa, Diego Salmerón, también del bufete, opina que la compañía sigue infringiéndola, aunque no especificó en qué aspectos.
“La lista es larga”, dijo.
Alberto Álvarez, portavoz de Élite Taxi, argumentó que los servicios de UberX, Cabify y otros similares también son competencia desleal.
Desde la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) afirman que en la resolución puede haber matices importantes. Además, si se les declara como empresa de transportes, “tendrán derechos y obligaciones con el usuario final, que ahora no asumen, y una responsabilidad con sus conductores”. Es decir, si operan como una firma de transporte, serán responsables de todo el proceso al igual que una empresa de taxistas, según Fedetaxi.
ÁLVARO SÁNCHEZ LÓPEZ
Ediciones EL PAÍS, SL 2017
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