A pesar de los múltiples tropiezos que ha tenido Uber en su intento por conquistar el mercado del transporte urbano en varias ciudades de Colombia, y de la polémica que existe entorno a su legalidad, la empresa llegó a sus tres años de operación en el país.
Durante ese tiempo Uber ha sido blanco de sanciones y restricciones por parte de entidades como el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. La más reciente de ellas fue la multa de 344 millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Puertos y Transporte el pasado lunes, "por incumplir la orden de cesar la facilitación y promoción de sus servicios en el país”.
En septiembre de 2015 esta entidad ya había sancionado a la empresa por un valor de $451.045.000. En esa ocasión la razón fue facilitar la infracción de las normas sobre la prestación del servicio de transporte especial.
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El gremio de los taxistas también ha manifestado su inconformidad con la operación de Uber. Ellos reclaman que esta empresa funciona como una especie de "anarquía" que presta el servicio de transporte público pero elude las regulaciones que esto implica, por ejemplo, el pago de impuestos y el cumplimiento de una serie de normas de seguridad necesarias para circular y transportar pasajeros.
Ante esto, Uber responde que es una plataforma legalmente constituida cuyo servicio radica en conectar personas que necesitan transportarse con conductores que tienen un vehículo y que están dispuestos a hacerlo y recibir un dinero a cambio. Además, según lo han dicho, estos conductores cuentan con lo seguros y afiliaciones correspondientes.
Los defensores de la economía digital han señalado que negarle a los usuarios la posibilidad de adquirir este servicio, dejaría a Colombia muy lejos en comparación con otros lugares de la región, en donde las autoridades, han regulado esta plataforma.
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En Colombia el Ministerio de Transporte ha dicho que Uber facilita la prestación de un servicio de transporte ilegal y ha señalado como uno de los responsables al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta entidad, por su parte, ha sido enfática en decir que no tiene la facultad de bloquear una aplicación sin orden judicial, máxime cuando Uber es una plataforma digital legalmente constituida.
Así, mientras que las autoridades se ponen de acuerdo sobre cómo debe operar Uber, la empresa que ya está presente en 450 ciudades de 76 países (19 de las cuales son colombianas), sigue creciendo y ampliando sus servicios en nuestro país.
DEISY ALEJANDRA ÁVILA
ELTIEMPO.COM