Durante los cuatro meses que Electricaribe estuvo intervenida, todas las reuniones del Gobierno con los altos directivos de Gas Natural Fenosa (GNF), inclusive la del lunes, víspera de la decisión de liquidar la distribuidora de energía, se desarrollaron en buenos términos.
Ese día, según conoció EL TIEMPO, los máximos ejecutivos del grupo español argumentaron que las señales de la nueva metodología de remuneración de la distribución de energía todavía no les cuadraban sus cuentas de los compromisos de inversión y tenían una luz de esperanza de tener más plazo.
Sin embargo, mientras en la Superintendencia de Servicios Públicos se pulían los últimos detalles de la decisión, para abrir la opción de que llegue un nuevo operador, en la Casa de Nariño los representantes del Ejecutivo (los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Minas y Energía, Germán Arce), fueron enfáticos: el Gobierno no daba su brazo a torcer.
La reunión concluyó en términos cordiales, pero tan pronto salieron, los directivos de GNF regresaron muy preocupados a España, pues era claro que no había marcha atrás y que la firma pasaba a liquidación. Desde ese momento, el tono de Gas Natural Fenosa y del Gobierno español sobre el caso cambió y subió de nivel. Si bien en el último encuentro se dejó entrever que no había intención de demandar al Estado, la decisión se precipitó y, desde España, Gas Natural Fenosa anunció que presentará una reclamación, por 1.000 millones de euros, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependencia del Banco Mundial.
Mientras el Gobierno colombiano inició una ofensiva diplomática para atajar cualquier intento de fuga de inversiones españolas, la tensión entre las partes subió, pues mientras el presidente Juan Manuel Santos argumentó que era una decisión responsable, el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, ‘aconsejó’, al “tipo de países” como Colombia, cuidar la inversión, porque la necesitan.
Al señalar que la decisión de liquidar Electricaribe no le dejaba más salida que acudir a instancias internacionales, fuentes de Gas Natural Fenosa (GNF) confirmaron que en la semana que se inicia será radicada ante el Ciadi, dependencia de arbitraje del Banco Mundial, una demanda contra el Estado colombiano por 1.000 millones de euros.
La compañía tiene la convicción de que lleva todas las de ganar, pues durante muchos años les advirtió a varios ministros de Minas y Energía y a otros funcionarios que había que emprender acciones legales efectivas para atajar una cultura del fraude y la ilegalidad, que fue creciendo con los años y desbordó cualquier capacidad de gestión, ya que están probadas las agresiones a los funcionarios de la compañía, entre otros múltiples hechos plenamente documentados.
Incluso, GNF tiene como prueba las afirmaciones del presidente actual de Electricaribe, Hernando Sojo (nombrado por el Gobierno en noviembre, tras la intervención), quien no solo dijo que bajo el actual marco normativo y regulatorio se prevé finalizar el 2017 con un déficit adicional de 85 millones de euros, sino que el 8 de marzo afirmó públicamente: “Hay que cambiar la cultura del no pago, dando ejemplo desde los entes gubernamentales”.
Además, argumentó que, “el Gobierno colombiano no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable”.
Y mientras el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, dijo que había formas de combatir el fraude, como los procesos judiciales, también con cifras documentadas, el grupo español muestra que cada año hay fraudes por 100 millones de euros y que la empresa ha interpuesto más de 16.000 denuncias (5.000 en los últimos dos años), y solo ha habido 85 condenas.
GNF, que recibió el respaldo del ministro de Economía de España, Luis de Guindos, también refutó que no se hayan hecho inversiones, pues desde el 2009, cuando compró Unión Fenosa, se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros, “y jamás se ha cobrado ningún dividendo”.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, resume las razones de la medida de liquidar Electricaribe en dos elementos centrales: Electricaribe estaba quebrada y no podía comprar energía, no estaba pagando sus deudas y no podía atender sus obligaciones laborales.
En segundo lugar, agrega el funcionario, la empresa no estaba cumpliendo con estándares mínimos de calidad.
“La decisión de la Superintendencia no va a empeorar el servicio, sino que este es malo porque hace 10 años se hace baja inversión”, indicó.
El funcionario explica que el factor que no permitió que hubiera una propuesta aceptable fue el alto endeudamiento de la distribuidora (está en casi 1,8 billones de pesos con el sector financiero), una carga que no va a ser asumida por el nuevo inversionista que llegue.
“El nuevo operador no va a desquebrar al que se va, sino a comprar unos activos y a financiar un plan de inversiones al que la regulación le va a garantizar la rentabilidad, porque el problema de calidad hay que resolverlo”, indicó el funcionario, y señaló que una cosa es lo que dice el que se va y otra el que llega.
“El que va de salida tiene la carga de una mala gestión de muchos años que lo llevaron a la quiebra”, indicó Arce tras sostener que sí es posible operar en un mercado que crece al doble que el resto del país y tiene los principales polos de desarrollo turístico e industrial. “¡Claro que hay interés de agentes privados para atender este mercado!”, manifestó.
Por su parte, luego de tomada la decisión, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que si hay una demanda el país defenderá el interés nacional, y que en este caso el Gobierno se pondrá la camiseta de Colombia.
Las diferencias en el caso de Electricaribe también son por el servicio, en una región en la que el año pasado hubo, en promedio, 89 cortes de energía (7,4 veces por mes).
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dice que la liquidación no va a empeorar el servicio, sino que este es malo porque hace 10 años se hace baja inversión y no porque la Superservicios entró.
Pero en Gas Natural Fenosa tienen claro que desde noviembre no se hacen los mantenimientos mínimos y a la empresa la plata no le alcanza para esto.
Además, un documento de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) advierte sobre la debilidad de las redes, y el documento que sustentó la liquidación reveló que más del 90 por ciento de los transformadores y alimentadores están sobrecargados, lo que supone un impacto en la calidad del servicio.
Fuentes del sector le dijeron a EL TIEMPO que cada vez es mayor el riesgo de que, en momentos de gran demanda, una ciudad como Cartagena se apague.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu