El grupo español Gas Natural Fenosa reclamará unos 1.000 millones de euros (alrededor de 1.630 millones de dólares y unos 3,2 billones de pesos) al Gobierno por la liquidación de Electricaribe, según fuentes financieras consultadas por la agencia Efe.
Las fuentes sostienen que la multinacional pedirá más del doble del valor contable de Electricaribe, que es de 475 millones de euros (505 millones de dólares), al considerar que se debe tener en cuenta la cartera de 2,5 millones de clientes que tiene en el Caribe colombiano, mientras que fuentes de Gas Natural Fenosa eludieron pronunciarse sobre el importe de la reclamación a las autoridades colombianas.
Además, este conflicto obligará a Gas Natural a incluir en provisiones los 475 millones de euros de valor contable de Electricaribe. En un comunicado, Gas Natural Fenosa aseguró que la decisión del Gobierno de liquidar Electricaribe, que llevaba intervenida desde mediados de noviembre, es “contraria al proceso de diálogo” abierto en los últimos meses con Colombia y “al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia”.
Asimismo, manifestó que “impacta negativamente” en el clima requerido para que se produzcan flujos de inversión internacional hacia nuestro país.
Por su lado, la Comisión Europea (CE) analiza con las autoridades españolas los pasos que se deben seguir tras la decisión de Colombia de liquidar Electricaribe.
“Hemos sido informados sobre los más recientes acontecimientos. Permanecemos en contacto con el Gobierno español, evaluando la decisión de las autoridades colombianas y los posibles próximos pasos”, indicaron a Efe fuentes comunitarias. La Unión Europea (UE) y Colombia tienen en vigor un tratado de libre comercio que es el marco para el intercambio de bienes y servicios.
En noviembre pasado, Electricaribe y el Gobierno no llegaron a un acuerdo sobre fórmulas para capitalizar la empresa, debido a la elevada cartera morosa de clientes, que al cierre del tercer trimestre del 2016 ascendía a 4,05 billones de pesos.
Para el Ejecutivo de España, la decisión tampoco está acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio.
