Pliegos tipo, una oportunidad histórica para el Congreso

Pliegos tipo, una oportunidad histórica para el Congreso

Hay que construir en debate una estructura normativa sin aparentes vicios de inconstitucionalidad.

Plenaria del Congreso

Esta es una invaluable oportunidad de los honorables representantes para que voten un proyecto técnico que les traería enormes dividendos políticos.

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César Melgarejo. EL TIEMPO

Por: José Andrés O'Meara Riveira*
27 de septiembre 2019 , 09:00 p.m.

En aras de brindarle mayor claridad al lector, empezaré por definir los documentos o pliegos tipo como un instrumento jurídico para que los requisitos habilitantes de una licitación no se elaboren a la medida de un único oferente previamente identificado, a quien se le diseña el denominado pliego sastre, para buscar con ello el direccionamiento perverso y arbitrario en la adjudicación de un contrato estatal.

Si se realiza un análisis sobre la ejecución de recursos públicos en todo el territorio nacional, encontramos elefantes blancos, controversias legales, inseguridad jurídica, hallazgos fiscales, disciplinarios, penales y una serie de hechos lamentables que, en buena hora, vienen siendo progresivamente superados con la expedición de la Ley 1882 de 2018, reglamentada por el señor presidente de la república, Iván Duque Márquez, mediante el Decreto 342 de 2019, a través del cual entraron en vigencia los ya definidos documentos o pliegos tipo.

Los resultados obtenidos en tan solo cinco meses con la normatividad mencionada son objetivamente positivos e incontrovertibles.

Antes del 1.º de abril de este año, cuando entró en vigencia la reglamentación, los procesos precontractuales de infraestructura en los municipios, distritos y departamentos del país llegaban con único oferente en el 85 por ciento de los casos.

En contraste, después de la fecha citada, la pluralidad de oferentes ascendió a un promedio de 33 proponentes en el 81 por ciento de las licitaciones públicas para los contratos de obra.

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Sin lugar a dudas, ello repercute directamente en la materialización de los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales de la población, porque serán los proponentes más idóneos, más competentes y más capaces quienes asumirán la ejecución de los contratos para la construcción de colegios, hospitales, vías, centros deportivos y, en general, para el cumplimiento efectivo de todo tipo de obras, bienes y servicios a través de los cuales se satisfacen las necesidades primordiales de los 48 millones de colombianos.

Con los documentos tipo, también se tienen en cuenta las dimensiones presupuestales para apoyar a la pequeña y a la mediana empresa en la dinámica económica de la contratación, desaparecen los desgastes administrativos en la construcción de pliegos y por razones de competitividad se generan ahorros del 7,1 por ciento en el valor de los contratos, según estudios de la Unión Europea.

Sin embargo, la ley de 2018 que facultó al Gobierno nacional para expedir la reglamentación tuvo un carácter restrictivo a las áreas de la infraestructura, lo cual podría ser ampliado a otras materias.

Para mejorar la situación y fortalecer una plausible política pública, se presentó el proyecto de ley 82/2018-Senado y 389/19-Cámara, con el cual se busca, además, que los documentos o pliegos tipo puedan ser adoptados por el órgano rector de la contratación pública, esto es, desde la Agencia Nacional –Colombia Compra Eficiente–, de tal manera que la Administración pueda responder a tiempo ante la célere e imperfecta dinámica de la contratación administrativa.

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Valga destacar que este proyecto no afectaría la discrecionalidad de decidir en cabeza de los ordenadores del gasto, cómo o en dónde se invertirían los recursos. En la práctica, la restricción estaría circunscrita a que desaparezcan los requisitos arbitrarios, subjetivos o desproporcionados para seleccionar un contratista.

No obstante lo anterior, y sin desconocer el principio democrático, después de su tranquilo curso por el Senado, se han incorporado al proyecto algunas disposiciones y apartes que, a decir verdad, harían inviable la adopción de los documentos tipo.

En ese sentido, queremos exhortar de manera muy respetuosa a la honorable Cámara de Representantes para construir en el último debate una estructura normativa sin aparentes vicios de inconstitucionalidad o de inconveniencia, como la disminución de puntajes por razones de origen territorial o la concesión de facultades técnicas a instituciones de carácter político.

Esta es una invaluable oportunidad de los honorables representantes para que voten un proyecto técnico que les traería enormes dividendos políticos.

Sin duda, estarían aprobando una de las más grandes conquistas que el Legislativo haya expedido en toda su historia, por su carácter transformador y revolucionario. Sus electorados así lo conocerán y sus merecidos reconocimientos con creces les llegarán.

JOSÉ ANDRÉS O'MEARA RIVEIRA
* Director de la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente

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