Economía Social o economía social y solidara. Con estos dos nombres se le conoce al "conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los siguientes principios, persiguen el interés general económico o social, o ambos", según explica la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).
Las empresas que se encuentran enmarcadas en este sector, han ganado peso en Iberoamérica durante los últimos años. ¿Por qué?
"Existe una 'presión' de los consumidores para que el mercado sea más responsable con el medio ambiente, y las empresas que no se adapten en este sentido pondrán 'en entredicho' su sostenibilidad futura", explica como uno de los motivos la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana (SGI).
Grynspan hace alusión a las empresas sociales que no buscan únicamente beneficio económico, sino también un impacto positivo en la sociedad, centran su actividad en la lucha contra el cambio climático, la inserción social y laboral de personas con discapacidad o reducir la brecha de género.
Cada vez hay más actores que consideran que la manera en la que actúa el sector privado tiene que cambiar
Un informe de la SGI asegura que son 170.000 compañías registradas de este tipo en siete países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal y España), cuyo Producto Interior Bruto (PIB) suma el 87% de la región, formada por 20 países americanos y dos europeos. Estas empresas, que en su mayoría siguen siendo cooperativas tradicionales, generan 10 millones de empleos y suponen el 6% del PIB iberoamericano.
Grynspan adelantó que la región trabaja para crear un marco regulatorio propicio para estas empresas. Según explicó, se comportan "de una manera distinta" en un mercado que no tiene una cabida sencilla para ellas.
"No vamos en contra del mercado empresarial, sino que tratamos de crear un marco distinto para las empresas que puedan contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y apoyar a las empresas existentes (tradicionales) para que hagan una transformación en ese sentido", apuntó.
Las empresas de economía social centran su actividad en la lucha contra el cambio climático, la inserción social y laboral de personas con discapacidad o reducir la brecha de género.
AFP
La directiva recordó también que la Cumbre Iberoamericana de Antigua (Guatemala), celebrada en 2018, transmitió un mandato para la creación de políticas públicas y de un marco legal que origine "un ecosistema mucho más viable para que estas empresas se desarrollen con mucha más fuerza".
Por su parte, el investigador y responsable del informe, Diego Rubio, aseveró que "cada vez hay más actores que consideran que la manera en la que actúa el sector privado tiene que cambiar", e insistió en la "necesidad" de crear un "ecosistema propicio" para las empresas del cuarto sector.
"Muchas de las empresas (del cuarto sector) dejan de estar activas a los 12 meses de su creación, algo que también sucede en las tradicionales, pero cuando estas sobreviven no lo hacen al mismo ritmo y por tanto no tienen el impacto que nos gustaría", subrayó.
Pese a la dificultad, Rubio citó algún ejemplo de empresas exitosas en la región como la española La Fageda, que produce yogures ecológicos con una plantilla formada mayoritariamente por personas con discapacidad. "Fue una idea de un psiquiatra que consiguió lo que pretendía, incluir laboralmente a estas personas en la fábrica de un producto ecológico, local y de buen trato animal", ilustró.
Redacción APP
Con información de Efe