Múltiples batallas jurídicas se han librado en la huelga de pilotos de Avianca, que ya completa 29 días, sin que se logre un punto medio que permita volver a la normalidad el transporte aéreo operado por esta aerolínea que mueve la mitad de la operación de este servicio en el país.
Petición de declaratoria de ilegalidad de la huelga, por parte de la compañía; contrademanda de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac); fallo en contra de los pilotos; negación de los pilotos a aceptar el tribunal de arbitramento, convocado ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de las partes por las buenas. Tutela de Acdac para intentar anular la convocatoria de dicho tribunal; fallo en contra de los pilotos...
Esas son algunas de las acciones jurídicas que se han puesto sobre la mesa, sin contar con la petición de Avianca para operar con pilotos extranjeros, a lo que Acdac también dijo que respondería con demandas.
El común denominador, al que se suma la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual negó la tutela interpuesta contra el tribunal de arbitramento, ha sido en contra de los pilotos, que siempre anuncian acudir a la instancia superior a la que falló. De hecho, está pendiente el concepto de la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, sobre el reclamo, por el derecho a la huelga, elevado tras el primer fallo que la declaró ilegal.
El tema clave para que se esté dando esa realidad es el transporte aéreo como servicio esencial.
El tema clave para que se esté dando esa realidad es el transporte aéreo como servicio esencial. Un documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que un servicio es considerado esencial cuando su "interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población".
No obstante, según la OIT, las consideraciones en este sentido dependen de las circunstancias de cada país. De igual manera, esta entidad que rige las normas internacionales del trabajo establece que el derecho a la huelga, en caso de servicios esenciales, debería restringirse en el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.
En medio de esas premisas se han movido las decisiones que poco han favorecido a los pilotos, quienes ya completan 29 días en cese de actividades y, al parecer, una mediación es el único camino que queda. Por ello, en los dos últimos días, el Congreso de la República también ha intentado intervenir.
El martes pasado (17 de octubre), se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Séptima del Senado, para intentar dirimir el conflicto, y para este miércoles había sido citado otro encuentro en la Comisión Sexta, el cual finalmente se canceló por la prioridad del debate en plenarias para aprobar el Presupuesto General 2018 que, en materia de tiempos, ya está contra las cuerdas.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS.
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