, bajo un clima enrarecido.
La suerte está echada. Salvo un milagro de última hora, esta semana que empieza Gas Natural Fenosa (GNF) presentará la demanda de arbitraje contra Colombia ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), con la que viene amenazando desde el pasado julio. En esa época, Salvador Gabarró, quien falleció en la madrugada del viernes, poco después de que se anunciara la presentación de la demanda, presidía la empresa española.
Gabarró, que en estos momentos ocupaba la presidencia de honor después de haber sido sustituido en septiembre por Isidro Fainé, denunció el 12 de julio la existencia de una controversia en el Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de inversiones entre Colombia y España, requisito imprescindible para poder reclamar el arbitraje seis meses después.
El plazo se cumplió el 12 de enero pasado, pero al haber intervenido Electricaribe el gobierno de Juan Manuel Santos, la empresa española prefirió esperar a que este decidiera si intervenía o no la filial.
Al final fue así. GNF reclamará 1.000 millones de euros por daños causados en Electricaribe, una cantidad que en todo caso es inferior al agujero que, según la empresa, han provocado los retrasos y demoras en el pago, y que se aproxima a 1.300 millones de euros.
Pero el asunto de Electricaribe no acaba en el terreno mercantil y de arbitrajes internacionales. Ha entrado en terreno político, que GNF quería evitar. Aunque, en realidad, nunca ha dejado de estar.
El embajador de Colombia en España, Alberto Furmanski, convocó el jueves a los periodistas para salvar la cara de su país mientras iniciaba una ofensiva diplomática entre las empresas españolas con intereses allí (hay más de 400, entre ellas Telefónica, Repsol, Sacyr, Mapfre, Aena, Indra, Ferrovial...) para convencerlos de que el asunto de GNF es un caso aislado. Algo insostenible si se tiene en cuenta que en el 2016, Colombia recibió tres demandas ante el Ciadi (una de American Mobil (la empresa telefónica de Carlos Slim), otra de la estadounidense Glencore y una tercera de Eco Oro Minerals) por distintas causas que, a su juicio, atentan a los acuerdos de comercio bilaterales. El caso de American Mobil también podría afectar a la española Telefónica.
También dijo que “no puede entenderse como una expropiación, ya que el Gobierno no está buscando ni está facultado para quedarse con la operación”. Según fuentes involucradas, el gobierno de Santos busca ahora la intercesión del español. Pero, pese a esta vía diplomática de última hora, con escaso éxito, la posibilidad de concertar un acuerdo ‘in extremis’ parece totalmente descartada.
El Gobierno español se remite a que busca lo mejor para las empresas españolas y que es GNF la que debe decidir lo que es mejor para ella. Y han sido muchos meses de negociaciones, incluidas algunas con el presidente Santos.
El consejero delegado de GNF, Rafael Villaseca, se ha reunido hasta con ocho ministros de Energía en los últimos años, lo que también da una muestra de lo indefinible que es el caso. Y es que el conflicto se remonta a años atrás, a tiempos en que Electricaribe estaba en manos de Fenosa.
Precisamente, en el 2003, con Álvaro Uribe en la presidencia, Fenosa logró que pagara el 50 por ciento (el acuerdo de Malambo); pero luego todo volvió a la anormalidad. ¿Qué ha pasado? El problema parece radicar en que la bancada costeña, como se conoce a los departamentos donde opera Electricaribe, es una zona díscola, en la que se acumula un alto índice de pobreza y de difícil control. Para Santos, además, es vital para sacar apoyos en distintos frentes, entre ellos en el proceso de paz en el que está volcado y que le valió el premio Nobel de la Paz.
El Gobierno no ha dado muestras de querer decirle a la gente que pague y ha cedido a otros intereses y presiones. Santos no se ha atrevido a enviar fiscales ni a subir la tarifa a los más ricos para subvencionar a los pobres. Algunas fuentes comentan que hay anuncios de especialistas en montar fraudes. La prueba está en que ha habido más de 16.000 denuncias y solo 85 sentencias. Todo ha quedado manga por hombro.
El embajador en Madrid, al igual que sostienen Santos y sus ministros, apuntó el jueves que la empresa no ha invertido. Pero ¿cómo quiere que invierta si le deben 1.300 millones de euros?
MIGUEL ÁNGEL NOCEDA
Ediciones EL PAÍS, SL 2017