La Superintendencia de Servicios Públicos anunció la apertura de investigaciones a las compañías Vanti, Alcanos, Gas Cundiboyacense, Gases del Caribe, Enel-Codensa y Cedenar por presuntas irregularidades en el cobro de los servicios durante el periodo de emergencia sanitaria.
También informó que la aplicación de medidas administrativas contra Alcanos, Gases del Caribe, Enel-Codensa y Cedenar son resultado de indagaciones preliminares realizadas por la entidad.
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“En cumplimiento de nuestra función de control, y en defensa de los derechos de los usuarios, hemos formulado cargos a estas seis empresas luego de identificar presuntos incumplimientos a la ley en relación con la medición de los consumos y la no aplicación oportuna de las medidas expedidas por el Gobierno para favorecer a los usuarios de los servicios de energía y gas en esta contingencia. Como parte del debido proceso, las empresas podrán presentar sus descargos ante la Superservicios, para su respectivo análisis”, indicó Natasha Avendaño García, superintendente de Servicios.
El ente de control y vigilancia indicó que la apertura de investigación contra estas seis empresas se fundamenta en la facturación por consumos estimados a usuarios durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, sin que, preliminarmente, se evidencie que las empresas hayan realizado las acciones necesarias para medir el consumo real, como lo establecen la ley y la regulación.
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El cobro del consumo promediado se efectuó a 2'133.376 suscriptores de Vanti, 729.784 de Alcanos, 372.491 de Gas Cundiboyacense, 362.315 de Gases del Caribe, 260.708 de Enel-Codensa y 151.895 de Cedenar.
A las investigaciones contra Vanti, Alcanos, Gas Cundiboyacense y Gases del Caribe se suma que, presuntamente, no se evidenció la aplicación oportuna de la opción tarifaria transitoria obligatoria, implementada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) mediante la Resolución 048 de 2020.
Esta opción tarifaria tiene como objetivo mitigar el impacto, en el corto plazo, del incremento del costo del metro cúbico (m³) del servicio público de gas natural durante el aislamiento preventivo obligatorio, en el cual muchos usuarios han visto reducidos sus ingresos.
En los casos de Vanti y Gas Cundiboyacense se investiga un presunto manejo inadecuado de un conflicto de interés entre las empresas y los suscriptores, relacionado con la aplicación de la tarifa regulada en la reliquidación de los consumos que fueron inicialmente facturados por promedio en los meses de abril y mayo de 2020, y en el que las dos empresas pudieron haberse beneficiado al haber aplicado una tarifa más gravosa para el usuario.
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De ser así, habrían afectado a sus usuarios con cobros no autorizados por valor de
$ 1.838'980.952 y $ 335'040.779, respectivamente.
En la actuación contra Cedenar se investiga también la presunta facturación mediante el mecanismo denominado 'normalización de consumos', que no se encuentra previsto en la normativa vigente ni en el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) de la empresa.
La firma Enel-Codensa respondió al pliego de cargos formulado por la Superintendencia de Servicios Públicos, asegurando que ha cumplido con la obligación de tomar la lectura de los medidores para emitir las facturas correspondientes, pero la negación de algunos usuarios para realizar este proceso ha obligado a la firma a elaborar cobros promedio.
Enel señaló que la efectividad de los medidores antes de la emergencia era de
un 99,4 por ciento.
Por su parte, la Asociación Colombia de Gas Natural (Naturgas), al señalar que lsus agremiadas respetan las decisiones de los entes regulatorios del Gobierno, dijo estar segura de que las empresas involucradas en este proceso presentarán los descargos necesarios para aclarar cualquier duda en la prestación del servicio.
"La industria de gas natural ha trabajado desde el inicio del confinamiento obligatorio en garantizar el abastecimiento a todos los usuarios de gas natural, y así responder a la creciente demanda en los hogares, con responsabilidad y transparencia", indicó Naturgás.
Y agregó que el compromiso de las empresas ha quedado manifiesto en acciones que incluso han ido más allá de lo exigido por la ley, como las siguientes:
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- Reconexión gratuita de 117 mil familias al servicio de gas natural, la mayoría en estratos vulnerables 1, 2 y 3.
- Las empresas comercializadoras de gas natural han ido más allá de los alivios otorgados por el gobierno, financiando la factura a 0% de interés, lo cual ha representado una financiación adicional con cargo exclusivo de ellas de 52.000 millones para estratos 1 y 2.
- Aporte de 10.900 millones de pesos (con corte de 17 de julio) en el descuento del 10 por ciento del valor no subsidiado para los usuarios de estratos 1 y 2 que paguen la factura a tiempo.
- 24 y 36 meses posibilidad de diferir la tarifa del consumo vital, sin penalidad ni mora.
- 92.000 millones de pesos en donaciones de la industria de gas natural para la luchar contra el coronavirus.
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