Un total de 703 vuelos cancelados y 62.414 viajeros que debieron quedarse en tierra es el balance de los tres primeros días (miércoles a viernes) de la huelga de pilotos de Avianca vinculados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que se inició con denuncias de ilegalidad por la compañía, la cual ha señalado que se trata de un servicio público esencial y que la votación no representó la mitad más uno de los empleados.
Pero si bien el presidente de Avianca Holdings, Hernán Rincón, recalcó que “no importa cómo se mire, este es un cese de actividades ilegal”; la compañía aún no ha radicado la solicitud de ilegalidad ante un juez de la República.
La vicepresidente de Talento Humano de Avianca, Ana María Rubio, explicó que dicha petición se hará, pero que están reuniendo las pruebas porque se tienen que reunir los requisitos legales para ello.
Entre tanto, mientras las partes siguen buscando fórmulas de salida, Acdac dice que el origen de la división que hoy tienen con la Organización de Aviadores de Avianca (Odeaa) y el enfrentamiento con la administración no obedecen exclusivamente al pliego de peticiones, sino a una serie de hechos que datan desde el 2005, tras la compra de la empresa por Germán Efromovich.
Según Carlos Roncancio, abogado de Acdac, entre el 2005 y el 2006 y tras varios años sin recibir aumentos por la crisis que vivió la aerolínea, la administración de Avianca, en cabeza de Fabio Villegas, lanzó un Plan Voluntario de Beneficios (PVB), en el cual les entregó a los trabajadores no sindicalizados prebendas laborales, a las cuales podían acceder quienes renunciaran a los beneficios de la convención colectiva de trabajo.
Jaime Hernández, presidente de Acdac, dice que esta “fractura” se dio porque el gancho fueron aumentos entre el 20 y el 30 por ciento, y fue ahí cuando surgió “un club de amigos del doctor Villegas, que hoy en día son 120 pilotos y se conocen como la asociación Odeaa”.
Por su parte, Rubio señala que en el 2005 y tras cinco años sin negociar, Acdac convocó a la huelga y dijo que la dignidad era más importante que la empresa, pero algunos pilotos renunciaron al no estar de acuerdo con las vías de hecho. Luego –agrega– se acercaron a la empresa en busca de un aumento, que terminó con reajustes entre el 30 y el 50 por ciento en el PVB. “Luego de ello, algunos de esos pilotos se acercaron y decidieron crear Odeaa”, agregó.
De acuerdo con el abogado Roncancio, las cosas se pusieron más tensas luego de que la Corte Constitucional determinó, en la sentencia T-069 del 2015, que el PVB era un pacto colectivo y dijo que este tipo de acuerdos no son legales cuando se prestan para discriminar a trabajadores sindicalizados. El fallo también le ordenó a Avianca pagarles a los pilotos de Acdac el aumento en dinero, sin que debieran aceptar las transformaciones a la convención colectiva.
Entre diversos recursos legales, hay dos capítulos recientes de este choque. Uno, según Roncancio, fue el fallo, a favor de Acdac, del incidente de desacato en el Juzgado 11 Penal Municipal con función de garantías, porque el sindicato dijo que se incumplió el numeral 9 de la sentencia, el cual señala que al celebrar pactos colectivos no se pueden fijar condiciones que discriminen a los trabajadores sindicalizados.
Según Hernández, la existencia del pacto colectivo está incidiendo y modificando la convención colectiva.
Por ejemplo, explica que si hoy los afiliados a Acdac tienen derecho a cuatro pasajes de vacaciones, pero en el pacto colectivo se acuerda que es solo uno, más una parte en dinero, Avianca apela a la igualdad y busca nivelar bajo el pacto.
Mientras la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, reitera que los pactos colectivos no pueden afectar la convención colectiva de trabajo, Ana María Rubio, vicepresidenta de Talento Humano de Avianca Holdings, insiste: “En ningún momento de la negociación hemos nombrado el pacto colectivo, pero hay que entender que hicimos un aumento y está en las cuentas. Estamos ofreciendo un 12,75 por ciento, un punto más del que ya hicimos en el 2017, pero imputable a este aumento. Al decirles eso, dicen que estamos nombrando el pacto”.
Y agrega que las 20 propuestas hechas a Acdac son diferentes al pacto, como el plan datos de telefonía celular, un millón de pesos para un celular y dos días más de paternidad, entre otros.
Sobre el incidente de desacato en el Juzgado 11 Penal Municipal con función de garantías, Avianca informó a la Superfinanciera que el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá declaró la nulidad porque no se le permitió a la empresa demostrar que sí había cumplido con la orden de la Corte Constitucional. Y, sobre el otro incidente de desacato en la Corte Constitucional, este también salió a favor de la empresa porque la nivelación se hizo, pero “ellos quieren que se les pague doble, y lo que dice el fallo es que se debe pagar el mayor valor”.
Hasta este sábado no habían llegado a ningún acuerdo.
La vicepresidenta de Talento Humano de Avianca Holdings, Ana María Rubio, explica que el pacto colectivo con la Organización de Aviadores de Avianca (Odeaa) hizo pasar el costo anual de la nómina de 116 a 127 millones de dólares.
Y, con el pliego inicial planteado por Acdac, dicho costo subiría sustancialmente en un 230 por ciento, debido a que con el pliego original los impactos serían por dos vías.
La primera, es decir los reajustes salariales solicitados, implicarían un costo adicional de 180 millones de dólares durante cada año. Y, adicionalmente –explica Rubio–, como Acdac pide aumentar las jornadas de descanso y las tripulaciones, esto llevaría a duplicar el número de pilotos actual.
“Esto haría que subiera 113 millones de dólares, es decir, que el impacto total sería de 293 millones de dólares adicionales”, agregó.
Por ahora, las ofertas de la compañía a Acdac, sujetas a negociación, apuntan a aumentar el costo de nómina entre 4 y 5 millones de dólares al año, para un tope de 132 millones de dólares.
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