Por el reconocimiento ante el Departamento de Justicia de EE. UU. de que pagó sobornos en 12 naciones, entre ellas Colombia, la empresa brasileña Odebrecht tendrá que responder ante un tribunal de ética empresarial y la Superintendencia de Sociedades en el país.
La multinacional reconoció, entre otros, que en Colombia pagó sobornos por 11 millones de dólares, entre el 2009 y el 2014, con el fin de conseguir contratos de infraestructura.
Aunque buena parte de los gremios del sector han preferido no referirse al tema, sumado a que algunos se encuentran en el receso de fin y principio de año, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, dijo que están indagando internamente posibles irregularidades en la contratación hecha por la brasileña, que pueden llevar a su expulsión de la lista de afiliados del gremio.
“Desde este jueves activamos las alarmas en la Cámara y ya estamos recogiendo toda la información y los elementos de juicio que tienen que ver con el caso, para ver si la firma efectivamente ha estado vinculada en los casos de corrupción”, explicó el dirigente.
El directivo también anunció que la junta directiva de la CCI deliberará en enero próximo para estudiar los hechos, “por violación al código de ética”, y en el caso de encontrar casos de corrupción en los contratos de Odebrecht, se procederá con la medida.
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A esto se suma que la CCI, en el informe de gestión del 2016 presentado a finales de semana, confirmó que “durante el año que termina, se presentó corrupción rampante en el nivel subnacional, fenómeno que persistió, sobre todo, en los entes territoriales”.
Por su parte, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), que en días pasados llamó la atención sobre la necesidad de tener más voluntad política para contrarrestar los actos de corrupción en el país, optó por no referirse al asunto hasta que las autoridades estadounidenses terminen las investigaciones.
La Superintendencia de Sociedades también tiene ya el ojo puesto en los casos y está haciendo visitas a oficinas de la empresa brasileña, con el fin de analizar, entre otros, la composición accionaria.
Además, identificará si existe o no un grupo empresarial declarado y si sus filiales y ‘holdings’ han reportado de forma periódica y verídica la información de juntas y asambleas directivas.
De igual manera, desde la entidad anunciaron que están analizando pedir información a las filiales de Odebrecht, como Braskem.
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Efecto en NavelenaOtro coletazo inmediato del escándalo de Odebrecht en el país tiene que ver con la concesión Navelena, en la que tiene el 50 por ciento y sobre la cual existe un compromiso de financiamiento por parte del grupo japonés Sumitomo, que podría frustrarse en los próximos días ante el embrollo judicial.
Sin embargo, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, señaló que existe un plan B, que consiste en adjudicar el contrato por obra pública. Esto sucedería porque hacer un nuevo proceso licitatorio demoraría unos 18 meses el inicio de las obras.
En el caso de Navelena, una negativa de la promesa de financiamiento por parte de la compañía nipona pondría en apuros la recuperación de la navegabilidad del Magdalena, que requiere una inversión de 2,5 billones de pesos con el fin de realizar trabajos a lo largo de 908 kilómetros entre La Dorada (Caldas), Puerto Salgar (Cundinamarca) y Barranquilla.
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Se calcula que el 70 por ciento de los recursos serán destinados a desarrollar obras de encauzamiento y obras hidráulicas de colocación de roca –en un trayecto de 256 kilómetros entre Barrancabermeja y Puerto Salgar–, con el fin de garantizar una profundidad de siete pies las 24 horas del día, que permitan la movilización de convoyes de hasta 7.200 toneladas de carga.
El resto de los trabajos serán tareas de mantenimiento y dragado entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza, en Barranquilla.
“Recuperar la navegabilidad del río Magdalena es un anhelo de todo el país y un proyecto estratégico para el transporte intermodal en Colombia. Este recorre el país y es clave como epicentro logístico para el desarrollo nacional”, sostuvo hace unos días el vicepresidente Germán Vargas Lleras. La ANI, por su parte, esperaba que desde enero se pudiera avanzar en las obras en el corredor fluvial.
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Otros contratosLuis Fernando Andrade, de la ANI, también confirmó que Odebrecht cuenta con varios contratos en Colombia, entre los que se destacan, además de su participación mayoritaria en Ruta del Sol 2 y Navelena, la pavimentación de la vía Puerto Boyacá-Chiquinquirá (contratada por Invías).
Adicionalmente, en los últimos años obtuvo contratos con entidades y empresas de distinto orden. Entre ellos, Andrade destacó la construcción de la Central Hidroeléctrica Miel I y la adecuación del interceptor de aguas entre Canoas y el río Tunjuelo (en Bogotá).
Igualmente, a los anteriores efectos se suman las visitas de la Fiscalía General de la Nación, la semana anterior, a las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del río Magdalena (Cormagdalena), a la propia ANI y al Grupo Odebrecht.
Esto para buscar pruebas y verificar anormalidades en los convenios y licitaciones.
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