¿Al fin qué fue lo que pasó con Odebrecht?

¿Al fin qué fue lo que pasó con Odebrecht?

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, cuenta detalles sobre el tema.

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.

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César Melgarejo

Por: María Isabel Rueda
09 de septiembre 2018 , 11:00 a.m.

¿Por qué hasta ahora deciden hablar? ¿No creen que su silencio ha servido como gasolina para muchas especulaciones?

No hemos intervenido públicamente, hasta ahora, porque no es nuestro estilo ventilar las diferencias jurídicas o comerciales en la prensa ni tratar de ganar los procesos haciendo uso de ella. Preferimos las razones y los acuerdos y respetamos las instancias judiciales.

Pero como recientemente se ha desatado una campaña contra nosotros, principalmente en los medios, estructurada con base en falsedades, y como además hemos sido atacados dura e injusta y mendazmente por algunas personas muy conocidas de la opinión pública, nos vemos obligados a responder, para refutar las injustificadas afirmaciones y para dar información correcta a la opinión pública.

¿Ustedes tuvieron conocimiento, temprano o tarde, de los sobornos de Odebrecht?

Hemos sostenido y repetido que no tuvimos ninguna intervención ni participación en los sobornos perpetrados por Odebrecht, ni conocimiento alguno de esos sobornos anterior a la publicación universal de la confesión de Odebrecht por los delitos de soborno trasnacional ante el Gobierno de Estados Unidos. Debo añadir que no hay ninguna prueba creíble, ni la pudiese haber, que nos comprometa en semejante conducta.

Por todo lo anterior no hemos sentido que tengamos que responder por un delito que no cometimos y del cual se conocen con precisión sus inspiradores y ejecutores, gracias a sus propias confesiones. A pesar de todo eso, durante todo este tiempo hemos colaborado incansablemente en la investigación con todos los organismos que han participado en ella, como son la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Trasporte, el Ministerio de Transporte, la ANI y el tribunal de arbitramento.

Bueno, entonces comencemos a hablar en concreto. ¿Qué opinión tiene usted de su exfuncionario José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, socia de Odebrecht a través de su filial Episol, que renunció en abril del 2016 (¿o lo sacaron?)? El estuvo preso bajo la presunción de que conocía de los sobornos de Odebrecht para ganar la Ruta del Sol II, de lo cual algunos infieren que podría haber un compromiso de reembolsar la parte de Corficolombiana a lo largo del contrato. Él no está acusado de omisión de denuncia, sino de participar en reuniones donde se discutieron los sobornos…

Nosotros tenemos de Melo una buena idea, que surge del conocimiento que hemos tenido de él. Lo conocimos como un funcionario que desempeñaba racionalmente su labor. Quiero que quede claro que nada de eso, absolutamente nada de lo que se lo acusa, fue conocido por nosotros. Jamás, en ningún momento, él nos informó, o nos consultó nada que se pareciera a un soborno.

Después de un tiempo ya entendimos que sería bueno hacer un cambio en la Corporación Financiera Colombiana, no por ese negocio, sino en general por todos los negocios de la Corporación. Necesitábamos otro aire. Hablamos con él y nos pusimos de acuerdo, y él se retiró; él renunció.

Pero ¿ustedes descartan absolutamente que el señor Melo hubiera podido tener conocimiento de los sobornos?

No podemos descartar eso como teoría. Lo que negamos totalmente y con total certeza es que él nos hubiera comentado a nosotros alguna vez, o que contara con nuestra bendición, o que hubiéramos sido advertidos, o que nos lo insinuara de alguna manera. José Elías asistía desde luego a la junta de Corficolombiana porque era el presidente; y también asistía a la junta de Aval, de la holding. Nunca, ni allá, ni aquí, ni en ningún otro sitio nos mencionó ese tema. Hablábamos con él con mucha frecuencia y nunca jamás nos dijo nada de eso, ni cosa que se le pareciera.

Un prestigio logrado a través de 60 años de ejecución de obras, en forma impecable está siendo afectado, al igual que nuestro buen nombre. Además hemos sido duramente afectados económicamente.

Desde ese punto de vista, ¿no es exótico que Corficolombiana se haya presentado ante la Fiscalía como víctima de un delito que su representante habría conocido, si no patrocinado, cosa aún no demostrada?

Por el contrario, definitivamente Corficolombiana es una víctima. Nosotros, a través de Corficolombiana, somos los más perjudicados en todo este problema, porque si mira con cuidado quiénes cometieron el delito, la respuesta es: Odebrecht, de acuerdo a su propia confesión, y unos funcionarios del Gobierno colombiano, algunos confesos, otros no. Esas son las personas comprometidas.

¿Y Melo también?

Hasta donde sé, nadie ha demostrado por ahora que Melo supiera de los crímenes de Odebrecht. Solo se han publicado conjeturas. ¿Y en el entretanto, a nosotros qué nos ha pasado? Un prestigio logrado a través de 60 años de ejecución de obras, en forma impecable está siendo afectado, al igual que nuestro buen nombre. Además hemos sido duramente afectados económicamente. Somos no solo víctimas por el daño en el prestigio, también somos víctimas en materia económica.

Tenga en cuenta que en siete años de trabajo no llegamos a recibir en dividendos ni un centavo de los rendimientos de la concesionaria. Adicionalmente, del capital invertido no se ha podido recuperar parte alguna, y sus rendimientos seguramente se perderán. De hecho, Corficolombiana ya reflejó la gran mayoría de esta pérdida en sus estados financieros. 

¿Y no se recibió un anticipo?

No se recibió ni un solo centavo como anticipo. Al contrario, la obra que se construyó se financió exclusivamente con aportes de los socios y deuda bancaria.

¿Cuánto se alcanzó a construir de la Ruta del Sol II?

Algo más de la mitad, el 52 % que además está en funcionamiento. Este número sale de los reportes del interventor contratado por la ANI para tal efecto. La mayor parte del valor de lo construido todavía se nos debe, y puesto que la concesionaria tiene esas deudas con los bancos, a ellos tampoco se les ha podido pagar. Por consiguiente, esas deudas siguen acumulando intereses. Súmele entonces a los perjuicios esa demora en los pagos. Creo que esto sirve para aclarar por qué somos víctimas.

Su padre tiene fama legendaria de ser un microgerente. Se sabe que en el Grupo Aval no se mueve una hoja sin que él lo registre. ¿Cómo pudo pasar que su socio, Odebrecht, terminara pagando unos sobornos sin que él lo supiera?

Porque quienes los cometieron nunca lo informaron y además, obviamente, se cuidaron hasta el extremo de no dejar huellas. Por eso no teníamos cómo saberlo. Es probable que nuestros funcionarios deberían haberse dado cuenta, pero nunca supieron ni alertaron sobre esos sobornos. Nos enteramos de los sobornos igual que el resto del público: cuando se supo, al final del año 2016, del acuerdo de Odebrecht con la justicia americana en el que confesaban la estafa universal que cometieron.

Mi padre sí se mantiene muy al tanto de cómo se ejecutan las obras, de su calidad, del financiamiento y, en general, de los resultados. Pero ni él ni nadie puede saber lo que no le informan. Si hubiera pretendido, por ejemplo, revisar los cheques girados, entre el año 2010 que empezó esa obra hasta finales del 2016, ¿sabe cuántos cheques le hubiera tocado revisar? ¡Un millón de cheques! No exagero. Eso le da la dimensión del problema.

Pero además tengo entendido que la administración del consorcio la manejaba Odebrecht, su hoy contraparte…


Cierto. Ellos tenían la administración de la operación. Nuestro primer indicio de que existían dudas sobre esa administración fue cuando llegó a nuestros oídos la queja que presentó Jorge Enrique Pizano, el controller de la concesionaria, quien sospechaba que se estaban produciendo robos (no sobornos) en la compañía por parte de los administradores. Por eso se hizo una revisión, y a raíz de lo que se encontró, se acordó, entre otras cosas, fortalecer los sistemas de control, aunque de manera tardía, evidentemente.

Una de las personas que están presas y que se queja de ser chivo expiatorio de la Fiscalía es el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade. Él dice que lo están castigando no solo por haber declarado la caducidad del contrato de Navelena, sino porque se opuso a la fórmula para calcular la liquidación del contrato Ruta del Sol II, que les iba a permitir a sus socios quedarse con un remanente de 700.000 millones de pesos después del pago de deudas...

Lo que no dice es que la fórmula de liquidación no nos la inventamos nosotros. Estaba incluida en el contrato original de la concesión, firmado por el Gobierno y la concesionaria en enero de 2010, para el caso de una terminación anticipada por mutuo acuerdo. Lo único que hicimos fue incluirla en el Acuerdo de Terminación Anticipada (por mutuo acuerdo) de Ruta del Sol II, firmado por Luis Fernando Andrade como presidente de la ANI y la concesionaria en febrero de 2017.

Entonces, ¿por qué se opone al final?

Esto resulta sorprendente para cualquier observador desprevenido porque el valor de liquidación quedó consignado en el Acuerdo de Terminación firmado por el señor Andrade, al igual que el deseo de las partes de presentar tanto el acuerdo como el valor de liquidación contenido en él al tribunal de arbitramento. Además, ese valor tenía que ser verificado por expertos independientes antes de comprometer al Gobierno a pagarlo, pero Andrade nunca demostró mayor interés en verificar esta cifra, que solo vino a ser estimada por el interventor de la ANI y presentada al tribunal de arbitramento varios meses después de su retiro.

Tengo que pensar, pero no me consta, que Andrade se opuso a honrar el contrato que había firmado porque tuvo un cambio de sentir cuando, probablemente, se vio muy comprometido con todo lo que estaba pasando y porque, seguramente, ya estaba presintiendo su salida. En ese momento, Andrade propuso cambiar la fórmula contractual de liquidación, pero nos pareció irregular y por eso, obviamente, nos opusimos.

¿Por qué creen ustedes que Andrade tiene casa por cárcel?

Habría que preguntarles al fiscal y al juez del caso. Solo sabemos que de la ANI primero fue a la cárcel el ayudante de Andrade, el señor Juan Sebastián Correa.
Quien atestigua que Andrade alteró documentos y trató de manipular unas pruebas...
Eso lo hemos leído, porque nada de eso nos consta, y por lo tanto no nos atrevemos a presentarlo como afirmación propia. Pero ahí hay unas acusaciones muy serias y claras. A Andrade lo acusan de cuatro delitos, graves todos los cuatro. No sabemos nada más.

Hay una avalancha de publicaciones extranjeras, concretamente Bloomberg lleva dos, el ‘Financial Times’ lleva una, salió otra en ‘The Hill’… ¿Quién o quiénes están detrás de eso? ¿Hay alguien ambientando publicaciones internacionales en su contra?
Nosotros no sabemos quién está detrás, y por eso nos toca contestar en general para que nuestro mensaje lo reciba el que lo deba recibir y al que le corresponda.

Esas publicaciones, más que pruebas sobre sobornos, insinúan que el escándalo de Odebrecht tiene anclada la acción del Grupo Aval en Nueva York. ¿Eso es cierto?

Precisamente, durante este último trimestre, cuando más dura ha sido la campaña de agresión contra nosotros, la acción de Aval se ha comportado mejor que las otras acciones financieras colombianas. De hecho, actualmente las acciones de Aval, Bancolombia y Davivienda transan entre 11 y 12 veces sus utilidades. En ese sentido, no comparto la afirmación de que la acción se ancló cuando transa a los mismos precios relativos de los otros grandes jugadores financieros del país.

Lo que sí es verdad es que los precios de todas las acciones financieras de Colombia han sufrido. Pero yo atribuyo esto a factores muy relacionados con la muy dura situación económica que hemos vivido a partir de finales de 2014. No me parece que uno le puede ahora achacar a Aval la culpa de 8 años de una economía muy complicada, especialmente desde diciembre de 2014, cuando el desempeño económico se hizo mucho más difícil para los empresarios colombianos.

Quiero que me expliquen el episodio del ‘controller’ Jorge Enrique Pizano, que comenzó a descubrir desde hace como cinco años que Odebrecht venía haciendo pagos injustificados o innecesarios en abogados, obras adicionales e inversiones, que pasaban sin filtro, gracias a la mayoría del 62 % que tenía Odebrecht en el consorcio como posición dominante. ¿Por qué no se prendieron antes las alarmas?

La primera comunicación formal de Pizano sobre este tema la recibimos a mediados del año 2015. Adicionalmente, y para que quede claro, Pizano nunca dijo que sospechaba de sobornos. De hecho, que yo sepa, en Colombia nadie nunca había hablado de sobornos en relación con Ruta del Sol II. Ese secreto se lo habían guardado muy bien nuestros socios.

Como usted dice, Pizano sí informó de sus sospechas de robos por parte de los administradores de la concesionaria. Y se prendieron las alarmas apenas supimos de sus sospechas en el 2015. A raíz de estas, y de que alrededor de ese tiempo habíamos tratado de objetar varios pagos en junta directiva, pero, al someterlos a votación y como tenían mayoría, los socios los habían aprobado, nos pusimos en la tarea de averiguar qué era lo que estaba pasando, aun cuando era muy difícil conseguir la información, porque a nosotros como minoritarios no nos la entregaban toda. Y descubrimos que había varios pagos por construcciones y asesorías que sí nos causaban inquietudes porque no los encontrábamos justificados, y ahí llamamos a los brasileños y les pedimos explicaciones.

Entonces nos presentaron un mamotreto de 500 páginas de una auditoría interna de su comité de ética, en la que la conclusión era “aquí no hay nada absolutamente”. También Odebrecht le hizo llegar a Melo un estudio que les produjo KPMG y que decía que se había hecho una investigación y encontrado que ni en Ruta del Sol ni en ninguno de los contratos que le habían sido adjudicados a Odebrecht se cometieron irregularidades.

¿Y quedaron tranquilos?

No. Insistimos en nuestras sospechas sobre las irregularidades. Ellos dijeron que no aceptaban nada de eso, pero que en aras de la buena relación que siempre hubo entre los socios, y para que esta no sufriera un detrimento, le iban a devolver a la compañía el dinero de los pagos no satisfactoriamente justificados.

Esos son los 33.000 millones de pesos que Odebrecht se comprometió a devolverle al consorcio…

Sí. De manera que ellos se devolvían a sí mismos el 62 % y a nosotros, el 33 %.

¿Por qué, luego de hacer ese arreglo, se convino que ninguna de las partes hablaría ni demandaría? ¿Por qué cubrir ese pago con un pacto como de silencio?

Porque con ese arreglo contractual, no necesariamente un pacto, desaparecía la causa de acción, la causa litigiosa. Además, nadie va a firmar un contrato de transacción en que se compromete a pagar 33.000 millones de pesos para que a continuación lo demanden. Las cláusulas de confidencialidad son, por lo demás, comunes en los contratos.

¿Si los gastos injustificados los hizo Odebrecht, por qué el pago de estos dineros se le hizo al consorcio y no a Corficolombiana?

Porque esos pagos por obras y asesorías habían salido del consorcio. Para nosotros tenía que quedar perfectamente claro que una cosa es el consorcio, otra cosa Odebrecht y otra los demás socios del mismo. Además había un tercer socio minoritario afectado. Imagínese cómo se hubiera visto que Odebrecht saliera a pagarle a Corficolombiana, que no era socio directo en la concesionaria; todo el mundo diría que estaban tratando de callarnos. No señor, a nosotros no nos hicieron pago alguno; se lo devolvieron a la concesionaria, de donde lo habían sustraído.

¿Estamos hablando de un tema muy distinto al de los sobornos, o cabe la posibilidad de que con esos pagos injustificados Odebrecht estuviera recuperando la plata de los sobornos?

La posibilidad siempre cabrá, pero nunca podrá uno confirmarla, porque no hay cómo saber. Nosotros no tenemos manera.

Se lo pregunto porque, obviamente, Odebrecht no iba a ser tan bobo de poner solo la plata de los sobornos de un contrato que se ganaron todos. Es claro que si los otros socios como Corficolombiana y los Solarte no estaban metidos, trataría de sacarles por algún lado su cuota correspondiente...

Es perfectamente posible, aunque nosotros no tenemos elementos que nos permitan identificar eso con exactitud. Pero lo cierto es que los pagos que rechazamos iban dirigidos a empresas cuyos servicios no pudieron demostrar nuestros socios mayoritarios que fueran necesarios para la ejecución de la obra. De manera que ante su pregunta, sí cabría esa posibilidad.

¿Qué piensan ustedes hoy de Odebrecht?

No hace mucho nos informaron, por escrito inclusive, que ellos han cambiado su organización, que han reorganizado todas sus compañías, que ahora son un modelo de ética y de transparencia, y nos han mandado cartas personales invitándonos a reunirnos con ellos. Sin embargo, por lo pronto no encuentro tema alguno que amerite una reunión entre ellos y nosotros.

O sea, ¿a usted no le gusta Odebrecht?

Después de lo que ha ocurrido, es poco decir que no les tenemos ninguna simpatía o empatía. Nosotros consideramos que hemos sido los más gravemente perjudicados en todo este proceso. Y todo ese daño nos lo causó directamente Odebrecht.

Quiero hacer una pregunta sobre el caso Navelena. En un comunicado de prensa la Contraloría aseguró que hubo un detrimento patrimonial del Estado por parte del Banco Agrario, cuando de manera irregular aprobó un préstamo por valor de 50.000 millones para pagar una deuda que Navelena tenía con el Banco de Occidente del Grupo Aval. ¿Eso es verdad?

Le relato los hechos como los conozco:

Navelena suscribió con Cormagdalena el contrato de concesión para la recuperación del río Magdalena, y con los derechos económicos de ese contrato constituyó un patrimonio autónomo en la Fiduciaria de Occidente. Usando el patrimonio autónomo como garantía, solicitó y recibió un crédito del Banco Agrario por 120.000 millones.

Parte de ese crédito lo utilizó para abonar $ 50.000 millones a una obligación que tenía en ese momento con el Banco de Occidente y que, contractualmente, se había comprometido a cancelar con el producto del cierre financiero o con créditos que obtuviera de otros bancos, como fue el caso. Esa obligación era una parte de las obligaciones totales que debía Navelena al Banco de Occidente.

A continuación, Navelena incumplió en el pago del crédito al Banco Agrario, y este, obviamente, le inició un proceso judicial para reclamar la garantía fiduciaria

A continuación, Navelena incumplió en el pago del crédito al Banco Agrario, y este, obviamente, le inició un proceso judicial para reclamar la garantía fiduciaria. En el entretanto, el contrato de concesión se dio por terminado por incumplimiento de Navelena al no obtener un cierre financiero para ejecutar la obra. Consecuentemente, ese contrato de concesión fue liquidado, supongo que por la ANI, y el valor de liquidación arrojó, a favor de Navelena, $ 180.000 millones. Con las autorizaciones de Cormagdalena y con el producto de la liquidación del contrato de concesión, Navelena respondió por el crédito de los $120.000 millones al Banco Agrario con sus intereses de mora y honorarios.

Pero ¿el préstamo del Banco de Occidente se pagó o no se pagó?

Como mencioné, el Banco de Occidente le había hecho dos tipos de préstamos a Navelena por un total aproximado de $ 100.000 millones: $ 50.000 millones en un crédito a corto plazo (crédito puente) que se pagaría cuando Navelena consiguiera el cierre financiero o créditos de otros bancos, y otros consistentes en leases de barcos, vehículos, dragas y otros equipos. En los leases, el Banco de Occidente perdió aproximadamente el 40% del valor del crédito.

Última pregunta. Dicen que un día antes de que el presidente Santos se fuera les hizo un regalo de despedida. Permitir que la plata de los ahorros de las pensiones de los colombianos en Porvenir pudieran ser invertidas en sus propias empresas, en el Grupo Aval.

¿Regalo de despedida? No. Se emitió un decreto que venía en discusión por más de medio año, que se conoce como el Decreto de Vinculados, el cual reglamenta una parte de la Ley de Conglomerados expedida en septiembre de 2017. En él, entre otras disposiciones, se incluye un artículo cuyo propósito es nivelar las condiciones de inversión del mercado de capitales, para que las AFP, sobre todo aquellas que pertenecen a grupos financieros, tengan reglas equivalentes de inversión. Hasta ahora, solo una de esas AFP, no la nuestra, podía invertir hasta el diez por ciento de sus fondos en compañías relacionadas; Porvenir podía invertir el cero por ciento.

¿Lo que hicieron fue igualar las condiciones?

Sí, y para eso se debe cumplir antes con unos requisitos muy estrictos de gobierno corporativo. Por eso se dio 18 meses de plazo para que las AFP monten este gobierno corporativo. Como ve, se dictó una norma de tipo general. Al final, el regalo fue para el mercado de valores colombiano.

Y la presencia de la exministra de Comercio Exterior María Lorena Gutiérrez, como la nueva presidenta de Corficolombiana, no está relacionada con la medida…

Por Dios, como que la exministra Gutiérrez necesitara ese tipo de ayuda para encontrar un trabajo. María Lorena es lo suficientemente capaz y preparada para conseguir uno donde quiera, y por sí sola. De hecho, más bien estamos muy contentos porque pudimos contratarla para que viniera a trabajar en nuestro grupo financiero.

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez es hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, accionista mayoritario de EL TIEMPO Casa Editorial.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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