La firma española Sacyr, que acaba de frenar el primer proyecto de las vías de cuarta generación (4G) en Colombia argumentando aparición de materiales que encarecen la obra, ya había hecho presencia en el país y protagonizado un lío jurídico por incumplimiento de contrato.
La reciente decisión de parar las obras en la autopista Corredor 5, conocida como Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto- Cruz del Viso, en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, por una supuesta inviabilidad, avanza con el fallo en contra de Sacyr proferido por la figura del ‘amigable componedor’ y que es de obligatorio cumplimiento.
Sin embargo, de acuerdo con la ANI, la Concesionaria a cargo de Sacyr demandó ante el Tribunal de Arbitramento, buscando la nulidad de la determinación del amigable componedor.
Eso en lo referente al caso actual, pero la historia de Sacyr en Colombia se remonta a su participación al frente del consorcio Commsa, encargada de la fallida troncal del Magdalena Medio o proyecto Tobiagrande-Puerto Salgar (conocido hoy como la Ruta del Sol), y que fue una obra inconclusa por incumplimiento del contrato, lo que le acarreó procesos judiciales con el Estado.
Ese episodio, luego de siete años de pleito con el Estado colombiano, terminó a finales del 2007 con el pago al Invías por parte de la Concesionaria del Magdalena Medio (Commsa) de 120.000 millones de pesos por concepto del incumplimiento causado en el contrato suscrito para la construcción de la vía.
Ese fue el segundo negocio del que tuvo que retirarse Sacyr en el país, porque el primero fue la rehabilitación de la línea férrea del Pacífico.
A esos antecedentes también se suma el pleito multimillonario que aún mantiene esa constructora española contra el Estado panameño en el tribunal de arbitraje internacional, por la construcción del nuevo canal de Panamá.
Pese a estos conflictos, y según el diario El País, Sacyr niega que esta situación ponga en riesgo su presencia en Colombia, puesto que también están participando en otros dos grandes proyectos: la autopista Pasto-Rumichaca, con una inversión prevista de 1.073 millones de dólares, en la cual la firma española lidera el consorcio constructor con el 60 por ciento de participación, y la autopista Mar 1, de 176 kilómetros, con una inversión de 1.000 millones de dólares, en un consorcio en el que esa constructora posee el 37,5 por ciento.Este episodio aumenta las diferencias del Estado colombiano con empresas ibéricas, luego de la reciente decisión de liquidar Electricaribe, filial de la también española Gas Natural Fenosa en el país.
