Asociación de firmas de celulares reclama menos garrote del Estado

Asociación de firmas de celulares reclama menos garrote del Estado

Gremio mundial señala que recursos de sanciones deberían ir a la expansión digital.

Tecnología en el mundo

El vento contó con expositores de varios países.

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Agencia Efe

Por: ROLANDO LOZANO GARZÓN*
19 de septiembre 2018 , 10:15 p.m.

A unque el sector de telefonía móvil fue protagonista el año pasado de la inversión extranjera directa del país por un laudo arbitral, la asociación mundial que reúne cerca de 800 operadores móviles y 200 compañías relacionadas dedicadas a promover el GSM (sistema estándar para hacer llamadas y circular datos móviles) ratificó el interés en seguir invirtiendo de sus afiliados presentes en Colombia.

Entre otros puntos, consideran que es un mercado cuyo censo debería confirmar que la población es de cerca de 50 millones de habitantes, la que lo consolida como la tercera nación, potencialmente hablando, más grande de Latinoamérica, tras Brasil y México.

Como se recuerda, la decisión del tribunal de arbitramento obligó a los dueños de las dos empresas (América Móvil y Telefónica España) a traer recursos a Colombia, por cerca de 2.900 millones de dólares, en el tercer trimestre del 2017 a fin de capitalizar sus filiales locales y cumplir con el fallo.

Dicha cifra permitió que la IED creciera el año pasado de 13.850 millones a 14.013 millones de dólares, en vez de caer a 11.118 millones de dólares como se temía.
Igualmente, en el primer semestre, según cifras del Banco de la República, fue de nuevo el rubro de comunicaciones, junto con servicios financieros, que impulsó el monto total de la IED del periodo, que pasó de 5.039 millones a 5.797 millones de dólares.

En el marco del Mobile World Congress Americas 2018, el director general para América Latina de GSMA, Sebastián Cabello, dijo que los asociados locales quisieran ver más incentivos y zanahoria para las compañías y menos garrote. “El Estado debe permitir que los recursos (de las sanciones) se destinen a expandir la agenda digital del país y no sea con fines recaudatorios.

Ello tras una pregunta de EL TIEMPO sobre la decisión del tribunal de arbitraje y otra a principio de septiembre de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de imponer a Claro, ETB, Movistar y Tigo-UNE (donde el socio operador es la compañía Millicom) multas que sumadas contabilizan 6.600 millones de pesos, por deficiencias en la velocidad del servicio de banda ancha que prestan a los hogares.

Según el dirigente, el presidente Iván Duque y la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Constaín, están comprometidos en avanzar en los esfuerzos para mejorar la conectividad, y no le cabe duda que son afines a un ‘matrimonio’, como lo piden a nivel mundial, entre el sector público y privado para lograr el 100 por ciento de cobertura y la óptima calidad en los servicios digitales y de comunicaciones.

Sin embargo, manifestó discrepar de algunos métodos utilizados por las autoridades regulatorias, como la forma de medir, y piden reponer el número de llamadas caídas, pues la entrada de un usuario a un ascensor puede registrar una deficiencia en el servicio.

De otro lado, Cabello pidió acelerar la adjudicación del espectro de 700 megahertzios, el cual se ha intentado sin éxito desde el 2015.

Esto, según las empresas, perjudica ciertas zonas del país donde no hay cubrimiento de tecnología 4G (banda ancha) y representa menos ingresos para el Estado. La adjudicación también es clave para la calidad del servicio de internet móvil en sótanos y edificios.

Aunque fueron los propios operadores agrupados en Asomóvil los que pidieron que la subasta se aplazara mientras se posesionaba el nuevo gobierno y la SIC emitiera un concepto sobre el borrador de las normas de esta, la entidad pidió revisar las fórmulas del proceso por considerar que la excesiva cobertura puede desincentivar a algunos operadores a subvalorar el espectro y disminuir la intensidad de las ofertas durante la puja. Esto conduciría a que el Estado reciba menos recursos por concederla.

“Hay que licitar todo espectro posible para ampliar la cobertura, y ningún país se puede dar el lujo de guardarlo porque sería un pecado”, aseguró Cabello.


ROLANDO LOZANO GARZÓN
ECONOMÍA Y NEGOCIOS

* Por invitación de GSMA

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