Algunas de las estimaciones que se habían realizado hasta ahora, relacionadas con las inversiones que se requiere hacer en Colombia para implementar los puntos del acuerdo de paz, se quedaron cortas y a otras se les fue la mano, de manera literal.
Mientras que los cálculos de analistas les apuntaron a cifras a una década, como la de 100 billones de pesos del exministro de Hacienda y Agricultura Juan Camilo Restrepo, la de 187 billones del Bank of America o los 300 billones que estimó la senadora Claudia López, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Planeación Nacional efectuaron un ejercicio, que acaba de ser divulgado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), según el cual se necesitarán 129,5 billones de pesos en los próximos 15 años.
De los cinco puntos del acuerdo que necesitan recursos, la delantera la tiene la reforma rural, que demandaría la tajada más grande, el 85 por ciento del total de los costos, es decir, 110 billones de pesos.
La intervención en el rezagado campo que identificó el Censo Agropecuario se haría en 170 municipios priorizados que habían permanecido sueltos de la mano del Estado, principalmente por su ubicación en zonas de conflicto armado y violencia.
En ellos se pretende formalizar tierras y apoyar la productividad a partir de asistencia técnica, impulso a la producción y comercialización de productos, para así buscar el cierre de la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad.
La segunda inversión más alta que ha previsto el Gobierno es la relacionada con el problema de las drogas ilícitas, que demandaría 8,3 billones de pesos, equivalentes al 6,4 por ciento de los costos del acuerdo.
Esto monto cubriría el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, que se haría de manera voluntaria y en forma manual, para lo cual las familias que participen tendrán asistencia alimentaria y financiamiento de proyectos productivos.
Para que la guerrilla pueda entrar al escenario político, en el marco del principio democrático, se requerirán 4,3 billones de pesos, el 3,3 por ciento del total de los recursos, cifra que es igual a la que se necesitará para reparar las víctimas.
Entre tanto, con las víctimas las inversiones apuntan a la reparación y el reconocimiento de sus derechos humanos, lo mismo que a la creación de instituciones que permitan la resolución pacífica de conflictos y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, entre otras metas.
Finalmente, el punto del acuerdo, que ya está en marcha, para sellar el último capítulo del conflicto tiene un costo estimado de 1,9 billones de pesos, 1,5 por ciento del total de los recursos.
Incluye los gastos que acarrean la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil y económica de los excombatientes de las Farc, es decir, construcción y mantenimiento de la zonas veredales transitorias de normalización y beneficios económicos para los miembros de la guerrilla, al igual que el gasto en el plan para su seguridad.
Tras el ejercicio del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, el 36 por ciento de la demanda de recursos para la paz, equivalentes a 46,7 billones de pesos, saldrá del Presupuesto General de la Nación.
De hecho, ya en la carta financiera del país, en este año está previsto que habrá 3 billones de pesos con destinación específica al posconflicto.
El Sistema General de Participaciones (SGP) será otro de los que pondrán recursos para este camino, con el cual se pretende promover el crecimiento económico del país y un mayor bienestar de todos los colombianos.
Sin cambiar la destinación que tiene el SGP –educación básica y media, alimentación escolar y servicios de salud y acueductos en las regiones–, de esta bolsa saldrán 37,8 billones de pesos en los 15 años del ejercicio, lo que equivale al 29,2 del total de inversiones previstas.
Las regalías también pondrán su grano de arena. Por medio de este sistema se financiará el 15,2 por ciento del total de necesidades monetarias del posconflicto, es decir, 19,7 billones de pesos. Hay que recordar que está en curso un proyecto de acto legislativo que establece la destinación del 7 por ciento del presupuesto bienal de regalías para alimentar el fondo de la paz, con el cual se apalancarán obras regionales, principalmente en aquellas zonas donde estuvo anclado el conflicto armado.
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