Si el incremento de las incapacidades laborales tiene un efecto en la productividad, elemento clave que se discute actualmente en la negociación del salario mínimo, más impactante aún es el efecto que causan cuando son falsas.
La firma ManpowerGroup, especialista en talento humano, hizo una revisión de casos y detectó negocios de venta de incapacidades, por sumas que ascienden a 300.000 pesos, si se expiden por 30 días.
La situación se estaría presentando en algunas regiones del país con la complicidad de médicos, trabajadores y hasta jueces, pues, una vez objetado el ausentismo injustificado, por parte de las EPS, los interesados acuden a la tutela, que es fallada a favor del trabajador, llevando así a agudizar aún más la crisis de la salud.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este sector “malgasta entre el 20 y el 40 por ciento de los recursos”, desangre en el cual tienen mucho que ver las incapacidades. Inclusive, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) halló avisos en redes sociales que ofrecen “excusas médicas de cualquier EPS, verificables, con historia clínica incluida. De 1 a 3 días, 10.000 pesos...”.
El fenómeno alrededor de las incapacidades es grave y no se lo ha afrontado con la debida contundencia. Impacta la productividad laboral del país, la sostenibilidad de las empresas y la bolsa pública que aportamos todos los colombianos.
Por el lado de la productividad, según el estudio ‘Salud y estabilidad en el empleo’, presentado por la Andi, “el promedio de incapacidades asociadas a enfermedad general es de 5,5 días por trabajador”.
Los datos más recientes dan cuenta de que se presentan 61 casos de incapacidad por cada 100 trabajadores, cuando la ausencia es entre 1 y 2 días hábiles. Entre 3 y 180 días, la cifra baja a 48,2 por cada 100 y se reduce a 0,5 casos cuando son más de 180 días.
Según la Andi, el pago de incapacidades pasó de 1,5 a 1,86 por ciento del valor de la nómina. Esto, sin contar el costo que implica la ausencia de productividad; los salarios, prestaciones y capacitaciones de los trabajadores que reemplazan al incapacitado, o el costo en productividad que implica la sobrecarga de trabajo para los compañeros.
Este fenómeno afecta la estabilidad de las empresas y su potencial para generar empleo, toda vez que “han aumentado los casos por empresa”, dice el informe, y agrega que “adicional a las causas naturales que pueda haber para justificar las incapacidades, las regulaciones tienen efectos contraproducentes que conducen a aumentarlas. El ausentismo se consolida como un obstáculo para la sostenibilidad empresarial”.
En Colombia es preocupante la cultura de las incapacidades falsas y las manipulaciones fraudulentas para lograr protecciones reforzadas
Entre tanto, el gerente de ManpowerGroup, Javier Echeverri, pone de presente que si bien “es lógico que las personas necesitemos periodos de recuperación ante cualquier enfermedad o accidente, en Colombia es preocupante la cultura de las incapacidades falsas y las manipulaciones fraudulentas para lograr protecciones reforzadas”.
No en vano, agrega Echeverri, “en ManpowerGroup hemos visto picos de presentación de incapacidades en días posteriores a Semana Santa, puentes de mitad de año y la segunda semana de octubre; además de los días siguientes a partidos de fútbol en campeonatos”.
Un estudio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano agregó el día lunes, en el cual se aumentan las incapacidades en pacientes que entran por urgencia.
Por el lado de las empresas de salud, Jaime Arias, presidente de Acemi, destacó que el abuso de esta figura debe ser preocupación de todos, pues es del bolsillo de los colombianos que sale la mayor parte de recursos para cubrir incapacidades.
Según las cuentas de este gremio, “en el presupuesto inicial del Fosyga, hoy Adres (Administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) se incluyó un gasto por incapacidades por enfermedad general de 728.123 millones. Estos recursos se transfieren a las EPS en la compensación y se obtienen de descontar 0,35 por ciento del ingreso base de cotización (IBC) de cada trabajador. Pero falta saber de cuánto es el gasto real”.
Se trata de una especie de seguro que le garantiza el pago de un subsidio monetario cuando esté enfermo y no pueda trabajar, pero si un trabajador no tiene motivos de incapacidad, su aporte financia al que abusa de este derecho del empleado.
Según Arias, “hay vacíos normativos”, y lo preocupante para este gremio es que “no hay claridad sobre el manejo de situaciones de abuso del derecho”.
Desde el inicio de la Adres, el porcentaje destinado a la bolsa para financiar incapacidades subió a 0,38 por ciento del IBC. Dicho aumento se dio para que la EPS pague las incapacidades que se generan durante 180 días, o cuando una persona pase de 540 días.
Hay que recordar que en ese máximo periodo, bajo circunstancias que determina la norma laboral, el trabajador adquiere el derecho a pensión por invalidez, por lo que la posibilidad de fraude con incapacidades puede llegar a impactar también el tema pensional.
“Se llega a pagar 2 millones de pesos por una incapacidad continua que asegure una pensión de invalidez”, indica Manpower.
No obstante, los gremios de trabajadores dicen que al empleado se le reduce el ingreso con una incapacidad, por lo que creen que no hay razón para acudir a ese derecho sin necesidad.
Fasecolda, gremio de aseguradoras, también ha mencionado que existen verdaderas estructuras dedicadas a entrenar a las personas para lograr dichas incapacidades, e incluso diagnósticos de invalidez.
* Un estudio realizado por el Ministerio de Salud halló que el ritmo anual de crecimiento de las incapacidades era del 22,3 por ciento.
* Según Acemi, es más fácil que incapaciten al usuario de medicina prepagada y no al de EPS.
* 59,7 por ciento del costo asociado al ausentismo laboral se refiere a salarios y prestaciones que asume la empresa por trabajador incapacitado.
EL TIEMPO
