Atraso de Hidroituango, otra dura prueba para la regulación eléctrica

Atraso de Hidroituango, otra dura prueba para la regulación eléctrica

Informe de interventor, en manos de la Creg, confirma que se trata de un incumplimiento grave.

Hidroituango

El informe de la interventoría confirmó que el incumplimiento de EPM con el proyecto es grave e insalvable. La Creg tiene la palabra.

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Foto: Jaiver Nieto. Archivo EL TIEMPO

Por: Ómar G. Ahumada Rojas
10 de diciembre 2018 , 09:02 p.m.

Si la crisis de Electricaribe fue un duro hueso de roer para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) cuando definió el nuevo esquema tarifario que regirá a partir del 2019 para todas las distribuidoras de energía, la contingencia de Hidroituango y el inevitable incumplimiento de Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la entrega de energía a partir de diciembre del 2018, tampoco será la excepción.

Lo anterior porque, según pudo establecer EL TIEMPO con EPM, la compañía se notificó ante la Creg, el jueves pasado, del inicio formal de una actuación administrativa en su contra por presunto incumplimiento de las obligaciones de energía firme que tendría que haber comenzado a entregarle al Sistema Interconectado Nacional (SIN) desde el 1.° de diciembre, a razón de 1.085 gigavatios hora año.

Con esta notificación se inicia un debido proceso que podrá tardar aproximadamente entre cinco y seis meses, tiempo en el cual la empresa podrá presentar sus pruebas y descargos, pero que según dijeron fuentes del sector, implica la pérdida del cargo por confiabilidad que le fue asignado al proyecto en las subastas de expansión a las cuales se presentó, así como la ejecución de una millonaria garantía cercana a los 43 millones de dólares, en cumplimiento de la resolución Creg 071 del 2006.

Sin embargo, según aseguran fuentes conocedoras de la regulación, a diferencia del fallido proyecto térmico Termocol –al que en el 2014 le fueron ejecutadas las garantías por la misma razón–, el caso de Hidroituango será objeto de controversia y arduo estudio, toda vez que se trata de un proyecto cuyas obligaciones de energía se asignaron en dos fases.

Una se iniciaba en diciembre del 2018 y finalizaba en noviembre del 2038, para la entrega de los 1.085 gigavatios anuales, mientras que la segunda contempla 4.567 gigavatios anuales, iniciando en diciembre del 2021 hasta el 2038, y para poder cumplirla EPM busca con afán recuperar el proyecto.

Pero, mientras la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dice que a la hora de establecer cómo se aplicará la medida sancionatoria, el análisis de la Creg debe considerar que este proyecto es el único en la historia que tiene obligaciones en dos fases, una fuente del sector le dijo a EL TIEMPO que “si eso es lo que quieren, les toca cambiar la regulación”. Según dicha norma, un incumplimiento grave e insalvable da lugar a la ejecución de la garantía y a la pérdida para el generador de la asignación de la obligación de energía firme y la remuneración asociada a ella.

Sitio clave

Otro consultado indicó que la semana pasada, en un evento de los distribuidores de energía, agremiados en Asocodis, el viceministro de Energía, Diego Mesa, confirmó lo señalado por el interventor y recordó que el atraso deja el sistema en situación de oferta estrecha desde el 2020 al registrar un déficit de energía en firme para el período 2021-2022, por lo que para tener confiabilidad en períodos críticos a partir del 2021 se hace necesario contar con oferta adicional.

Mientras el Gobierno pule los lineamientos de la subasta de energía, que ya no se haría en enero sino en el primer trimestre, un hito clave para el futuro del proyecto será la fecha en que EPM defina cuándo cerrará el paso de agua por la casa de máquinas, con el fin de entrar a revisar el estado de este ‘corazón del proyecto’, tras de siete meses de paso continuo de agua y sedimentos.

Al respecto, EPM señaló aún no ha decidido cuándo cerrar el paso de agua, ya que existen varios escenarios que se están evaluando, aunque en el mercado eléctrico se habla de que esta decisión se anunciaría en las próximas semanas.

Una fuente oficial confirmó que la decisión final la tomará la plenaria de la Creg y que en caso de que le sea retirado todo el cargo por confiabilidad, EPM tendría que salir a buscar otros 3 billones de pesos, cerca del 30 por ciento del total de proyecto, para acabarlo por su cuenta, pues dicho cargo ya no lo pagarían los usuarios del país en sus facturas futuras.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios

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