Unas 30 empresas del sector constructor y de ingeniería civil ya presentaron cerca de 200 observaciones formales al Instituto Nacional de Vías (Invías), a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), manifestando su potencial interés de pujar por las cinco licitaciones en las que se dividirá la continuación de las obras del controvertido proyecto vial Ruta del Sol II.
La mayoría de firmas están optando por enviar notificaciones colectivas al Invías para todos los contratos, teniendo en cuenta que fueron diseñados por pliegos tipo.
Esto quiere decir que si bien sus valores y detalles técnicos varían según cada tramo, las especificaciones contractuales son las mismas, de modo que las cartas de los privados son remitidas para los cinco procesos.
Entre los aspirantes para dichos procesos licitatorios se encuentran varios viejos conocidos del sector, algunos de los cuales ya tienen participación en concesiones de cuarta generación (vías 4G).
Entre estos se encuentran Castro Tcherassi, Construcciones El Cóndor, Estyma, Valorcón, Conconcreto, KMA Construcciones, Mota Engil, Ingeniería de Vías, OHL Constructores y Herdoiza Crespo, entre otras.
Por ejemplo, El Cóndor tiene participación en varios proyectos como Pacífico 2 y 3, Vías del Nus, Antioquia-Bolívar, Malla Vial del Meta y Cesar-La Guajira, en la cual, decidió salir la semana pasada.
Por su parte, Castro Tcherassi está en la concesión Cartagena-Barranquilla; Estyma, en Santana-Mocoa-Neiva; KMA, en Conexión Norte y en la Transversal El Sisga-El Secreto; mientras OHL tiene parte en la Autopista al Río Magdalena 2 y Valorcón, en Conexión Norte.
Esto, además de revelar los grandes consorcios que ya operan hoy las que serán las megautopistas del futuro cercano, deja entrever que se requiere una capacidad financiera importante para asumir las nuevas obligaciones a fin de terminar las obras del proyecto, pues el esquema de pago es igual al que se aplica en las vías 4G: el Gobierno paga la infraestructura cuando esta se encuentre terminada y lista para ponerla al servicio de los usuarios.
Se calcula que entre las construcciones y las interventorías estas licitaciones ascienden a unos 600.000 millones de pesos, valor con el que se harían dichas obras en los años 2018 y 2019, lapso en el que la Agencia Nacional de Infraestructura espera adjudicar la nueva asociación público-privada (APP).
Así, los cierres financieros de dineros, que por cada tramo ascienden a casi 120.000 millones de pesos, hacen necesarias líneas de crédito que solo son otorgadas a contratistas con altos perfiles de riesgo y de liquidez.
De hecho, este es uno de los puntos que varios potenciales consorcios le han solicitado al Invías que explique.
Por ejemplo, en varias cartas se le solicita a dicha entidad que “especifique si el proyecto cuenta con pagas, en qué sectores y coordenadas, de igual manera especificar alcance y obras asociadas (sic)”.
El otro punto en que más coinciden los interesados tiene que ver con la petición al Invías para que indique “cuáles son los requerimientos solicitados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla)”, es decir, “los procesos sancionatorios vigentes y los pasivos ambientales derivados”.
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