Luego de dos meses de análisis a las cifras sobre la situación financiera y operativa de la distribuidora de energía Electricaribe, este martes será presentado al presidente Santos el informe a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) sobre la ruta por seguir para sanearla y buscar un nuevo inversionista que se encargue de la operación de esta firma, que atiende cerca del 24 por ciento de la demanda de energía del país.
Según conoció EL TIEMPO, el reporte tiene cuatro aspectos principales para garantizar una solución gradual al problema, siendo uno de ellos la expedición de un documento Conpes a través del cual se le otorgue a la firma una garantía para que pueda gestionar ante el sector financiero los recursos para financiar las inversiones en su infraestructura de redes, que requieren atención urgente mientras se consigue un nuevo inversionista, lo cual puede demorarse hasta el segundo trimestre del 2018.
Esta alternativa había sido planteada recientemente por el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, tras cumplirse un año de la intervención de la empresa.
El segundo punto es que, según fuentes consultadas cercanas al proceso, la evaluación de alternativas de solución no contempla la división del mercado eléctrico de la compañía, como se había planteado hace unos meses, decisión que estaría descartada por ahora, a la espera de si se corren los modelos financieros respectivos.
Adicional a esto, la ruta de solución también plantea cambios normativos, pero, hasta el viernes pasado, los números no cerraban debido a que la resolución 019 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que cambia la metodología para la remuneración de activos de distribución de energía de todo el mercado y que está en consulta con los diferentes agentes, le restringiría una parte importante de los ingresos a Electricaribe porque la remuneración va en función de las inversiones hechas en la red, y varios de los activos serían depreciados.
Hace unas semanas, la Contraloría estimó que bajo la propuesta de la Creg, los ingresos de Electricaribe se reducirían un 25 por ciento y, según indicó otra fuente, en las últimas semanas los ajustes planteados permitirían que esta reducción fuera del 12 por ciento, lo cual aún no permite dejar caja libre para inversiones y bajar el nivel de pérdidas, que es el más alto del mercado.
En este proceso, de acuerdo con las fuentes, hay un debate dentro del equipo del Gobierno, pues unos son partidarios de usar la institucionalidad de la Creg para encaminar la solución, mientras que otros plantean expedir un decreto o una ley, cuyo trámite sería complejo en plena campaña presidencial.
Mientras el director de la Creg, Germán Castro, explicó que el trabajo que está haciendo la entidad abarca los cambios normativos aplicables a cualquier operador del mercado y se sigue revisando el cúmulo de comentarios recibidos, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, recordó que la propuesta de metodología también divide los niveles de pérdidas de energía en zonas de alta siniestralidad, de media (rurales) y de baja, como las zonas urbanas.
La necesidad es enorme, pues si bien bajo la intervención se prevén este año inversiones por 98.400 millones de pesos en redes y en mejoramiento de la calidad del servicio, recientemente la Superservicios habló de una necesidad mínima anual de 264.000 millones de pesos.
Este año, el porcentaje de pérdidas de energía de Electricaribe –sin irregularidades–, según los reportes del agente especial a septiembre, iba en 22,76 por ciento, 0,79 puntos porcentuales más que en el 2016, y se calcula que cada punto porcentual de desmejora representa 50.000 millones de pesos.
Además, otro factor relevante tiene que ver con el incremento en el pasivo pensional de la compañía, pues mientras que antes de la intervención las cifras suministradas por su administración hablaban de unos 698.000 millones de pesos, la cifra ya bordea los 1,4 billones de pesos. Incluso, otros análisis externos han estimado que este valor podría llegar a los 2 billones de pesos.
EL TIEMPO contactó a Clemente del Valle, presidente de la FDN, para consultarlo sobre los detalles del reporte, pero no fue posible obtener una respuesta.
Aunque para algunos el reciente acuerdo al que llegaron Gas Natural Fenosa (GNF), dueño todavía de Electricaribe y el fondo canadiense de inversiones Brookfield, para la compra de los activos de gas de la española en el país (59,1 por ciento de Gas Natural S. A.), podría además implicar alguna negociación sobre Electricaribe, eso está descartado.
Este diario conoció de fuentes cercanas a la firma canadiense que no hay ningún tipo de interés en este activo porque si bien es propietaria de la Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa), la estrategia en el país, luego de la compra de Isagén, apunta a ser un jugador importante en el negocio del gas, pero no en la distribución de energía.
Incluso, según fuentes de este sector, dentro del mercado es claro que para cualquier inversionista que finalmente se anime a hacer una propuesta para quedarse con Electricaribe, la alternativa representaría un algo riesgo reputacional, ya que si las cosas no funcionan y persisten incertidumbres en factores como los subsidios y el alto nivel de fraude, sería incierto el retorno de su inversión.
Por ejemplo, este año, de unas necesidades de subsidios de 700.000 millones de pesos, Electricaribe ha recibido alrededor de 500.000 millones de pesos, según el reporte del agente especial a septiembre (457.000 millones) más los 67.000 millones de una parte del tercer trimestre que giró el Ministerio de Minas y Energía hace unas semanas.
Sin embargo, la preocupación es que los recursos del cuarto trimestre llegan siempre con presupuesto del año siguiente, es decir, a partir de febrero, lo que afecta el comienzo de año de la firma en materia de ingresos y flujo de caja.
“El riesgo reputacional es infinitamente alto al aplicar la teoría del riesgo”, indicó un consultado.
De hecho, bajo las actuales condiciones, algunos análisis de la Contraloría General de la República muestran que la inversión se recuperaría en 15 años.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios@omarahu
